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Argentina, la
lucha continua....
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"Los pueblos originarios están viviendo un retroceso tremendo en cuanto a sus derechos"
Esteban Stanich
PRIMERA FUENTE
Así lo afirmó Lilia Delgado, cacique de la Comunidad Indio Colalao, que el martes sufrió una represión policial en favor de terratenientes. Advierten que se defenderán contra nuevos ataques.
"Seguiremos resistiendo hasta que se solucione esta situación. Reclamamos la apertura definitiva del camino vecinal que cerraron los usurpadores, el respeto a la ley 26.160 que prohíbe desalojos contra comunidades originarias mientras se realicen relevamientos territoriales y la reapertura de la escuela Nº31 (cerrada en 2001) ", afirmó la referente indígenas en el marco de una conferencia realizada en la sede de la Asociación de Prensa de Tucumán.
Delgado relató ante los medios y representantes de diversas comunidades originarias detalles de la represión policial que durante la tarde del martes sufrió la Comunidad Indio Colalao en la localidad Estancia Riarte, ubicada en el departamento Trancas, al límite con Salta.
"Accedimos a que se ejecute un desalojo provisorio con la idea de establecer una mesa de diálogo entre las partes. Una vez finalizado esto, alrededor de las 15, se leyeron las actas y se las firmaron. Fue en ese momento, sin explicación alguna, que Patricia Carugatti, ayudante de la Fiscalía de Instrucción de la X Nominación (a cargo de Guillermo Herrera) dio la orden a 300 policías a entrar al predio. Hubo disparos de balas de goma, embestidas con la caballeriza, expulsiones de las personas de sus casas. Hubo gente que recién hoy (por ayer) aparecieron ya que huyeron del ataque y pasaron la noche en medio del monte", relató la cacica.
La medida obedeció a un fallo judicial dispuesto el 3 de julio por el juez Francisco Pisa, que ordenó la inmediata restitución provisoria de la propiedad (de una extensión aproximada de 19.700 hectáreas) al ciudadano boliviano, residente en Salta, Fredy Moreno Núñez Vela.
La lucha en defensa de la tierra
"Estancia Riarte es territorio ancestral. El verdadero dueño comunitario era un señor apellido Méndez que no tenía herederos y donó tierras a la Santa Sede. Luego entró el Jorge Prat Gay -padre del diputado del ARI, Alfonso Prat Gay- quien tomó créditos rurales y puso en garantía nuestras propias tierras. Hoy aparece Fredy Moreno Núñez Vela que posee ilegalmente una posesión provisoria sin vivir jamás en el lugar. Él se dedicó a realizar contratos de arriendo", agregó Delgado.
Según la líder comunitaria, hubo permanentes ventas fraudulentas de tierras incluida la gente que allí vive. Se estima que 16 familias de la comunidad viven dentro de las tierras reclamadas por las empresas agropecuarias Zanja Honda y Agro Avance.
"Estamos frente a un retroceso tremendo para los pueblos originarios con la complicidad de sectores políticos y judiciales", exclamó.
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