PRENSA RED

En la Cámara 1ª del Crimen en Tribunales II, se inició el Primer Juicio Penal en Latinoamérica a Productores y Fumigadores por contaminación con agroquímicos en barrio Ituzaingó Anexo. Dos productores sojeros y un aeroaplicador enfrentan penas entre tres y diez años de prisión.

Después de más de diez años de lucha de las Madres de barrio Ituzaingó Anexo, se lleva a cabo en la provincia de Córdoba el primer juicio penal por fumigación. Dos productores y un aerofumigador de la zona tendrán que afrontar los cargos de delito penal de violación el artículo 55 de la Ley Nacional de Desechos Peligrosos (24.051). Sin embargo lo que el juicio abre es la posibilidad de sentar antecedente ante la expansión de la frontera sojera y el uso de agroquímicos como el glifosato y endosulfán en las fumigaciones.

Este juicio es el primero en América Latina en demandar por fumigación a productores, cuestión que mantiene en la mira el proceso judicial tanto a las organizaciones territoriales y en defensa del ambiente como a productores, laboratorios y otras empresas beneficiada por el modelo de agronegocios.

Los acusados de este proceso son los productores agropecuarios Francisco Parra, Jorge Gabrielli y el aerofumigador Edgardo Pancello. Son dos causas una presentada en el 2004 y otra en 2008 que retoman las primeras denuncias del grupo de Madres de Ituzaingo Anexo desde fines del 2001 que comienzan a investigar y alertar sobre crecimiento de casos de cáncer y malformaciones en el barrio.

La acusación, a cargo del fiscal Carlos Matheu, se enmarca en la violación del artículo 55 de la ley nacional de desechos peligrosos (24.501), y el artículo 200 del Código Penal, que otorga penas de entre tres y diez años de prisión.

La denuncia, emprendida por Medardo Ávila (entonces subsecretario de salud de la municipalidad) y Dario Avila (abogado querellante), permitió el allanamiento de los campos por orden del fiscal Carlos Matheu, lugar donde se descubrió glisfosato y endosulfán. Asimismo, la ley provincial 9.164 prohíbe el uso de este tipo de químicos dentro de un radio de 500 metros para el primero y 1500 metros para el segundo, del límite de las zonas urbanas.

La relación entre los agroquímicos con los que se fumigan los extensos campos de soja y el crecimiento de malformaciones y cáncer en las poblaciones aledañas es parte del nodo central que sostiene al juicio. Los números han crecido desde los primeros registros después del 2001 y en forma alarmante.

Según el informe de 2012 de la Red de médicos de pueblos fumigados: "los datos de los registros civiles a los que hemos podido acceder, encontramos que más del 30% de las personas que mueren en estos pueblos fallecen por cáncer, mientras que en todo el país ese porcentaje es menor a 20%.

La mortalidad por cáncer aumentó claramente en estas áreas, siendo éste un fenómeno nuevo, detectado por nuestros colegas desde el año 2000 y no verificado antes. Curiosamente, la fecha coincide con la expansión del consumo de glifosato y otros agroquímicos que son masivamente aplicados en la zona".

Esta expansión se inicia a mediados de la década del ´90, marcado por la implantación de la semilla de soja transgénica, conjuntamente con la aplicación de la siembra directa y el uso de agroquímicos (el glifosato).

Si bien durante esta década crecerán otros cultivos (entre los cereales el trigo y el maíz, y en las oleaginosas el girasol) la soja fue el complejo exportador por excelencia llevando al crecimiento del desmonte y la siembra en campos próximos a centros urbanos. Desde allí que este juicio se convierte en un caso testigo para las discusiones sobre la salud pública y el monocultivo de soja transgénica en la región.