Si para muestra basta un botón, la experiencia vivida por un grupo de vecinos de esta localidad del Gran Rosario, permite dar cuenta de algunos rasgos que se reiteran entre dirigentes y funcionarios del pejotismo; esa farsa degradada del que fuera el movimiento de masas más importante de la historia argentina en el siglo XX.

El intendente Carlos De Grandis reina en Puerto General San Martín desde el 2001, contando con un importante respaldo electoral; supuestamente un legítimo apoyo popular. No obstante, algunos indicios surgidos en las elecciones del 2011 imponen ciertas sospechas sobre la transparencia de los comicios, en especial en lo relativo a la composición de los padrones y a la eventual existencia de DNI mellizos o trillizos, que permitirían incrementar el consenso hacia los oficialismos, tanto allí como en otros distritos del país. El primer llamado de atención fue el error cometido por uno de los votantes: entregó su DNI con dirección en Gualeguaychú, Entre Ríos. Cuando un fiscal le señaló el problema, sólo dijo "disculpe, me equivoqué" e inmediatamente sacó otro DNI con la dirección correspondiente a Puerto. Es sabido que en los meses previos a las últimas elecciones, el gobierno brindó especiales facilidades para la obtención de ese documento, recorriendo el país con camiones adaptados a la tarea, para brindar a los ciudadanos la posibilidad de emitir su voto: todo indicaría que, con generoso entusiasmo, a una buena cantidad de ciudadanos le entregaron más de uno.

Advertidos por ese error, el grupo de vecinos decidió investigar los padrones -que habían crecido sensiblemente en los últimos años- combinando los femeninos y los masculinos en un solo padrón ordenado por direcciones. El resultado fue sorprendente: por ejemplo, en la vivienda de la calle Nerbutti 985 -no es un convento ni un internado, sino una casa común- supuestamente conviven 60 votantes; en las direcciones América 1803 ó Tucumán 130 residen 23 votantes en cada una; en Belgrano s/n había 30; en Reconquista 370 viven 19; en Córdoba 100bis otros 21. Sin descartar la eventualidad de que sea una pequeña ciudad de familias numerosas, las cifras indican que algo raro pasa: 769 domicilios tenían entre 5 y 9 votantes; en 102 domicilios había 10 o más; en 12 direcciones figuraban 20 o más; en 3 de ellas la cifra sube a 40 empadronados; en 2 alcanzan a 50; y en otros 2 llegan a los60. A esto se agregan direcciones donde en principio residen varios ciudadanos; pero corresponden a la Iglesia, al Centro Cultural Municipal, a la Cooperativa de Agua Potable o simplemente a plazas y terrenos baldíos, además de calles pertenecientes a la ciudad vecina de San Lorenzo. En total, sobre un padrón de 12.220 personas, se estimó que unas 2.675 -equivalentes al 22% de ese padrón- son de dudosa pertenencia al distrito de Puerto General San Martín: contar con un piso propio del 22% de los electores, es sin duda una ventaja para obtener sucesivas reelecciones; pero se plantea la posibilidad de un fraude escandaloso y la pregunta acerca de si estamos ante un caso único en la Argentina o se reitera en otros distritos donde la escala de los padrones hace más difícil la detección de los votantes truchos. Las denuncias presentadas con las pruebas correspondientes ante el Tribunal Electoral de Santa Fe, aún no han tenido respuesta.

Por su parte, contando con ese peculiar apoyo popular masivo, en el 2003 el intendente permitió reabrir una fábrica de pigmentos para pinturas -American Color, del Grupo Delta- ubicada en el ejido urbano, a tres cuadras de la plaza principal y del edificio de la Intendencia, que la empresa anterior había cerrado por quiebra en 1997: entre otros insumos, para la producción se utiliza plomo, ácido sulfúrico, soda cáustica y cromo, cuyo poder contaminante del aire, del agua del río y del suelo, ha sido suficientemente comprobado. En los años transcurridos desde la reapertura de la fábrica hasta la actualidad, la situación se fue agravando dramáticamente: la calle Sarmiento, que es una bajada a la playa, debería clausurarse porque la fábrica del Grupo Delta ha contaminado las aguas con ácido sulfúrico, mientras la empresa agroexportadora Bunge aporta lo suyo en el mismo lugar con polvillo contaminado con agrotóxicos por el tratamiento de la soja y los cereales, que cae sobre la ciudad. Todo ello, sin contar los dos millones y medio de camiones que llegan al puerto cada año y son fumigados con pastillas de fosfina -fosfuro de aluminio- para matar las plagas; luego de utilizadas, los restos de las pastillas se tiran al costado de la ruta o de las calles: a causa de intoxicación, ya murieron diez camioneros y en la ciudad se han detectado numerosos casos de cáncer, incluso en chicos de 5 a 9 años. En esta localidad se encuentran además empresas de Biodiesel que arrojan sus desechos al río o corporaciones como DOW Química, responsable del desastre de Bophal -India- donde murieron más de 20.000 personas por un escape de gas tóxico; a lo cual se agrega un incinerador de residuos peligrosos de la empresa Pelco, que despide al aire dioxinas y toxinas cancerígenas. Esta irresponsable permisividad ha convertido a Puerto General San Martín en una Zona de Sacrificio, donde gobernantes y empresarios cuyas acciones rozan la criminalidad, han decidido lucrar a costa de la salud de sus habitantes.

Ante esa situación desesperante, la agrupación Vecinos Autoconvocados por la Vida comienza a reclamar el cierre de la fábrica de pinturas -proponiendo incluso una reubicación de sus 30 ó 40 trabajadores- y un control más estricto del comportamiento impune de las empresas cerealeras y mineras que exportan sus productos desde ese puerto: la lucha de los Vecinos Autoconvocados se centra en informar a los habitantes de la gravedad de los problemas, mediante pasacalles y alguna pintada. La respuesta del demócrata Carlos De Grandis fue contundente: Daniel Núñez, uno de los integrantes de la agrupación, es empleado de la Municipalidad y, como castigo ejemplar, recibió una suspensión de 90 días hábiles bajo acusación de haber deteriorado paredes con pintadas. De este modo, esa ciudad de unos 15.000 habitantes concentra como un doloroso paradigma un conjunto de males que azotan al pueblo argentino: fraudes electorales; corrupción de funcionarios y negocios espurios; impunidad de las corporaciones; muertes y enfermedades por contaminación irresponsable; castigo y criminalización de la protesta social; silencio de la prensa cómplice. Pero también Puerto General San Martín es un paradigma de ese "subsuelo de la Patria" que defiende su dignidad y su derecho a una vida digna: porque no los han vencido y con su conducta demuestran una vez más la existencia de un potencial humano capaz de construir un proyecto nacional basado en valores muy diferentes.