PRIMERA FUENTE

"Seguiremos resistiendo hasta que se solucione esta situaci�n. Reclamamos la apertura definitiva del camino vecinal que cerraron los usurpadores, el respeto a la ley 26.160 que proh�be desalojos contra comunidades originarias mientras se realicen relevamientos territoriales y la reapertura de la escuela N�31 (cerrada en 2001) ", afirm� la referente ind�genas en el marco de una conferencia realizada en la sede de la Asociaci�n de Prensa de Tucum�n.

Delgado relat� ante los medios y representantes de diversas comunidades originarias detalles de la represi�n policial que durante la tarde del martes sufri� la Comunidad Indio Colalao en la localidad Estancia Riarte, ubicada en el departamento Trancas, al l�mite con Salta.

"Accedimos a que se ejecute un desalojo provisorio con la idea de establecer una mesa de di�logo entre las partes. Una vez finalizado esto, alrededor de las 15, se leyeron las actas y se las firmaron. Fue en ese momento, sin explicaci�n alguna, que Patricia Carugatti, ayudante de la Fiscal�a de Instrucci�n de la X Nominaci�n (a cargo de Guillermo Herrera) dio la orden a 300 polic�as a entrar al predio. Hubo disparos de balas de goma, embestidas con la caballeriza, expulsiones de las personas de sus casas. Hubo gente que reci�n hoy (por ayer) aparecieron ya que huyeron del ataque y pasaron la noche en medio del monte", relat� la cacica.

La medida obedeci� a un fallo judicial dispuesto el 3 de julio por el juez Francisco Pisa, que orden� la inmediata restituci�n provisoria de la propiedad (de una extensi�n aproximada de 19.700 hect�reas) al ciudadano boliviano, residente en Salta, Fredy Moreno N��ez Vela.

"Estancia Riarte es territorio ancestral. El verdadero due�o comunitario era un se�or apellido M�ndez que no ten�a herederos y don� tierras a la Santa Sede. Luego entr� el Jorge Prat Gay -padre del diputado del ARI, Alfonso Prat Gay- quien tom� cr�ditos rurales y puso en garant�a nuestras propias tierras. Hoy aparece Fredy Moreno N��ez Vela que posee ilegalmente una posesi�n provisoria sin vivir jam�s en el lugar. �l se dedic� a realizar contratos de arriendo", agreg� Delgado.

Seg�n la l�der comunitaria, hubo permanentes ventas fraudulentas de tierras incluida la gente que all� vive. Se estima que 16 familias de la comunidad viven dentro de las tierras reclamadas por las empresas agropecuarias Zanja Honda y Agro Avance.

"Estamos frente a un retroceso tremendo para los pueblos originarios con la complicidad de sectores pol�ticos y judiciales", exclam�.