LA ARENA

Este 7 de agosto fue un d�a contradictorio. Por un lado las Abuelas de Plaza de Mayo presentaban al nieto n�mero 106. Y por el otro la apologista del terrorismo de Estado, Cecilia Pando, fue recibida por la Corte Suprema.

Las Abuelas de Plaza de Mayo y dem�s organismos de Derechos Humanos, con su b�squeda incansable de los beb�s robados por la dictadura, lograron restituir la identidad a Pablo Javier Gaona Miranda. Es el nieto recuperado n�mero 106. Ese delito aberrante fue comprobado durante el juicio por el "plan sistem�tico", concluido en la primera semana de julio con penas de hasta cincuenta a�os de c�rcel para el ex dictador Jorge R. Videla y condenas a ocho represores m�s.

Por eso caus� estupor la actitud del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Naci�n, Ricardo Lorenzetti, y de la vicepresidenta de ese tribunal, Elena Highton, quienes ese mismo d�a abrieron sus despachos a la apologista de la dictadura, Cecilia Pando.

En el Centro de Informaci�n Judicial, Agencia de Noticias del Poder Judicial, hasta ayer no hab�a informaci�n oficial de la reuni�n. Hay que remitirse a la gacetilla difundida por Pando, firmada como presidenta de la Asociaci�n de Familiares y Amigos de Presos Pol�ticos de Argentina (Afyappa).

All� se puntualiza que concurrieron, adem�s de la citada, "In�s Mart�nez Seg�n, vicepresidente de la Asociaci�n y Marcela Cabanillas, esposa de un preso pol�tico". El marido de la primera est� condenado por la masacre de presos pol�ticos en Margarita Bel�n (Chaco). La segunda est� casada con el general Cabanillas, condenado a perpetua por los cr�menes de "Automotores Orletti".

La presidenta de Afyappa es una f�rrea defensora de la dictadura y las tres Fuerzas Armadas, incluso de uno de los delitos que no proteg�an las "leyes del perd�n": el robo de beb�s. En un reportaje que le hizo otro admirador del Proceso, Chiche Gelblung, �ste la present� como defensora de los militares acusados incluso de la supresi�n de identidad de los nacidos en cautiverio. Y la entrevistada asinti�.

La activista castrense aprovech� la entrevista con la Corte Suprema para defender a los "presos pol�ticos" (l�ase genocidas), presentados como que fueron objeto de una "revancha" de los "terroristas de los �70 hoy en el gobierno". Como Videla, entiende que los tribunales que los vienen juzgando ser�an "inconstitucionales", ya que deber�an haber entendido los tribunales militares. Es una coincidencia total con los generales Videla y Luciano B. Men�ndez, quien ya acumula seis perpetuas emitidas por tribunales "ilegales". Pando se copia de sus amigos en que la ley penal se ha aplicado en forma retroactiva, como si no se tratara de cr�menes de lesa humanidad, imprescriptibles.

El comunicado de Afyappa explic� que la reuni�n fue para "denunciar el trato inhumano que reciben en las c�rceles los detenidos por presuntos delitos de lesa humanidad". Subray� que "se dieron a conocer los 165 muertos en cautiverio por abandono de persona y falta de atenci�n m�dica en los penales. Se habl� de los traslados a otros establecimientos sin autorizaci�n de los jueces, las torturas psicol�gicas a las que son sometidos en algunos penales". Estas afirmaciones son de una falsedad flagrante.

En primer lugar, porque los represores hicieron desaparecer a 30.000 personas y robaron centenares de beb�s nacidos en los centros clandestinos de exterminio, y han tenido d�cadas de impunidad. Ese lapso dur� los siete a�os de dictadura y varios m�s en democracia, en particular entre 1986-1987 y agosto de 2003 cuando fueron anulados el "Punto Final" y la "Obediencia Debida". Ni son "presos pol�ticos" y no fueron castigados en su momento.

En segundo t�rmino, cuando -luego de tantas idas y venidas- la justicia instruy� las causas y las elev� a juicio, esos represores demoraron muchos a�os m�s. Lo hicieron con apelaciones, recursos y muchos amigos en la Justicia, que facilitaron esas maniobras, como Alfredo Bisordi, titular de Casaci�n Penal que cajone� a�os la causa ESMA, devenido luego en defensor del torturador Luis A. Patti. Otro, el fiscal de Casaci�n Juan M. Romero Victorica, que ayud� al apropiador de Victoria Montenegro.

En tercera instancia, los represores tuvieron todas las garant�as de la defensa en juicio que negaron a sus v�ctimas. Estas fueron torturadas y asesinadas, arrojados vivos al mar desde aviones, fusiladas con pantomimas de "enfrentamientos armados", sus cad�veres desaparecidos, etc.

En cuarto lugar, la mayor�a de los represores estuvo en arresto domiciliario o en unidades castrenses mientras esperaban el juicio. Las debilidades de la justicia explican que Videla fuera trasladado hace poco a una c�rcel com�n. Antes estuvo en su piso de Avenida Libertador y luego en la guarnici�n de Campo de Mayo, con c�modas condiciones de detenci�n como se aprecia en el libro "Disposici�n Final" de Ceferino Reato.

La apologista de Videla trastoca la historia. No es que "165 militares murieron en cautiverio por abandono de persona". La mayor parte falleci� en su casa y otra en c�modas prisiones, sin ser alcanzados por condenas por el enorme retraso. Si los militares no hubieran promovido en 1987 el levantamiento "carapintada" para lograr una "soluci�n pol�tica" (l�ase impunidad), esos 165 procesados habr�an tenido juicio hace 25 a�os. Habr�an vivido para recibir una digna condena; con la demora autoprovocada, murieron "inocentes", igual que Augusto Pinochet.

La defensora de Videla sali� feliz de la reuni�n. "Tanto el Presidente de la Corte como su Vicepresidente se mostraron sorprendidos con nuestro relato que fue acompa�ado con fotos sobre las aberraciones y verdaderos tormentos que sufrieron algunos de los enfermos que murieron en cautiverio", rese��.

Si esas denuncias tuvieran 1 por ciento de veracidad, deber�an sentar a Argentina en el banquillo de la Corte Penal Internacional en La Haya. Como son falsas, el pa�s seguir� gozando de reconocimiento por su pol�tica de derechos humanos.

Al conocerse de la reuni�n en la Corte Suprema se dispar� una pol�mica en las redes sociales. Los que defienden la razonabilidad de la entrevista opinaron que es obligaci�n de la CSJN de "recibir a todos", como si la democracia no tuviera que poner ciertos l�mites a los enemigos de �sta. Este cronista cree que fue un error de Lorenzetti el conceder tal reuni�n.

Como qued� dicho, Pando es una apologista de la dictadura, la peor de toda la historia argentina; ha defendido sus peores delitos como el robo de beb�s. No se trata de cualquier derecha: esta se ubica por fuera del espectro democr�tico. Mauricio Macri, por ejemplo, es un pol�tico de derecha, pero por ahora no saca los pies del plato de la democracia. Entonces es l�gico que la justicia electoral le reconozca personer�a al PRO y la gente pueda votarlo como jefe de gobierno.

En cambio Alejandro Biondini, neonazi confeso, vio negada la personer�a electoral para el Partido Nuevo Triunfo. Y la Corte Suprema convalid� esa negativa con un fallo propio en marzo de 2009.

Salvando las distancias, esos ejemplos muestran que la democracia tiene que marcar ciertos l�mites pol�ticos, legales y �ticos. En consecuencia, no debi� el alto tribunal "legalizar" a la banda de la defensora del genocidio, que por ese mismo postulado ya hab�a tenido problemas legales.

Pando apoy� en 2005 al obispo castrense Antonio Baseotto, quien hab�a amenazado al ministro de Salud, Gin�s Gonz�lez Garc�a, con arrojarlo al mar atado a una piedra. En enero de 2007 la mujer pidi� "que todos los terroristas que est�n en el gobierno tengan su condena", refiri�ndose a Kunkel, Taiana, Obeid, etc. En julio de ese a�o fue a apoyar al cura genocida Christian von Wernich, en el juicio de La Plata, y declar� que "todo esto es un circo romano armado por el Gobierno". En mayo de 2008 concurri� a C�rdoba a dar aliento a Men�ndez, que recibir�a su primera perpetua en la causa "Brandalisis". En agosto de ese a�o insult� a los camaristas que hab�an condenado a cuatro represores en Corrientes por los cr�menes en el Regimiento IX. Y all� mismo amenaz� de muerte, "a deg�ello" al secretario de DDHH, Eduardo L. Duhalde. Organismos de derechos humanos de C�rdoba le promovieron una denuncia "por los delitos de amenazas, intimidaci�n p�blica e incitaci�n a la violencia".

En marzo de 2010 la Sala I de la C�mara Nacional en lo Criminal revoc� el sobreseimiento de la defensora de la dictadura en una causa donde hab�a sido denunciada por "apolog�a del delito" por Carlos Pisoni, Director de DDHH de la Legislatura porte�a. Un a�o m�s tarde esa misma Sala confirm� su fallo, adverso a Pando (Centro de Informaci�n Judicial, CIJ, 16 de marzo de 2011).

Se trata de enemigos de la democracia, que no se han cansado de ofender a Madres y Abuelas, y a las 30.000 v�ctimas. Han descalificado al gobierno de N�stor Kirchner y Cristina Fern�ndez de Kirchner, pero tambi�n y muy especialmente a la Justicia. Cr�ase o no, fueron recibidos y "legalizados" por la Corte Suprema, la misma que -seg�n registros del CIJ- a�n no recibi� a los familiares de Mariano Ferreyra.