El secretario Martín Fresneda y el engaño de los "derechos humanos concretos" / Apoyo de Bonfatti a la criminalidad policial / Magallanes: Derrotado con organización y lucha / Dos derrotas para la criminalización de la protesta / Fernando Carrera, otro ejemplo de causas armadas.

En su reciente visita al Congreso, el flamante secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, sostuvo que "los derechos humanos deben ser una herramienta de transformación y favorecer a los sectores más vulnerables". El diario Página/12 señaló que Fresneda, coincidió con los objetivos que se trazó la comisión que preside Remo Carlotto en la Cámara baja. Según el diario oficialista, estos objetivos serían "erradicar la ‘violencia institucional’ y poner fin a los ‘castigos’ que aplican a detenidos las fuerzas penitenciarias y de seguridad, adecuar las legislaciones provinciales a los estándares internacionales sobre la materia y lograr consenso social para avanzar en la construcción de nuevas herramientas que resguarden los derechos humanos".

No está de más recordar Remo Carlotto, entonces secretario de DDHH provincial, fue el que dio la orden al Servicio Penitenciario Bonaerense para que no dejaran entrar a los abogados de CORREPI a ver a los presos de la marcha contra Bush, que estaban en Batán la noche del 5 de noviembre de 2005, con el argumento de "ya están acá los de DDHH".

Por otra parte, no es una cuestión de jurisdicciones provinciales, como si a nivel federal el respeto de los derechos humanos fuera una constante. Más bien todo lo contrario. Desde 2003 hasta la fecha, este es el gobierno con más casos de gatillo fácil y muertes en centros de detención desde la vuelta de la democracia. Desde 2003 hasta la fecha, 17 personas fueron asesinadas en el marco de la protesta social; se encarceló a más de un centenar de luchadores y se criminalizó a miles de ellos, mediante el armado de causas penales, algunas con figuras penales gravísimas, utilizando las tareas de inteligencia que realizaron sobre las organizaciones populares, como las del Proyecto X.

Además, pese a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Bulacio" en 2003, el gobierno nacional mantiene la legislación que autoriza las detenciones arbitrarias. Tanto es así que en 2010, en las últimas "Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de la ONU" sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la Argentina, el Comité manifestó su preocupación "por la subsistencia de normas que otorgan facultades a la policía para detener personas, incluidos menores, sin orden judicial anterior ni control judicial posterior y fuera de los supuestos de flagrancia, por el único motivo formal de averiguar su identidad, en contravención, entre otros, del principio de presunción de inocencia."

Sin embargo, insistiendo en su discurso progresista, el secretario Fresneda dijo: "Queremos convertir los derechos humanos en hechos concretos", para lo cual, el primer hecho concreto sería renombrar la estación de tren de Avellaneda, que se pasará a llamar Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Una medida simbólica, para obtener legitimación, que no convierte a los derechos humanos en hechos concretos. Máxime cuando varios de los responsables del asesinato de Maxi y Darío, como el senador Aníbal Fernández, son miembros fundamentales del gobierno que integra Fresneda.

Esta es la tarea de estos progresistas, inculcar a las masas la falsa idea de que en una sociedad dividida en clases, como la capitalista, donde existen una mayoría de pobres y una pequeña minoría de ricos, cuya riqueza es custodiada por un estado armado hasta los dientes, los derechos humanos pueden convertirse en hechos concretos. Apoyo de Bonfatti a la criminalidad policial

En la semana que pasó, desde la gobernación de Santa Fe, Antonio Bonfatti decidió echar al ministro de Seguridad de la provincia, Leandro Corti. Santa Fe, una de las provincias más pobladas del país, está siendo bombardeada por el discurso de la "inseguridad", mostrando en sus estadísticas que es un distrito con elevado índice de homicidios y robos. Y el costo político de esta situación se lo hicieron pagar al ex ministro. Los medios hablan de un asesinado por día por la "inseguridad". De lo que nadie habla, es de las grandes cifras de pobreza y marginalidad que posee la provincia y de cómo la policía y las fuerzas de seguridad utilizan este terreno fértil para manejar impunemente el negocio de las drogas, los robos y la trata de personas.

Santa Fe tiene históricamente uno de los mayores índices de criminalidad policial, superando a la ciudad y provincia de Buenos Aires, a Córdoba y Mendoza en relación a la cantidad de habitantes. Ejemplo reciente de esto es el renombrado caso del asesinato de los tres militantes del Frente Darío Santillán por la disputa por un negocio en uno de los barrios más humildes de Rosario, entre los transas y la comisaría del lugar. Este hecho puso en el tapete la criminalidad policial que existe corrientemente.

En esta circunstancia, Corti hizo un intento por despegarse del asunto involucrando a la policía con los negocios del narcotráfico (dato que para nadie es una novedad). Pero, para esta denuncia, no contó con el apoyo del gobierno provincial que se la hizo pagar echándolo del cargo y responsabilizándolo de la situación. Así dirimen sus internas y cuidan sus negocios. Evidentemente, el gobierno de la provincia dice que intenta "combatir el delito" con más policía y fuerzas de seguridad en las calles y no está dispuesto a que esta salida sea cuestionada.

Es importante reiterar que Santa Fe, además de encabezar el ranking en materia de asesinatos por el gatillo fácil y tortura en cárceles y comisarías, sostiene un aparato represivo que utiliza a diario las detenciones arbitrarias para amedrentar en las barriadas más pobres en el ámbito urbano, y que asola el medio rural con su versión criolla de los "rangers", los célebres Pumas que gerencian el abigeato (robo de ganado). Ni hablar de las pistas "clandestinas" (todos saben dónde están) para el narcotráfico y el contrabando en general, o los enormes negociados policiales con los vales de nafta, las horas adicionales y otros escándalos que cada tanto aparecen, se llevan una o dos cabezas, y sigue.

Nosotros sabemos que "inseguridad" es más policía en la calle. Y que los gobiernos, tarde o temprano, más progres o más de derecha, despliegan todas sus fuerzas para su seguridad y no para la del pueblo.

En la semana que pasó, desde la gobernación de Santa Fe, Antonio Bonfatti decidió echar al ministro de Seguridad de la provincia, Leandro Corti. Santa Fe, una de las provincias más pobladas del país, está siendo bombardeada por el discurso de la "inseguridad", mostrando en sus estadísticas que es un distrito con elevado índice de homicidios y robos. Y el costo político de esta situación se lo hicieron pagar al ex ministro. Los medios hablan de un asesinado por día por la "inseguridad". De lo que nadie habla, es de las grandes cifras de pobreza y marginalidad que posee la provincia y de cómo la policía y las fuerzas de seguridad utilizan este terreno fértil para manejar impunemente el negocio de las drogas, los robos y la trata de personas.

Santa Fe tiene históricamente uno de los mayores índices de criminalidad policial, superando a la ciudad y provincia de Buenos Aires, a Córdoba y Mendoza en relación a la cantidad de habitantes. Ejemplo reciente de esto es el renombrado caso del asesinato de los tres militantes del Frente Darío Santillán por la disputa por un negocio en uno de los barrios más humildes de Rosario, entre los transas y la comisaría del lugar. Este hecho puso en el tapete la criminalidad policial que existe corrientemente.

En esta circunstancia, Corti hizo un intento por despegarse del asunto involucrando a la policía con los negocios del narcotráfico (dato que para nadie es una novedad). Pero, para esta denuncia, no contó con el apoyo del gobierno provincial que se la hizo pagar echándolo del cargo y responsabilizándolo de la situación. Así dirimen sus internas y cuidan sus negocios. Evidentemente, el gobierno de la provincia dice que intenta "combatir el delito" con más policía y fuerzas de seguridad en las calles y no está dispuesto a que esta salida sea cuestionada.

Es importante reiterar que Santa Fe, además de encabezar el ranking en materia de asesinatos por el gatillo fácil y tortura en cárceles y comisarías, sostiene un aparato represivo que utiliza a diario las detenciones arbitrarias para amedrentar en las barriadas más pobres en el ámbito urbano, y que asola el medio rural con su versión criolla de los "rangers", los célebres Pumas que gerencian el abigeato (robo de ganado). Ni hablar de las pistas "clandestinas" (todos saben dónde están) para el narcotráfico y el contrabando en general, o los enormes negociados policiales con los vales de nafta, las horas adicionales y otros escándalos que cada tanto aparecen, se llevan una o dos cabezas, y sigue.

Nosotros sabemos que "inseguridad" es más policía en la calle. Y que los gobiernos, tarde o temprano, más progres o más de derecha, despliegan todas sus fuerzas para su seguridad y no para la del pueblo.

Raúl Magallanes, el policía de la dictadura que, de la mano del kirchnerismo, pretendía asumir como Consejero Escolar en Lomas de Zamora, fue nuevamente derrotado por los Trabajadores de ATE SUR, organizados solidariamente con un conjunto importante de compañeros y otras organizaciones.

Impedido de asumir el cargo por la movilización y el repudio de los trabajadores, luchadores y organizaciones sociales y políticas, promovió una querella contra cinco compañeros de ATE SUR, pretendiendo convertir la denuncia pública por su directa implicancia en actividades represivas del estado entre 1973 y 2003 en "difamación".

Los compañeros de ATE SUR, con la defensa y el asesoramiento -entre otras organizaciones- de CORREPI, y en el contexto del llamado ESPACIO MAGALLANES, demostraron la precariedad de la querella y la veracidad de la denuncia originaria, con lo que el juzgado correccional no tuvo otra opción que rechazar el planteo del policía represor, devenido en frustrado candidato kirchnerista.

El caso revela la inconsistencia de la llamada "política de DDHH" del gobierno, toda vez que, de la mano de ese sector del peronismo, alguien vinculado a la represión pudo reciclarse como funcionario de la llamada democracia.

Revela también el valor que cobran las conductas de los trabajadores y organizaciones sociales y de DDHH cuando se asumen como independientes del estado, sus gobiernos y partidos afines.

El caso además, reivindica el aporte de quienes, a través de la movilización y la lucha organizada, frenan esta nueva afrenta a la memoria y continúan la lucha de los compañeros víctimas de los aparatos represivos del estado.

Y por la naturaleza de la defensa invocada, destaca el necesario aprovechamiento de los recursos técnicos, puestos al servicio de los intereses de la clase que generalmente recibe en tribunales los mandobles de la selectividad penal, cuando no, la criminalización de su protesta.

Magallanes, el policía de la dictadura devenido en candidato kirchnerista, volvió a perder, y con él, el uniforme del estado en cualquiera de sus versiones. Le ganaron los trabajadores organizados en el "ESPACIO", el mismo que entendió que había que defenderse, también, con todos los recursos técnicos y procesales, pero priorizando la movilización y denuncia pública. Es que defenderse en tribunales es importante, pero con la organización, la movilización y la lucha, ganar, se gana en la calle.

Esta semana, dos causas penales contra trabajadores antiburocráticos, en un sector clave como el transporte público de pasajeros, terminaron con la derrota de la política oficial de criminalizar la protesta.

Por una parte, La Cámara Federal de La Plata sobreseyó a cuatro acusados de cortar las vías del ferrocarril Roca cuando reclamaban la incorporación de tercerizados y una recomposición salarial. La causa se inició por una denuncia del entonces Secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, y directivos de UGOFE, después de que, el 23 de diciembre de 2010, los trabajadores se manifestaran junto a las vías en del ferrocarril Roca en Avellaneda, reclamando al ministerio de Trabajo y a UGOFE la reincorporación de ex empleados, el pase a planta permanente de trabajadores tercerizados y del área de limpieza y una recomposición de salarios.

Por orden del juez federal de Quilmes Luis Armella, fueron inmediatamente detenidos los trabajadores Omar Merino y Darío Hospital, y se libró orden de captura contra Miguel Morales, de la agrupación Causa Ferroviaria como los anteriores, y el dirigente del Polo Obrero Eduardo "Chiquito" Belliboni. Las "pruebas" en su contra se redujeron a las declaraciones de los policías de la División Roca que los señalaron, los mismos que, a partir del testimonio de esos compañeros, entre otros, irán a juicio por el asesinato del compañero Mariano Ferreyra el próximo 6 de agosto.

La fuerza de la movilización acompañó el reclamo por la libertad de los compañeros Merino y Hospital, que llegaron a la Plaza de Mayo en el marco de una multitudinaria marcha. Pronto, los compañeros de APEL lograron la eximición de prisión de Belliboni y Morales, pero con igual rapidez el juez federal, siempre apoyado en el testimonio de policías y funcionarios de UGOFE, dictó su procesamiento por el corte, agregando el delito de "extorsión".

Esta semana, la cámara federal de La Plata debió reconocer que toda la causa contra los compañeros se encuadraba en la serie de protestas y reclamos que los ferroviarios venían haciendo, incluendo la marcha en la que fue asesinado el militante del PO Mariano Ferreyra, en octubre de 2010, y la posterior por la que aún están procesados, pronunciamiento apelado ante esa misma cámara, un conjunto de vendedores ambulantes del Roca y militantes de la TPR, defendidos por CORREPI.

"Podemos afirmar que nos encontramos ante una protesta de personas, que acudieron a medios de fuerte repercusión para atraer la atención pública sobre sus legitimas demandas", tuvieron que decir los jueces Leopoldo Schiffrin, César Alvarez y Olga Calitri. Y concluyeron que los compañeros, como sostuvo su defensa, no cometieron delito alguno.

Casi simultáneamente, y acompañados también por una gran movilización, fueron absueltos los compañeros Néstor Marcolín y Yuren Pérez Cardona, trabajadores de la línea 60, acusados por el delito de "amenazas" por haber exigido a un encargado que deje sin efecto una arbitraria e ilegal suspensión contra un trabajador.

En su caso, no fue la justicia federal, sino la de la ciudad de Buenos Aires la que se ocupó de defender los intereses de la empresa DOTA, que viene queriendo imponer condiciones laborales que violan el Convenio Colectivo de Trabajo y las leyes laborales. La defensa técnica, asumida por compañeros de CADEP, logró su absolución en el juicio oral al que fueron sometidos.

Dos triunfos a los que llegamos a fuerza de organización y lucha, que deben reiterarse en la defensa de cada compañero represaliado por luchar.

El 25 de enero de 2005, el barrio de Pompeya fue escenario de un hecho trágico, y del inicio de una injusticia que, por 7 años, sirvió para tapar una realidad cotidiana: que la policía tiene luz verde para disparar a cualquiera en cualquier momento, armar causas y hacer lo que le plazca con la vida de los que caen en sus manos.

Fernando Carrera fue excarcelado el miércoles pasado, luego de estar 7 años y 5 meses preso por lo que los medios denominaron "La masacre de Pompeya". Es que ese día, perdieron la vida dos mujeres y un niño de 6 años. Ese día, la comisaría 34ª recibió dos denuncias por robos cometidos con un auto parecido al de Fernando. Él iba conduciendo, cuando en la esquina de Sáenz y Centenera vio que, de un Peugeot negro sin identificar, lo apuntaban con un arma. Trató de escapar, creído que era un robo. En el Peugeot iban policías de la comisaría 34ª, quienes dispararon 18 veces sobre el auto de Carreras. Ocho proyectiles lo atravesaron, incluyendo balas de punta hueca calibre 11.25 y 9mm, lo que hizo que perdiera el conocimiento y el control del vehículo, desembocando en el trágico final.

Los policías, ni lerdos ni perezosos, al ver que se habían equivocado de auto, le plantaron un arma (perro) y recurrieron a testigos falsos, como Rubén Maugeri, presidente de la Asociación de Amigos de la Comisaría 34ª, para armar la causa que resultó en la condena a 30 años de prisión. Cualquier parecido con la Masacre de Wilde de la bonaerense, no es mera casualidad.

Fernando fue torturado para que "se hiciera cargo" de los robos y las muertes, y, a pesar de que era evidente el armado de la causa, fue condenado a 30 años de prisión. La denuncia y la repercusión pública del caso a través de la película "El Rati Horror Show" finalmente forzó a la Corte Suprema a anular su condena, y a ordenar a la Cámara de Casación a dictar un nuevo pronunciamiento, lo que permitió la excarcelación de Fernando Carrera.

No podemos dejar de mencionar a los medios de comunicación, que siempre dan por cierta la versión policial de los hechos. En este caso se lucieron particularmente, a tal punto que, ese día, faltó poco para que a Fernando lo lincharan en plena calle.

Un caso que demuestra lo eficiente que son la policía y los jueces en materia de control social: la policía armas causas, la justicia sentencia, y, si no hay movilización y denuncia, nadie duda de la causa armada.