Punto Final

Durante su progresiva articulación, el movimiento social ha venido elaborando un discurso que sin tener una procedencia partidista, en escasos años se ha consolidado como discurso político. Porque las demandas sectoriales puntuales, que se extienden desde las de los estudiantes universitarios y secundarios, los pescadores artesanales, los trabajadores y ciudadanos de regiones extremas y olvidadas por el poder central así como de los habitantes de las grandes ciudades absorbidos por la maquinaria del libre mercado, y otras múltiples demandas -que van desde la educación pública y de calidad, subsidios a los combustibles, regulación a la depredación de las pesquerías industriales, defensa del territorio y del medioambiente, el derecho a una vivienda no canalizada por el lucro inmobiliario entre muchas otras-, están unidas por un claro discurso político: el rechazo abierto al modelo neoliberal. Esta es la piedra angular del movimiento ciudadano, porque desde aquí surgen sus quebrantos.

En pleno fragor de la lucha de Aysén, la Asamblea Ciudadana de Magallanes (una organización en la que participan la CUT y la Anef regional, el Colegio de Profesores, pescadores, sindicatos y numerosas juntas de vecinos, entre otros colectivos) envió una carta al presidente Piñera en la que solidarizaba con los ayseninos y recordaba al gobernante las protestas australes, que marcaron el inicio del año pasado con el anuncio del fin de los subsidios al gas magallánico y el compromiso entonces asumido por el Ejecutivo sobre sus demandas. Una serie de obligaciones que el gobierno hasta ahora no ha cumplido y es altamente probable que nunca cumpla. Las demandas de Magallanes, como las de Aysén y Calama, así como también ahora de Arica y Parinacota, obligarían a un cambio de modelo, a una modificación profunda de la institucionalidad política y económica. El problema no está sólo en el gobierno, sino en la concepción del Estado.

Los habitantes de Magallanes demandan una descentralización de recursos y atribuciones, la creación de servicios públicos regionales, la elección democrática de las autoridades regionales (intendente regional y consejeros regionales) y la creación de plebiscitos regionales vinculantes, por ejemplo, respecto a proyectos como HidroAysén o la explotación de carbón en la Isla Riesco. Una demanda que también comparten los ciudadanos movilizados de Aysén y que ha sido tajantemente rechazada por el gobierno.

Los magallánicos estiman imprescindible que las comunidades regionales tengan participación concreta en el proceso de toma de decisiones que afectan tanto la explotación de sus recursos como al destino que se da a sus territorios y la protección de sus vastas extensiones.

Otro punto clave, también compartido por la movilización de Aysén, son los sueldos diferenciados en las regiones extremas, los que no han de ser inferiores a 250 mil pesos mensuales. "En el mismo orden, y en concordancia con nuestro crecimiento económico y democratización del país, se requiere con urgencia que el Ejecutivo promueva por la vía de una reforma al Código del Trabajo la extensión del derecho a negociar colectivamente a todos los trabajadores del país, y elevar a la categoría de trabajadores(as) temporeros a quienes desarrollan su actividad en las plantas pesqueras y otras actividades similares de nuestra región".

Recomposición del Estado y super millonarios

Son demandas que van más allá de la institucionalidad neoliberal vigente. La actual estructura no tiene ni las herramientas ni la voluntad de alterar el statu quo instalado por la dictadura, profundizado por los gobiernos de la Concertación. Es por ello que el movimiento social apunta al cambio radical, que es la recomposición del Estado mediante una nueva Constitución elaborada por una Asamblea Constituyente y refrendada por la ciudadanía. "Exigimos una Asamblea Constituyente para generar una nueva Constitución que involucre los deseos y aspiraciones democráticas de la ciudadanía. La actual Constitución es la responsable de las abismantes desigualdades sociales, políticas y económicas".

Ante estas exigencias, el gobierno ya ha reaccionado. En medio de las negociaciones enmarcadas en la lucha de Aysén, el vocero de La Moneda, Andrés Chadwick, advertía que el país no está en condiciones de satisfacer aquellas demandas. La misma opinión era comunicada a la prensa durante las negociaciones en Aysén por el ministro de Energía, Rodrigo Alvarez, el hombre de Piñera en la zona de conflicto.

Por aquellos mismos días apareció una información de la revista Forbes en la que actualizaba el ranking de millonarios mundiales. En medio de las angustiosas demandas, los grupos económicos nacionales aparecen entre las mayores fortunas del mundo: el grupo Luksic (Banco de Chile, Antofagasta Minerals, Minera Los Pelambres, CCU, Shell Chile, Canal 13, Compañía Sudamericana de Vapores, Madeco, entre tantas otras), está en el lugar 32, con casi 18 mil millones de dólares de patrimonio, seguido por el grupo Matte (CMPC, Banco Bice, Entel, Colbún), con más de diez mil millones de dólares, Horst Paulmann (Cencosud, Almacenes París, Santa Isabel, Costanera Center) con diez mil millones. Y en el lugar 521, aparece nada menos que Sebastián Piñera, con una fortuna de 2.500 millones de dólares, el hombre a cargo del gobierno que niega a los trabajadores un salario mínimo de 250 mil pesos mensuales.

¿Qué país es éste?

Chile crece, pero para los ricos. La institucionalidad, la estructura del consolidado modelo neoliberal, está concebida para generar este desequilibrio obsceno en la economía, que lleva a las grandes corporaciones financieras y extractivas a tener rentabilidades superiores al 20 por ciento anual, tendencia que ningún otro sector o agente económico consigue. Un proceso iniciado tras el golpe de Estado, la instalación del modelo neoliberal y su posterior extensión y amplificación. Cuando ninguna actividad económica escapa al mercado, cuando el poder de las elites es ubicuo, al trabajador, al ciudadano, sólo le queda rebelarse y exigir el desmantelamiento de la institucionalidad.

Las movilizaciones que hoy emergen por todo el país no coinciden con una crisis macroeconómica, como sucede en Europa y Estados Unidos, sino con su plena estabilidad. La economía chilena continúa creciendo a tasas más o menos altas y el gobierno se enorgullece de la baja tasa de desempleo, que ha llegado a calificar como de exigua, casi nula, así como de un crecimiento, mínimo por cierto, de los salarios, los que habrían aumentado casi uno por ciento en enero y casi siete por ciento en los últimos doce meses. Una tendencia que incluso ha sido relacionada con inquietud con la alta inflación de febrero, de un 0,4 por ciento. Desde el sector financiero han lanzado el mensaje para que el Banco Central suba las tasas de interés.

¿Nos dicen algo esas estadísticas? Simples números funcionales a un modelo económico. Del aumento salarial no se indica en qué segmentos se produjo, así como que la inflación ha estado estimulada por alzas en el transporte y los alimentos, rubros especialmente sensibles para la población de menores ingresos. Nos dice mucho más de la economía chilena el impúdico aumento de los ingresos de las grandes corporaciones y sus grandes accionistas. El problema no es más o menos crecimiento, sino dónde va destinado aquel aumento de la riqueza, que generalmente es renta creada por los trabajadores y consumidores para la apropiación y acumulación en las arcas financieras y corporativas. Así se ha construido el Chile empresarial neoliberal. Un país que no da para más.

El gobierno, presionado por las movilizaciones y la emergencia antineoliberal y crecientemente anticapitalista, intenta responder y aplacar la indignación ciudadana con medidas clásicas de un Estado subsidiario, que sólo atienden a aquellos sectores excluidos por el mercado. Lo hace cuando la presión de quienes están precisamente al interior del mercado, pero aplastados por él, claman por gratuidad en la educación, salud de calidad, pensiones dignas, subsidios y salarios mínimos decentes. El anuncio del gobierno empresarial de avanzar hacia una reforma tributaria para paliar un poco las enormes desigualdades y discontinuidades creadas por la institucionalidad económica y política, parece llegar tarde y con toda probabilidad, si es discutido entre cuatro paredes por la elite política y empresarial, será insuficiente.

Porque la ciudadanía exige cambios profundos y estructurales, los que están bien reflejados no sólo en el clamor estudiantil por una educación gratuita y de calidad, sino también en las exigencias que ha puesto hoy el movimiento social de Aysén. No más Estado subsidiario, sino un Estado activo y protector.

Movilizaciones en expansión

El movimiento austral "Tu problema es mi problema" ha demostrado el grado de organización y de coherencia discursiva que ha alcanzado la ciudadanía. Un proceso no sólo de reorganización del fragmentado tejido social, sino también que marca una fuerte y creciente repolitización, totalmente al margen de los partidos tradicionales con "representación" parlamentaria.

En una entrevista publicada en diciembre de 2011 en la edición 749 de PF, el sociólogo de la Universidad de Chile Alberto Mayol dijo que, durante el año 2012 era muy probable que los movimientos sociales aflojaran para reflotar en 2013. La irrupción de la protesta social de Aysén le ha hecho cambiar su diagnóstico. Hacia la segunda semana de marzo dijo en una entrevista en el Canal 24 Horas de TVN que en Chile el movimiento social avanza más rápido que lo previsto, por lo que este año será también un periodo de agitaciones.

Aysén, así como los estudiantes y ciudadanos de Magallanes, han demostrado capacidad de organización y solidez en las demandas. Ante un gobierno que intenta confundir, enviar señales falsas a través de los medios, prepara montajes y, especialmente, trata de dividir y destruir los movimientos, la respuesta ha sido el fortalecimiento de la organización y la profundización de las demandas. Cuando los movimientos sociales exigen la estatización de los recursos naturales, cambiar el sistema electoral y político, una verdadera descentralización de las decisiones políticas a través de la elección de las autoridades regionales, una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente, estamos asistiendo al comienzo de una transformación política de grandes proporciones. El movimiento social, en el que incluso participan militantes regionales de partidos de gobierno, es la expresión del rechazo ciudadano a una concepción política y económica agotada.

Si en un año el tramado social del país ha cambiado, sorprendiendo a todo tipo de observadores, es posible augurar que podríamos estar próximos a un proceso en que los cambios tendrán necesariamente que afectar el escenario político. El intento de mediación entre el gobierno y el movimiento social que intentó el grupo de parlamentarios por la región de Aysén, dejó a la vista la nula vinculación entre el sistema político y la ciudadanía. Si las transformaciones profundas son necesarias en la institucionalidad económica, este tipo de vergonzosa parodia obliga a extenderlas hacia toda la estructura política.

Asistimos a un momento crucial en nuestra historia. Chile, que fue por décadas el "modelo" económico para Latinoamérica, un producto publicitado por los organismos financieros internacionales, el sector privado nacional y transnacional así como por toda la clase política binominal, hoy es el paradigma del fracaso neoliberal. Se hunde por su propio peso, por su hipertrofiada estructura de concentración del poder y la riqueza a costa de los trabajadores, consumidores y ciudadanos. El neoliberalismo, como tumor maligno, con el abuso, la explotación y la depredación ambiental ha terminado por matar a su propio cuerpo económico.

Publicado en "Punto Final", edición Nº 753, 16 de marzo, 2012

revistapuntofinal@movistar.cl

www.puntofinal.cl

www.pf-memoriahistorica.org