Gara

Dos velas en cada extremo custodian el diminuto féretro blanco. Rodeándolo, la oscuridad, y sumergida en ella, el pueblo de los Nonam. La comunidad afrocolombiana de Buenaventura, que mucho sabe de paramilitarismo y desplazamiento forzado, se ha sumado al velatorio por solidaridad.

Míralos, me recuerdan a nosotros cuando tuvimos que salir corriendo de nuestro territorio, aunque para ellos es más duro, pues hablan poco español y fuera de su hábitat es difícil que puedan sobrevivir».

Geraldine, hija y nieta de lideresas afrocolombianas, sostiene la cabeza de otro de los bebés indígenas que podría morir debido al hambre y la insalubridad causada por el desplazamiento, tal como hoy le ha sucedido a la pequeña Heidy Membache, de apenas un año. «Aquí los desplazados por el negocio del puerto y terminal español estamos siendo exterminados. Esta familia no tuvo ni para el fármaco. En Colombia, tristemente, es normal». El medicamento que pudo haber salvado la vida de una niña desnutrida y enferma, cuesta 7.000 pesos (unos tres euros) y en el hospital estatal al que acudieron no lo proporcionan ni en casos extremos. «Quizás porque el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha robado 33.000 mil millones de pesos (el 6% del PIB)», denuncia la joven afro. Y lo cierto es que no especula. El mismo presidente se vio forzado a reconocer estos datos en una audiencia reciente, aunque desde entonces, nada ha cambiado. Hoy los hospitales siguen sin hacerse cargo de la salud y las organizaciones no gubernamentales, tantas veces criminalizadas por Santos y Uribe, han de hacerse cargo de la población abandonada. «Mira ese, niño y también esa bebecita, ¿escuchas como tosen?. Pronto se les disparará la fiebre y morirán con diarrea o afección pulmonar. Están al límite». En las próximas horas, otros dos bebés han entrado en estado crítico. El agua infectada, la desnutrición, las elevadas temperaturas y la falta de higiene (toda la comunidad indígena duerme en el suelo bajo un techo de paja) terminarán el trabajo de exterminio al que las fuerzas oscuras que poseen Colombia les ha condenado.

Con hombres armados sacando los rifles por las ventanas, un interminable convoy de vehículos blindados, militares y policiales pasa a gran velocidad por delante de la chabola que, a orillas de la carretera, cobija a los desterrados. Se trata de la delegación presidencial que ha venido a Buenaventura acompañada de los empresarios españoles. En las próximas horas inaugurarán en el super puerto, la enorme terminal de contenedores que según sacerdotes, indígenas y defensores de los derechos humanos, «ha causado un gran desplazamiento, que muchas vidas ha costado». La empresa responsable del polémico proyecto es la española Grup TCB propiedad del Deutsche Bank y la familia Pérez Maura, quien tiene a uno de sus hermanos, Ramón, trabajando como director adjunto del diario «ABC» (Grupo Vocento) y analista de Internacional.

Antonio, padre de otro bebé indígena que agoniza, explica una dinámica de consolidación paramilitar que al resto de Colombia, tampoco le es ajena. «Nos sacaron de nuestro territorio. Como a nosotros a muchos afros y campesinos. Primero vienen las Aguilas Negras o los Rastrojos (grupos paramilitares de ultraderecha amnistiados por el Estado que continúan activos) y luego entra la Fuerza Pública a militarizar nuestro entorno. Nosotros aguantamos lo que pudimos, pero sabemos lo que son las matanzas y la impunidad con la que actúa esta gente, así que huímos». Las salidas al mar del Valle del Cauca son aguas sumamente rentables para el narcotráfico, la oligarquía y las empresas transnacionales. Básicamente se puede decir que el control de los municipios entre Calima y San Juan (donde habitan los afros y los Nonam) tiene que ver, según informan los afectados, con el tráfico de drogas y el aseguramiento territorial para las obras de infraestructura relacionadas con el negocio que se viene dando en el puerto y la terminal de contenedores.

Para Danilo Rueda, abogado e investigador de la ONG, Justicia y Paz, «estamos en un momento de mucho desarrollo del modelo agroindustrial y de operaciones sustractivas como la minería a cielo abierto o el petróleo. Toda esta explotación de los recursos naturales a manos de transnacionales, necesita vías, auténticos megaproyectos, para sacar la riqueza al mercado internacional, y de ahí surge la necesidad de crear un terminal de contenedores portuario como el de los españoles en Buenaventura».

El jesuita Javier Giraldo, fundador de Justicia y Paz y director del Centro de Investigación y Educación Popular habla de una relación entre empresas transnacionales y grupos armados de ultraderecha. «Todas estas empresas multinacionales que fueron llegando con el presidente Uribe y ahora mucho más con el presidente Santos, necesitan el paramilitarismo. Ellas no pueden funcionar sin paramilitares. ¿Por qué?.

Porque todo lo que ellas están haciendo en el saqueo de recursos naturales, en la destrucción del medio ambiente y comunidades indígenas o afrodescendientes, levanta mucha protesta social, así que llegan de una vez escoltadas por grandes grupos de paramilitares», y levantándose, pone el dedo sobre un mapa y afirma: «Esto que te digo lo puede comprobar uno muy fácilmente al superponer el mapa de estas multinacionales y el mapa de los paramilitares. Coinciden perfectamente...».

La imagen de las familias Nonam subiendo a un autobús público con los niños enfermos, y el pequeño ataúd blanco que lleva a Heidy dentro, conmociona a una de las pasajeras. Esta, al ver una cámara extranjera, aprovecha la oportunidad para hacer, lo que la prensa con intereses espurios no hace: informar al mundo sobre la realidad colombiana. «Esta es la parte de mi país que el mundo no conoce. A pocos metros de aquí, los ricos se hacen más ricos explotando el territorio ancestral de estos indígenas y afros, y aquí los papás de esta bebé no tienen dinero ni para ir en carro a enterrarla». La penosa llegada al cementerio viene seguida de una visita que inquieta a los dos observadores de la organización intereclesial Justicia y Paz, que acompañan a los Nonam.

«Toca enterrarla y salir deprisa, mire atrás, tenemos paracos vigilando». En un extremo del cementerio, dos hombres en ropa deportiva con sendas riñoneras sacan fotos desde la distancia. Es hora de retornar.

Con la llegada del presidente y la comitiva de españoles al centro de Buenaventura, las clases populares que viven con un dólar al día, sufren medidas excepcionales que rozan lo feudal. «Sí claro, es lo normal», señala Adriana, la prospera dueña de un lujoso hotel situado frente al mar. «Cuando el presidente viene, hay medidas especiales, como la ley seca. Por ejemplo, no se puede comprar alcohol y tampoco viajar dos en una sola motocicleta. Es por seguridad» sin embargo, nada más dar su opinión, se presta a ofrecer una cerveza en la terraza que los inversionistas pronto disfrutarán. «Pero descuide, que aquí en los hoteles, les servimos. ¿Por que usted viene con los empresarios españoles, verdad?».

No han pasado ni dos horas desde que Heidy haya sido enterrada, y ya se escucha a lo lejos la música y los fastos que en el terminal español se están comenzando a dar. Colgando una cámara que da apariencia de reportera a Geraldine conseguimos sortear todos los controles de seguridad hasta llegar al corazón de la exclusiva fiesta. Allí, frente a la elite empresarial, política y militar, se encuentra dando un discurso el presidente Santos, quien en su anterior mandato como ministro de Defensa fuera investigado por la Fiscalía como responsable de la ejecución extrajudicial de más de mil jóvenes. El discurso de este político oligárquico (su familia es propietaria junto al Grupo Planeta del conglomerado mediático más influyente de Colombia) comienza con embarazosos elogios al periodista de «ABC» y su familia inversionista. «Los Pérez Maura son una familia que inclusive tiene una oveja negra, que se dedicó al oficio más lindo que existe, el periodismo. Él es Ramón, que está aquí con nosotros». Y tras insistir en que «se debe facilitar la vida a los inversionistas», cierra el monólogo con un escalofriante aviso: «Hay que eliminar todas las trabas y obstáculos».

Como colofón a un discurso en el que Santos mezcla lo público con lo privado, las elites teñidas de rubio responden satisfechas con una gran ovación, mientras la lideresa afro, recién llegada del entierro de Heidy, aprieta la mandíbula y contiene las lágrimas de rabia que amenazan con brotar.

Santos y toda la comitiva, que viste de blanco colonial, se disponen a brindar con champagne antes de sentarse al banquete que camareros con smoking comienzan a despachar. De la primera fila, con gesto emocionado, surge Ramón Pérez Maura, quién según publica «ABC», «fue nacionalizado colombiano por decreto presidencial».

Rodeados ambos de escoltas y prensa local, se saludan efusivamente, antes de brindar y hablar de esas alianzas y negocios de los que Geraldine estaba convencida que Europa conocía ya. «Es increíble. Llaman a lo nuestro miseria, porque no tenemos nada, pero esta gente influyente, aún teniéndolo todo, son más miserables». Comienza la música de baile y la joven desplazada regresa a su comunidad. «Me ha llegado un mensaje. Otra niña está mal».

Hacer cine o periodismo en Colombia puede ser cómodo siempre y cuando se haga del lado de la versión oficial, la cual reduce el conflicto a un simple problema de orden público, en el que un grupo de malhechores pretende subvertir la paz.

«Colombia Invisible» trata de mostrar las causalidades, las soluciones y el sufrimiento de una mayoría silenciada. Para Piedad Córdoba, mediadora entre guerrilla y Estado, «esta película es una pedrada contra un ventanal polarizado para ver la crudeza de una realidad injusta. Un gran documental para no solo ver qué pasa, sino para saber qué debe ser cambiado para que haya un futuro de verdadera paz y dignidad».

Hemos sorteado la imagen del poder y nos hemos entregado al poder de la imagen. Asomándonos al abismo de la más cruda realidad, hemos documentado al presidente Santos inaugurando con champagne un megaproyecto español mientras los niños desplazados por su política morían a pocos metros. Al general Reyes asegurándonos que habían ejecutado a un jefe guerrillero a pocas horas de verse forzado a reconocer que era un líder indígena. A la jueza que investigaba a un grupo de militares por la muerte de tres niños ser tiroteada, y a los trabajadores de las bananeras arriesgar la vida por crear un sindicato.

Finalmente, nos hemos encontrado con esa oposición, mil veces aniquilada, para escuchar sus propuestas de paz criminalizadas por un negacionismo absurdo, en el que los mismos que claman victoria, ayer, negaban la guerra.