La tensión desatada entre moyanistas y disidentes al interior de la CGT preludia una nueva fractura en el movimiento obrero. La actitud del Ministerio de Trabajo ante la impugnación del proceso de renovación de autoridades, presentada por la frágil coalición de dirigentes que se opone a la reelección de Hugo Moyano, indica que este resultado se encuentra previsto, e incluso en cierto modo alentado por Balcarce 50.

Ahora bien, este escenario de fractura ha sido asociado a un efecto de debilitamiento del sindicalismo opositor en la Argentina. Si eso es lo que cree el gobierno, se equivoca. Basta con ver la curva de convenios colectivos homologados por el Ministerio de Trabajo desde 2005, y contrastarla con aquella que sigue los conflictos laborales, para percibir que, en el período kirchnerista, ambas se comportan de manera inversa. Dicho de otro modo, la intervención del gobierno a favor de los sectores empleados bajo convenio, con salarios más altos que la media, desarmó muchos conflictos y sirvió a los fines de limitar las reivindicaciones obreras a márgenes considerados razonables por los funcionarios del área.

Asimismo, el intento moyanista de recuperar los lugares perdidos por el movimiento obrero organizado en el seno del Partido Justicialista, aunque signado por el fracaso a causa de la oposición de los mandos territoriales de los municipios y gobernaciones, había jugado un papel importante en la contención de los reclamos salariales.

Hoy el contexto es netamente distinto. Las pautas salariales propuestas por el gobierno son netamente inferiores, tanto a lo que pretenden los líderes gremiales, como a las expectativas de inflación para el año en curso. Por otra parte, el desplazamiento de Moyano, lejos de implicar una mayor paz social, rompe con la relativa tregua laboral que su sector había propuesto en la etapa en que pretendía acrecentar su participación en el proyecto político del oficialismo.

Por paradójico que resulte, una vez que Moyano quede fuera del nuevo elenco de la CGT, se verá liberado de todo compromiso con el gobierno, y podrá converger en forma abierta, como ya anticipan algunos conflictos puntuales, tanto con la CTA de Pablo Micheli, como con sectores de la oposición que garanticen el impulso a su agenda sectorial. Y no debiera descartarse que la nueva conducción del sector que "responde" a Caló se sume en cuestiones que, como los fondos de las obras sociales, el mínimo no imponible y los topes al salario familiar, forman parte de una agenda gremial común que el gobierno es renuente a negociar.

En cualquier caso, en un escenario dominado por expectativas recesivas y un mercado laboral fuertemente fragmentado, la ilusión del oficialismo –a saber, que es posible controlar por medios políticos la protesta social debido al alto consenso que ostentaría la primera mandataria desde las últimas presidenciales- es un nuevo pecado de voluntarismo, uno más, que se suma a los varios ya observados en la presente gestión. Lo contrario, esto es, una agudización de los conflictos sociales y laborales, parece francamente mucho más probable.

Ezequiel Meler, Profesor de Historia (UBA)