En el Volc�n

La transnacionalizaci�n: ocupaci�n integral

Las pol�ticas culturales del Estado mexicano est�n estrechamente relacionadas con las transformaciones que por m�s de cuatro d�cadas ha provocado en el �mbito mundial la transnacionalizaci�n neoliberal que caracteriza la actual etapa de mundializaci�n capitalista.

"Ocupaci�n integral"[i] es el t�rmino utilizado para identificar este proceso globalizador de privatizaciones y de adjudicaci�n corporativa de las econom�as de nuestros pa�ses, a partir de un acelerado, abierto o, en ocasiones, silencioso desmantelamiento del Estado –alguna vez considerado "benefactor"— y a trav�s de la apropiaci�n de los recursos naturales y estrat�gicos que ofrecen los actuales Estados nacionales de competencia[ii]. Pablo Gonz�lez Casanova  considera que la globalizaci�n actual es un proceso de dominaci�n y apropiaci�n del mundo. ("Los indios de M�xico hacia el nuevo milenio", La Jornada, M�xico, 9 de septiembre de 1998)

Tambi�n, la trasnacionalizaci�n corporativa neoliberal trata de imponer su mensaje unidireccional a trav�s del dominio de los medios masivos de comunicaci�n[iii], la inform�tica y las llamadas industrias culturales que intentan homogeneizar y uniformar a la humanidad a partir de su modelo de vida, mediatizando a su vez la fecunda creaci�n nacida del imaginario popular y del rico patrimonio �tnico-ling��stico-cultural de nuestros pa�ses.[iv]

La globalizaci�n excluyente requiere de una humanidad indiferenciada, sujeta a las leyes del mercado, al individualismo competitivo que proclama la ley del m�s fuerte (darwinismo social), alienada por el consumismo y el ego�smo posesivo. El capitalismo neoliberal necesita tambi�n de la propagaci�n generalizada de un cosmopolitismo que erosione y destruya, si es posible, la identidad nacional[v], la defensa de la soberan�a, el derecho a la autodeterminaci�n, la salvaguarda de los recursos estrat�gicos y naturales, las autonom�as ind�genas, las democracias participativas; todo ello en aras de alcanzar el "para�so terrenal" que significa una sociedad del mercado proyectada como el ideal a realizar por un aglomerado de consumidores desclasados, ap�tridas y apol�ticos.

Se pretende que el mundo que ofrece la mundializaci�n neoliberal en sus variantes estadounidense y europea sea el �nico posible, sin alternativa viable, y que la �nica opci�n realista debe ser el conformismo social y la resignaci�n pol�tica. El cultivo del conformismo y la resignaci�n para los explotados ha sido un prop�sito estructural bastante a�ejo por parte de los detentadores del poder econ�mico y pol�tico. Para eso se han generado o incentivado instituciones alienantes y se han modelado los procesos de escolarizaci�n. Sin embargo, algo ha cambiado con la mundializaci�n neoliberal: la capacidad tecnol�gica creciente para uniformizar y arrullar conciencias.

Pese a esta maquinaria cultural, ideol�gica y pol�tica desplegada por las fuerzas del mercado y sus asociados en el Estado y los poderes f�cticos, tiene lugar en el �mbito planetario —y tambi�n en nuestro pa�s— la resistencia de los explotados: pueblos originarios, afromexicanos, mujeres, homosexuales, j�venes, obreros, campesinos y aun sectores intermedios que conforman el pueblo naci�n, incluyendo ecologistas, se manifiestan contra los efectos depredatorios del neoliberalismo.

En cada uno de nuestros pa�ses latinoamericanos han ido constituy�ndose los pueblos-naci�n a trav�s de la participaci�n de los distintos agrupamientos �tnico-clasistas, objetivamente explotados y oprimidos, en las respectivas contiendas independentistas, contra las intervenciones extranjeras, en luchas liberadoras, antidictatoriales y de transformaci�n social que fueron conformando a su vez una cultura nacional popular, por ende, representativa del c�mulo de rebeld�as e insumisiones. Esta cultura nacional popular es el sedimento de las resistencias y del af�n por un futuro donde la diversidad cultural sea patrimonio de la humanidad[vi].

Es en este contexto que el patrimonio cultural[vii] de nuestro pa�s, en su significado amplio: natural, tangible e intangible (lenguas, conocimientos o saberes, t�cnicas y diversas pr�cticas culturales de pueblos ind�genas y heterog�neas culturas locales y regionales, las m�s de las veces, subalternas); los monumentos y vestigios arqueol�gicos prehisp�nicos, los hist�ricos coloniales y postcoloniales,los art�sticos muebles e inmuebles, considerados bienes de dominio p�blico y uso com�n[viii]; todo este legado que constituye la memoria de las naciones, de sus pueblos y componentes nacional-regionales-locales, soporte tambi�n de sus identidades, esta siendo amenazado por las privatizaciones, concesiones, aprovechamientos y disposiciones individuales o de particulares, empresas, corporaciones, desarrolladores urbanos o tur�sticos, delincuencia organizada, grupos pol�ticos de poder regional y nacional, que buscan su control, dominio y apropiaci�n.

Busto de la serpiente emplumada (Quetzalc�atl) en Teotihuac�n.

Foto de Jaime de la Fuente

Los trabajadores de la cultura versus las burocracias culturales

En el otro polo equidistante, destaca la comunidad de trabajadores de la cultura del Instituto Nacional de Antropolog�a e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), por constituir un baluarte de la defensa del patrimonio cultural y en la formaci�n, estudio y desarrollo de nuestra identidad pluri�tnica, pluriling��stica y pluricultural como naci�n. Su especializado personal t�cnico, manual y administrativo, artistas,  profesionistas, investigadores y acad�micos no forman una burocracia despolitizada. Por el contrario, a lo largo de muchas d�cadas se ha distinguido por su compromiso en la protecci�n del acosado patrimonio arqueol�gico, hist�rico y art�stico a partir de posiciones nacionalistas y de contenido social.

Nuestra instituci�n –afirmaba el sindicato de docentes e investigadores del INAH-- se ha distinguido por ser un foro permanente de discusi�n acad�mica y t�cnica con una amplia participaci�n de sus especialistas, lo que ha permitido ocupar un lugar preponderante en la investigaci�n y conservaci�n del patrimonio cultural de la naci�n."(Desplegado, La Jornada, M�xico, 4 de junio de 2008)

Acusados por la derecha privatizadora de "gremialistas" y estigmatizados como "activistas" y "radicales" por la jerarqu�a del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), por miembros de la clase pol�tica y a�n por algunos acad�micos, los trabajadores de la cultura son reconocidos en la sociedad mexicana por su autoridad profesional y moral para emitir juicios y ser consultados respecto a cambios legislativos que ata�an directa o indirectamente a la preservaci�n, protecci�n, restauraci�n, investigaci�n, difusi�n y formaci�n de profesionales en materia de cultura, y a los organismos que por ley tienen esas atribuciones y competencias.

La clave de la resistencia relativamente exitosa de los gremios de los trabajadores de la cultura a las pretensiones privatizadoras del patrimonio, y a los intentos por fragmentar y desmantelar los Institutos, ha sido la capacidad para mantenerse unidos, con direcciones representativas y democr�ticas, con comunidades acad�micas, art�sticas, t�cnicas, manuales y profesionales capaces de convencer con argumentos fundados y con movilizaciones decididas sobre la justeza de la defensa y uso social del patrimonio arqueol�gico, art�stico e hist�rico del pa�s.

Una revisi�n somera de la informaci�n period�stica del 2008, identifica la intervenci�n permanente de los trabajadores del INAH en la defensa del patrimonio cultural: en marzo de ese a�o, docentes e investigadores del INAH impugnaron el nuevo proyecto para regular zonas arqueol�gicas ya que de aprobarse, afirmaban,  "abrir�a la posibilidad a una explotaci�n comercial o al usufructo privado del patrimonio arqueol�gico de la naci�n" (La Jornada, M�xico, 12 de marzo de 2008); en junio, trabajadores del INAH manifiestan su preocupaci�n por un posible incremento del n�mero de permisos de construcci�n en el �rea protegida de Tulum, Quintana Roo (La Jornada, M�xico, 24 de junio de 2008); asimismo, medio centenar de trabajadores del Instituto iniciaron un plant�n permanente para repudiar a la directora del centro regional del INAH, en Yucat�n, por su falta de inter�s en la conservaci�n y la investigaci�n del patrimonio arqueol�gico del estado (La Jornada, M�xico, 18 de junio de 2008); en julio, los trabajadores del INAH exigieron no lucrar con los inmuebles hist�ricos y se manifiestan en contra de su uso discrecional por parte de las autoridades (La Jornada, M�xico, 2 de julio de 2008); en septiembre, m�s de 100 integrantes de la Asamblea Nacional de Arquitectura y Restauraci�n  denunciaron a la empresa canadiense Minera San Javier S. A., de provocar da�os irreparables al patrimonio de este pueblo, en el estado de San Luis Potos� (La Jornada, M�xico, 11 de septiembre de 2008); en diciembre todos los sindicatos del INAH se movilizan para detener el proyecto Resplandor Teotihuacano (La Jornada, M�xico, 21 de diciembre)

La burocracia de CONACULTA, por su parte, ha estado insistiendo en proyectos de ley privatizadores y en la b�squeda de su legitimaci�n como instituci�n centralizadora. Mientras el Instituto Nacional de Antropolog�a e Historia  (1939) y el Instituto Nacional de Bellas Artes  (1946) tienen una larga trayectoria desde su respectiva creaci�n por el Congreso de la Uni�n, el CONACULTA surgi� por decreto presidencial de Carlos Salinas en 1988, quien encarg� a este organismo tareas de coordinaci�n de los Institutos que en los hechos devino, principalmente en el sexenio foxista, en una elite dispendiosa y sin conciencia social e hist�rica que en violaci�n del marco jur�dico existente ha ido asumiendo un estatus de superioridad sobre estas dependencias, apropi�ndose ilegalmente de algunas de sus funciones y trabajos en su beneficio.

Mientras los presupuestos del INAH e INBA no han crecido en estos a�os, el CONACULTA ha dedicado enormes sumas de dinero a proyectos no prioritarios, como es el caso de una macro biblioteca en el Distrito Federal, inaugurada apresuradamente en el 2006, para ser cerrada en marzo de 2007 con graves anomal�as financieras y de construcci�n. En contraste, en mayo del 2008 se dio a conocer un diagn�stico del propio Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en el que reconoci� que los "tesoros del pa�s" estaban resguardados en recintos obsoletos y sin recursos (La Jornada, M�xico, 18 de mayo de 2008).

Las reformas legislativas

Asimismo, los sindicatos del INAH y el INBA han expuesto ante la opini�n p�blica en estos a�os las razones de su rechazo a los proyectos legislativos que corresponden a las modificaciones impuestas por la globalizaci�n neoliberal de los sistemas jur�dicos internos en cada Estado con el prop�sito de cubrir la transnacionalizaci�n de sus intervenciones. Esto ocurre principalmente a partir de la  iniciativa de "Ley General de Patrimonio Cultural de la Naci�n" presentada por el senador del PAN Mauricio Fern�ndez Garza, el 28 de abril de 1999[ix], y de la iniciativa de "Ley de Fomento y Difusi�n de la Cultura" presentada en septiembre de 2005, iniciativas que con m�ltiples variantes se han intentado imponer en el Congreso desde entonces.

Los proyectos de ley que recurrentemente se han presentado en materia cultural sostienen una concepci�n de cultura que se equipara con la del conocimiento y disfrute de la hegem�nica occidental, reflejando en consecuencia el menosprecio por la diversidad y civilizatoria de los distintos pueblos indios, exhibido por los gobiernos de la derecha mexicana.

En estos proyectos se asignan facultades al CONACULTA similares a las de una Secretar�a de Estado, con funciones de superior jer�rquico respecto de los dem�s �rganos del sector cultura, centralizando en su titular decisiones que por ley competen exclusivamente al INAH y al INBA. Acorde con estas propuestas, el titular de CONACULTA dirigir�a, supervisar�a y coordinar�a las actividades de los institutos, propondr�a el nombramiento y remoci�n de sus respectivos Directores y acordar�a con ellos asuntos de competencia de esas instituciones, violando con ello las leyes vigentes sobre Monumentos y Zonas Arqueol�gicas, Art�sticos e Hist�ricos y las org�nicas del INAH y el INBA.

CONACULTA intenta transformarse ya no de facto sino por ley en un supra organismo fiscalizador, obviando su trayectoria probada de ineficiencia, corrupci�n, dilapidaci�n presupuestal, manejo discrecional de recursos e intrusiones fuera de la ley, que lo han caracterizado en estos a�os.

En el �mbito de las ciencias sociales, la iniciativa provoc� un repudio que, siendo generalizado, no se  consider� un�nime. Nestor Garc�a Canclini manifest� su apoyo a la iniciativa y consider� a quienes se oponen a la misma como una "izquierda anclada en el pasado", aferrada a un marco jur�dico "anterior al video, a Internet y a las formas recientes de globalizaci�n del turismo y de las inversiones trasnacionales en cultura"; "una izquierda que no se ha percatado de que M�xico y el mundo han cambiado". Parad�jicamente, despu�s de que la discusi�n sobre legislaci�n y pol�ticas culturales llevaba m�s de 10 a�os desarroll�ndose dentro y fuera del INAH, en m�ltiples coloquios, mesas redondas, congresos y publicaciones, Garc�a Canclini declar� el debate inexistente, lo consider� un "no-debate" se�alando que "en los �ltimos a�os se ha desvanecido la discusi�n sobre qu� pol�ticas culturales necesitamos en M�xico".

Tal vez Garc�a Canclini no se percat� de la extraordinaria discusi�n p�blica que se dio hace pocos a�os, con motivo de la presentaci�n en 1999 de la iniciativa del senador Mauricio Fern�ndez Garza para reformar la fracci�n XXV, del art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica, misma que violentaba el esp�ritu y la letra de la Carta Magna, promov�a la privatizaci�n del patrimonio cultural, proyectaba una concepci�n de patrimonio cultural limitada y elitista, hab�a sido elaborada sin tomar en cuenta a la comunidad cient�fica, desmantelaba al INAH y al INBA y creaba incertidumbre laboral en estos organismos, promoviendo una reforma constitucional superficial, ociosa e intrascendente.

Gracias a la movilizaci�n de los gremialistas trasnochados, la reforma fue derrotada con argumentos y discusiones que trascendieron a los �mbitos legislativos. A Canclini le pareci� un no-espacio el Parlamento Alternativo, al grado de entrecomillarlo. Si hubiera le�do las ponencias presentadas en este "foro de la izquierda" y las que en un n�mero superior a la centena se presentaron en el IV Congreso de Investigadores del INAH de septiembre del 2005(muchas de ellas sobre los temas que, seg�n �l, "la izquierda" desconoce o pasa por alto) se hubiera dado cuenta que el debate estaba vivo y las cr�ticas a una iniciativa en particular, --la de Sara Berm�dez--, la de la burocracia buscando legitimarse y legalizarse, la que pretende posesionarse de la pol�tica cultural del pa�s para beneficio de los industriosos empresarios--, est�n basadas en evidencias que deben rebatirse no con disquisiciones generales y descalificaciones a modo sino mediante un an�lisis riguroso de las caracter�sticas de las iniciativa de ley y del sector de clase que las sustenta.

Los proyectos de ley son particularmente peligrosos en lo que refiere a las "industrias culturales", ya que benefician principalmente a las grandes empresas del mundo globalizado, al otorgar apoyo gubernamental amplio, abierto y casi irrestricto a  empresas privadas consideradas "culturales", actuando el presidente de CONACULTA como el facilitador y gran concesionario de esos fondos.

Detr�s de estas propuestas de ley est�n las trasnacionales del turismo mercanc�a (con todos los subterfugios y las variedades seudo ecol�gicas) y los intereses empresariales de sus socios locales cercanos al grupo gobernante. Centralizaci�n, poder absoluto sobre la pol�tica cultural y privatizaci�n del patrimonio del pa�s son los fundamentos de la pol�tica cultural de los llamados "gobiernos del cambio" de Vicente Fox y Felipe Calder�n.

El jueves 27 de abril del 2006, por ejemplo, se aprob� un paquete de dict�menes que inician el proceso para modificar varios art�culos de la Constituci�n Mexicana, de los cuales dos de ellos afectan de manera directa la Ley Federal sobre Monumentos y zonas Arqueol�gicos, Art�sticos e Hist�ricos, la Ley Org�nica del Instituto Nacional de Antropolog�a e Historia (INAH) y la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

Las reformas constitucionales eliminaron de la fracci�n XXV del articulo 73 constitucional, la facultad exclusiva del Congreso de la Uni�n de legislar sobre "vestigios y restos f�siles y sobre monumentos arqueol�gicos, art�sticos e hist�ricos cuya conservaci�n sea de inter�s nacional" y otorgaron a las legislaturas de los estados dicha facultad; asimismo, al modificar el art�culo 124 de la Constituci�n, extendieron a los gobiernos de los estados y los municipios el ejercicio concurrente, junto con el gobierno federal, en materia de conservaci�n e investigaci�n de los monumentos arqueol�gicos, art�sticos e hist�ricos.

La exposici�n de motivos de esa reforma justific� la necesidad de fortalecer el federalismo como "columna vertebral en la construcci�n de la Rep�blica", argumento que en una real transici�n democr�tica tendr�a raz�n de ser y motivo de apoyo.

Sin embargo, no fueron el federalismo democr�tico-participativo y la b�squeda de una mayor equidad en las competencias entre federaci�n, estados y municipios los motivos de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acci�n Nacional (PAN) que votaron en favor de esta reforma, con la complicidad de las dem�s bancadas que no se movilizaron para detenerla ni alertaron, al menos, a la opini�n p�blica y a la comunidad de trabajadores de la cultura. Parad�jicamente, fue Manuel  Bartlett, operador del fraude electoral cibern�tico de 1988 que posibilit� la usurpaci�n de la presidencia de la Rep�blica por Carlos Salinas, quien manifest� su preocupaci�n por la reforma sin reflexi�n alguna y sin medir las repercusiones que esta tendr�a, mientras los senadores de la izquierda institucionalizada mostraban una irresponsable indiferencia.

Las reformas obedecieron a intereses de los grandes grupos de poder pol�tico y econ�mico, trasnacionales, nacionales y regionales y a los poderes f�cticos que desde hace d�cadas acechan el patrimonio arqueol�gico, hist�rico y art�stico de la naci�n para usufructuarlo y enajenarlo para su beneficio y para, por esa v�a, dar entrada a su privatizaci�n y mercantilizaci�n.

Por su parte, los sindicatos de los trabajadores de la cultura alertaron inmediatamente sobre la amenaza que estas reformas representaban y analizaron las implicaciones que las mismas tendr�an en la rector�a nacional de las pol�ticas de conservaci�n e investigaci�n, y en la integridad de los institutos y las instituciones respectivas.

Detr�s del argumento de un supuesto fortalecimiento del federalismo, la realidad era otra: la de los gobernadores, presidentes municipales, desarrolladores, empresarios, coleccionistas y corredores de piezas arqueol�gicas, corporaciones que pretenden tener las manos libres para el manejo discrecional del patrimonio cultural, de las zonas arqueol�gicas y los monumentos hist�ricos, contrarios a la participaci�n de las comunidades, la sociedad civil y los pueblos ind�genas, y colaboradores-socios de las grandes empresas de turismo, inmobiliarias y de comercio.

La pir�mide del Sol, en Teotihuac�n. Foto de advantagemexico.com

El INAH en la mira

El Instituto Nacional de Antropolog�a e Historia (INAH), en particular, forma parte de los bienes p�blicos que los neoliberales desear�an ver sometidos a la l�gica de ese proceso de ocupaci�n integral trasnacional y globalizador que caracteriz� el grupo Paz con Democracia en el Llamamiento a la naci�n Mexicana, en el que se asienta:

El vaciamiento de valores y s�mbolos de identidad nacional que han guardado las propias instituciones culturales del Estado, el INAH y el INBA, y el despojo de sus funciones en defensa de este patrimonio nacional por instituciones como CONACULTA, violando el marco jur�dico existente, han abierto el camino a su privatizaci�n y desnacionalizaci�n.

La burocracia impuesta en las direcciones de los organismos culturales sabe bien que sus principales enemigos a vencer son sus propios trabajadores, quienes no est�n de acuerdo con el despojo del car�cter nacional y p�blico de esas instituciones.

El actual director del INAH, Alfonso de Mar�a y Campos, un embajador muy alejado de la tradici�n de prestigiados antrop�logos e historiadores, como Guillermo Bonfil, Gast�n Garc�a Cant� y Enrique Florescano, quienes en el pasado ocuparon ese puesto, est� empe�ado en destruir desde dentro el Instituto a trav�s del desconocimiento sistem�tico de sus representaciones sindicales.

Los profesores de investigaci�n y docencia del Instituto Nacional de Antropolog�a e Historia (INAH) por acuerdo de sus Asambleas Generales de enero y febrero del  2009, entregaron a la entonces secretaria de Educaci�n P�blica, Josefina V�zquez Mota, un expediente con los documentos probatorios de las acciones y omisiones constitutivas de violaciones al corpus legal vigente en materia de Zonas y Monumentos Arqueol�gicos en que ha incurrido el director general del INAH.

Este expediente sustenta la exigencia de destituir al director y sus colaboradores principales, quienes son corresponsables de las trasgresiones legales y los da�os provocados a los monumentos arqueol�gicos e hist�ricos que siendo Bienes Nacionales —por ley--  son de utilidad p�blica e inter�s social. Se considera que las destituciones dar�an la certidumbre jur�dica y legal a la instituci�n seriamente quebrantada durante la actual direcci�n.

El editorial del peri�dico La Jornada del 27 de diciembre del 2008, titulado: "Defender el patrimonio hist�rico", sosten�a:

Lo que ocurre en Teotihuacan no es un hecho aislado; instalaciones (como las del proyecto "esplendor Teotihuacano") se han realizado en sitios arqueol�gicos como los de Uxmal, en Yucat�n, y Tulum, en Quintana Roo, y se pretende promover un proyecto similar en las ruinas de Tula, en el estado de Hidalgo, que incluso contempla paseos a trav�s de la zona en veh�culos concesionados, y que no han recibido, por cierto, el aval del INAH… La conducci�n de la cultura del pa�s, en general, se halla supeditada a los criterios pragm�ticos y mercantilistas de los gobiernos neoliberales, como qued� de manifiesto hace poco m�s de un a�o con el apoyo que la administraci�n calderonista dio –con recursos p�blicos— a la candidatura de Chichen Itza en el certamen de las Siete Nuevas Maravillas del Mundo, organizado por el empresario suizo Bernard Weber. (La Jornada, M�xico, 27 de diciembre de 2008)

Los investigadores del INAH documentaron entonces cuatro casos en materia de patrimonio cultural[x], empezando por Teotihuacan, cuyos detrimentos han concitado el agravio no s�lo de los trabajadores de esta instituci�n sino tambi�n de amplios sectores de la sociedad mexicana que se oponen a la enajenaci�n y destrucci�n por particulares de los bienes de todos los mexicanos. En diciembre de 2007 se firm� un Convenio marco entre el INAH y el gobierno del Estado de M�xico (EDOMEX) para llevar a cabo las acciones que contribuyan a la protecci�n, conservaci�n, restauraci�n, recuperaci�n y difusi�n del patrimonio cultural, arqueol�gico e hist�rico localizado en su territorio.

Sin embargo, ninguna de sus cl�usulas autoriza un espect�culo de luz y sonido como "Resplandor Teotihuacano", que constituye en los hechos una explotaci�n comercial de los monumentos arqueol�gicos por inversionistas privados y del gobierno del Estado de M�xico, y cuya instrumentaci�n ocasion� afectaci�n, da�os y alteraciones tanto f�sicas como visuales a las pir�mides del Sol y de La Luna.

Las acciones realizadas tambi�n violan el decreto presidencial de 1988 que declara a Teotihuac�n Zona de Monumentos Arqueol�gicos, cuyo art�culo 13 establece: "En la zona de monumentos definida en este decreto no se autorizan construcciones cuya funci�n, dise�o o ubicaci�n alteren, afecten o distorsionen los valores monumentales o el uso educativo y de investigaci�n a que la misma esta destinada".

El proyecto viola asimismo varias normas jur�dicas y recomendaciones internacionales sobre conservaci�n de monumentos: la Ley General de Bienes Nacionales, la Carta de Venecia, la Declaraci�n de Patrimonio de la Humanidad emitida por la UNESCO, el documento de Nara sobre autenticidad, la declaraci�n sobre la conservaci�n del entorno de las estructuras, sitios y �reas patrimoniales. M�s a�n, en el proyecto no se consideraron las repercusiones sociales y su impacto en las comunidades circundantes, ni mucho menos se tom� en cuenta la opini�n de las mismas.

El director general y su equipo tambi�n son responsables de violaciones a la ley en la Zona de Monumentos Arqueol�gicos de Chichen Itz�. Los investigadores del centro INAH-Yucat�n denunciaron en su momento el uso comercial de la zona para  llevar a cabo un concierto del tenor y empresario Placido Domingo, sin la autorizaci�n correspondiente. De las ganancias del evento, dos millones de pesos fueron entregados a las autoridades del  INAH,  y su director, generosa y discrecionalmente, "don�" dicha cantidad a la Universidad Aut�noma de Yucat�n. Favorecer a un particular para utilizar una zona de monumentos con fines comerciales viola el articulo 30 de la Ley de Bienes Nacionales, as� como la Ley Federal de Zona de Monumentos Arqueol�gicos e Hist�ricos en los art�culos 1 y 2. Aqu� tambi�n las autoridades permitieron la instalaci�n de dos puestos comerciales fijos, un transformador y cableado el�ctrico sobre monumentos arqueol�gicos adyacentes al Templo de Kukulk�n y al Observatorio.

El tercer caso que presentan en su denuncia los investigadores y docentes es la omisi�n y negligencia del director general y sus colaboradores en la expropiaci�n y demolici�n sin licencia del INAH, de seis monumentos hist�ricos de la Ciudad de M�xico por parte del Gobierno de la Capital, para ocupar sus terrenos en �reas comerciales de personas dedicadas al comercio ambulante. En este caso, el director general del INAH se reuni� con "autoridades superiores" y decidi� no intervenir en el momento de la flagrante demolici�n de los monumentos, sino hasta su conclusi�n.

Los monumentos estaban declarados y catalogados por el INAH y se localizaban en el per�metro "A" de la Zona de Monumentos Hist�ricos incluidos por la UNESCO en la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. Los funcionarios del Instituto actuaron tard�a y negligentemente, incurriendo en omisiones y comisiones a  numerosos art�culos de las leyes referidas.

El cuarto caso presentado en la denuncia es grav�simo por la p�rdida de vidas humanas y sucedi� como consecuencia de la ocupaci�n el 8 de septiembre del 2008 de la zona arqueol�gica de Chinkultik, en el estado de Chiapas, por parte de los habitantes de la vecina colonia Miguel Hidalgo. Poco despu�s de la toma se iniciaron negociaciones entre los pobladores ind�genas, el gobierno estatal y el propio INAH, en representaci�n del Gobierno Federal.

Sin embargo, el 3 de octubre de 2008, centenares de elementos de las polic�as Federal Preventiva y Estatal sorprendieron a los colonos en un violento operativo de desalojo de la Zona y en contra de la colonia misma, resultando 10 heridos de gravedad y seis ind�genas muertos.  Los investigadores y docentes consideran que los funcionarios del INAH y en particular su titular, estaban obligados a actuar con respeto y consideraci�n a las necesidades de las comunidades en su derecho a participar en la protecci�n del patrimonio arqueol�gico. No obstante, fueron precisamente estos funcionarios quienes insistieron en la realizaci�n del desalojo por la represiva fuerza estatal y federal, traicionando las negociaciones en curso.

Las denuncias presentadas refieren a probadas violaciones a las leyes por parte del director general y sus colaboradores, quienes seguramente seguir�n en sus cargos como corresponde a un Estado sin derecho y a la deriva de la impunidad que gozan los delincuentes en el gobierno. V�squez Mota no tom� en cuenta las exigencias de la comunidad acad�mica del INAH, y el patrimonio cultural de la naci�n seguir� en venta y renta al mejor postor.

Xochicalco, Morelos. Foto de Sergio Tohtli

Conclusi�n

Las pol�ticas culturales del Estado mexicano siguen las tendencias empresariales y privatizadoras neoliberales en el interior mismo de las instituciones dedicadas supuestamente a la defensa y preservaci�n del patrimonio cultural; estas tendencias se expresan en las acciones, programas y articulaciones empresariales, privatizadoras y discrecionales de sus autoridades superiores. No obstante, en esos mismos espacios, los trabajadores de la cultura resisten permanente y sistem�ticamente esos afanes de mercantilizaci�n y uso privado del patrimonio de la naci�n. Se destaca, pues, en las instituciones estudiadas en este trabajo, la dicot�mica realidad actual de nuestro pa�s. Por un lado, sus trabajadores, quienes representan los valores e intereses nacionales y universales; y por el otro, quienes detentan el poder econ�mico y pol�tico para beneficio de una colusi�n ap�trida e insensible al clamor social, nacional y ciudadano.

* Entregado para su publicaci�n a la Universidad Pedagogica Nacional.

Notas.

[i] Pablo Gonz�lez Casanova, V�ctor Flores Olea, Miguel Concha Malo, Miguel �lvarez, Lu�s Hern�ndez Navarro, Alicia Castellanos Guerrero, Gilberto L�pez y Rivas. Llamamiento a la Naci�n Mexicana. M�xico: Universidad Aut�noma de la Ciudad de M�xico, 2008. Tambi�n, publicado en La Jornada, M�xico, 16 de noviembre de 2007.

[ii] Este t�rmino proviene de Ana Mar�a Rivadeo, quien en su obra Lesa Patria. Naci�n y Globalizaci�n. M�xico: UNAM, 2003, plantea que los estados transnacionalizados compiten entre s� para garantizar al capital condiciones �ptimas de rentabilidad. Esta mundializaci�n capitalista se manifiesta en todos los espacios pol�ticos, ideol�gicos y culturales de nuestras sociedades por medio de la intervenci�n permanente y decisiva del Estado, el cual fortalece sus instituciones represivas para garantizar la estabilidad social a trav�s del control autoritario y coercitivo de la fuerza de trabajo y la criminalizaci�n de la protesta social. Aunque la globalizaci�n incluye, pero a la vez trasciende, el �mbito de lo econ�mico, lo t�cnico cient�fico, lo cultural o lo ideol�gico, su matriz es de car�cter pol�tico, y se anuda, en lo fundamental, en una desregulaci�n orientada a abrir las fronteras nacionales al capital trasnacional, que busca esas localizaciones �ptimas de rentabilidad.

[iii] Los medios de comunicaci�n masiva conforman, metaf�ricamente, las "tropas ideol�gicas" que intentan someter a la opini�n p�blica mediante la desinformaci�n, la contra informaci�n y la propaganda abiertamente sist�mica; se transforman en tribunales de facto en los que comunicadores, locutores, editorialistas, expertos y analistas pol�ticos condenan sumariamente toda oposici�n al orden establecido. A esto se le ha denominado "dictadura o terrorismo medi�ticos", y a los mercenarios de los medios, "sicarios medi�ticos".

[iv] "Nueva expresi�n de la violencia, la corriente homogen�izante amenaza con ahogar la diversidad cultural y con borrar el rostro de las naciones y de los m�ltiples sectores que conviven en ellas... En el d�a de hoy, defender la diversidad cultural equivale a contribuir a preservar el futuro de la humanidad" V Congreso Internacional de Cultura y Desarrollo. En defensa de la diversidad cultural La Habana, Cuba. (11 A 14 de junio de 2007) http://www.lacult.org/docc/Informe_Cult_y_Des_esp.pdf p, 1.

[v] En el debate que se suscit� en torno a los libros de texto gratuito Mi libro de historia de M�xico, para Cuarto, Quinto y Sexto grados de educaci�n primaria en el a�o 2003, varios autores analizamos los intentos de omisi�n, distorsi�n o tergiversaci�n de la historia de nuestro pa�s para socializar a las nuevas generaciones en la amnesia y la asepsia de nuestra "identidad nacional", la cual en estos libros es obra de las �lites, criollos, intelectuales, poetas y literatos, con interpretaciones hispanistas, eufemismos y el intento obvio de minimizar al m�ximo toda menci�n de Estados Unidos que pudiera ser considerada ofensiva. Para ello, se omiten y falsean datos de las relaciones entre los dos pa�ses, marcadas por la guerra de conquista (1846-48) y sus despojos territoriales, las agresiones armadas filibusteras, como las de William walker a Baja California y Sonora, y las efectuadas por las fuerzas armadas estadounidenses, como la ocupaci�n de Veracruz en 1914 y la incursi�n a Chihuahua persiguiendo a Francisco Villa en 1916. Ver: Gilberto L�pez y Rivas, "La amnesia conveniente; los libros de historia frente a los Estados Unidos" en Secuestro de la memoria. Un debate sobre los libros de texto gratuito de historia de M�xico,  M�xico: Delegaci�n D-II-1A-1, Secci�n 10, SNTE-Colegio Mexicano de Antrop�logos, A. C., 1993.  Pp. 95-100.

[vi] Estas ideas y conceptos -pueblo-naci�n, cultura nacional popular, �tnico-nacional, etc�tera-- constituyen un aspecto importante de la llamada Cuesti�n Nacional que he desarrollado en otros textos: Gilberto L�pez y Rivas. Naci�n y Pueblos Indios en el Neoliberalismo. M�xico: Plaza y Vald�s, 1995, 1996; Alicia Castellanos Guerrero y Gilberto L�pez y Rivas. El Debate de la Naci�n, Cuesti�n Nacional, Racismo y Autonom�a. M�xico: Claves Latinoamericanas, 1992; Gilberto L�pez y Rivas. Antropolog�a, Minor�as �tnicas y Cuesti�n Nacional. M�xico: ENAH-Aguirre y Beltr�n, 1998.

[vii] Para el concepto de patrimonio cultural es muy importante la obra compilada por Enrique Florescano. El Patrimonio cultural de M�xico. M�xico: Fondo de Cultura Econ�mica, 1993, y la que contin�a el mismo Florescano: El Patrimonio Nacional de M�xico. M�xico; Fondo de Cultura Econ�mica, 1997. Tambi�n, los trabajadores acad�micos del INAH publicaron varios libros colectivos sobre el tema: la ya citada, Secuestro de la memoria. Un debate sobre los libros de texto gratuito de historia de M�xico,  M�xico: Delegaci�n D-II-1A-1, Secci�n 10, SNTE-Colegio Mexicano de Antrop�logos, A. C., 1993. El Patrimonio Sitiado. M�xico: Delegaci�n D-II-1A-1, Secci�n 10, SNTE, 1995. Iv�n Franco. Transformaciones del Proyecto cultural en M�xico. Educaci�n, cultura y patrimonio cultural ante el neoliberalismo. M�xico: Delegaci�n D-II-1A-1, Secci�n 10, SNTE, 2005. Bolfy Cottom. La Cultura y las instituciones culturales de M�xico. Hac�a una propuesta alternativa que resuelva la problem�tica actual. M�xico: Sindicatos de trabajadores de la cultura, 2004. Francisco Beristan Bravo, Aldir Gonz�lez Morelos Z. Et. Al. La Construcci�n de Wal-Mart en Teotihuacan. M�xico: Delegaci�n D-II-1A-1, Secci�n 10, SNTE, 2005.

[viii] Jos� Ignacio S�nchez Alaniz y Susana Gurrola Briones. El uso social del patrimonio cultural. M�xico: Ediciones Quinto Sol, 2004.

[ix] Grupos parlamentarios del PRD en las C�maras de Diputados y Senadores. En defensa del patrimonio cultural de la naci�n. Posici�n en torno a la Iniciativa de Ley General de Patrimonio Cultural de la Naci�n. M�xico: 57 Legislaturas del Congreso de la Uni�n, 1999.

[x] Tambi�n El Taj�n, Veracruz,  es una zona arqueol�gica emblem�tica en cuanto a la lucha por la defensa del patrimonio cultural. Desde el inicio en 1999 se ha desarrollado una amplia protesta contra un proyecto del entonces gobernador del estado de Veracruz, Miguel Alem�n, conocido como la Cumbre Taj�n, en la que participaron diversos sectores regionales agrupados en el Frente Papanteco en Defensa del Patrimonio Cultural. Las principales demandas de esa lucha fueron la no privatizaci�n de la zona y la participaci�n de las comunidades ind�genas en el desarrollo tur�stico. Uno de los sectores m�s combativos en la protesta era el constituido por los custodios, la gran mayor�a totonacas,  quienes organizaron diversas manifestaciones con la exigencia de que los fondos que destinaba el gobierno del estado al INAH por la Cumbre y que ascend�an, seg�n declaraciones del propio director del Instituto en Veracruz, a nueve millones de pesos, fueran destinados efectivamente al mantenimiento de la zona y a dotarlos de equipo y materiales para desarrollar su tarea. El a�o 2000 fue declarada la zona de monumentos arqueol�gicos de El Taj�n que inclu�a 1200 hect�reas. La extensi�n del per�metro provoc� graves contradicciones con los proyectos tur�sticos impulsados por el gobierno del estado que buscaba que la declaratoria fuera de s�lo 300 hect�reas, ya que se pretend�a desarrollar un complejo tur�stico con hoteles de lujo, campo de golf, galer�as, auditorios, etc�tera.  El gobierno estatal aprovech� que tambi�n exist�a descontento de las comunidades ind�genas que hab�an quedado incorporadas a la zona y se gener� una crisis con el INAH, canalizada a trav�s de un Comit� de Defensa de la Propiedad, encabezado por pri�stas y dirigentes de comerciantes ambulantes proclives al gobierno del estado. Uno de los principales blancos de ataque fueron los custodios, apoy�ndose en algunos legisladores locales y recibiendo el respaldo del entonces senador Fidel Herrera, quien incluso promovi� un punto de acuerdo en el Senado para derogar el decreto de la Declaratoria.