Claudio Lozano

IPYPP

Un relato oficial descabellado pretende vestir con discurso progresista y transformador las medidas adoptadas para administrar la escasez de divisas (dólares) de la economía argentina, cuando en la práctica no constituyen otra cosa que un intento tardío y desprolijo de ahorrar dólares (a como dé lugar) con el solo objetivo de pagar deuda pública. Los mismos que bajo el eufemismo del "desendeudamiento" nos decían que habían terminado con el problema de la deuda, corren hoy presurosos en la búsqueda de divisas para afrontar vencimientos que superan los U$S 10000 millones.

Vencimientos del Boden 2012 (bono jamás revisado e hijo de la pesificación asimétrica y el subsidio descomunal con que los bancos fueron premiados a la salida de la convertibilidad) y del cupón PBI (resultado de la alquimia financiera de los canjes de deuda supuestamente exitosos, y que en la práctica transformaron lo que se presentó como quita a los acreedores en un pago futuro infernal asociado al crecimiento de la economía argentina)

Estos dos bonos que se vencen este año insumen por sí solos el 60% del saldo comercial total que puede generar la economía nacional.

Entender que a la Argentina resultante del crecimiento sin cambios estructurales que hemos vivido desde el segundo trimestre del año 2002 no le sobran hoy los dólares, es bastante sencillo. Hoy nuestro país produce como resultado de su comercio exterior unos U$S 10000 millones.

Si se toma en cuenta que la "fuga de capitales" insumió unos U$S 20000 millones en el 2011 y que tal cual dijimos los vencimientos por deuda superan los U$S 10000 millones, está claro que los dólares no alcanzan. Más aún, si se asume que cada punto de crecimiento de la economía multiplica por tres los dólares necesarios para comprar al exterior lo que aquí no se produce pero que dado el patrón productivo y de consumo vigente se demanda.

A esto hay que agregar los pagos de utilidades al exterior que realizan las subsidiarias de las firmas trasnacionales que dominan núcleos fundamentales de la economía argentina y también, por cierto, los dólares que se van por el turismo al extranjero.

Obsérvese que por detrás de cada concepto mencionado, están las cuentas pendientes de un gobierno que en ningún momento incorporó en su agenda la modificación del comportamiento económico de actores sociales concretos que es imprescindible cambiar si es que en la Argentina queremos abrirle la puerta a una estrategia de desarrollo.

Los compromisos por deuda que tenemos y que inciden negativamente en las cuentas del balance de pagos son el resultado de la decisión de no revisar política y jurídicamente el proceso de endeudamiento y de haber aceptado como lógica de resolución del problema la "lógica financiera de la deuda"

El monto infernal de fuga de capitales descripto anteriormente para el año 2011 (U$S 20000 millones) tiene que ver con no haber alterado (mediante regulaciones públicas) la lógica de acumulación rentista que mantienen en la Argentina los capitales dominantes. Revela también el fracaso (que en términos de inversión) exhibe la economía nacional en este tiempo de crecimiento a tasas chinas. Desinversión que explica las modificaciones en el sistema de precios que se observan desde el 2007 y que se reflejan en la dispar evolución entre los precios internos y el dólar.

A su vez, el crecimiento geométrico de las importaciones es resultado de la ausencia de una estrategia de cambio productivo y de la falta de una política industrial. O lo que es peor aún, de haber validado como razonable el perfil productivo resultante de la reestructuración noventista. Por otra parte, el modo en que se multiplicaron los pagos de utilidades al exterior es el resultado de no haber reformulado el vínculo con el capital extranjero en función de un balance neutro o positivo en materia de divisas y de objetivos nacionales de desarrollo productivo. Por último, el Turismo al exterior es reflejo tanto del atraso cambiario validado por la política oficial desde el 2007 en adelante, como de la importancia que el Gobierno nacional le ha otorgado al consumo superior (el de los ricos) asociado a autos, inmuebles y turismo en el extranjero.

En suma, es la ausencia de modificaciones de fondo en los tópicos fundamentales que definen el funcionamiento económico de la Argentina, lo que explica los problemas de esta coyuntura. Problemas que a su vez son asumidos por el gobierno nacional de manera absolutamente cortoplacista y sin inscribirlo en estrategia alguna. El único objetivo es tratar de ahorrar dólares para que los pagos por deuda pública no se noten demasiado en la caída de las reservas del Banco Central. Con este objetivo se frenan importaciones favoreciendo la caída en el nivel de actividad económica, se limita de modo coyuntural y sin replanteo alguno la fuga de capitales al exterior, y el pago de utilidades, y se establece mayor control sobre el turismo al extranjero. En concreto, luego de haber dilapidado dólares y oportunidades inmejorables en los últimos años, el Gobierno nacional ha decidido pagar con menos actividad económica, menos empleo, deterioro del poder adquisitivo y complicaciones para la vida de las personas, la necesidad de ahorrar dólares para pagar la deuda.

Resultan absurdas y sencillamente impresentables las argumentaciones oficiales que pretenden justificar lo que hoy ocurre, invocando el objetivo de pesificar la economía o de sustituir importaciones. La discusión valida de recuperar una moneda local que además de permitir las transacciones comerciales sirva como reserva de valor, resulta sepultada por un gobierno en el que sus funcionarios desde su presidenta para abajo, ahorra en dólares. Y es casi una ironía plantearlo en un contexto donde el ahorro en pesos convive con una tasa de interés inferior a la inflación y una disparada del dólar paralelo. En términos más estructurales, resulta imposible generar condiciones para fortalecer la moneda local si no se replantea por vía de la regulación pública el comportamiento del capital concentrado. Sin transformar la fuga de capitales en inversión productiva y sin elevar de manera sustantiva el porcentaje de utilidades que las empresas transnacionales invierten en la economía local, pensar en tener una moneda que pueda actuar como reserva de valor es una verdadera fantasía. El otro argumento propio de una picaresca que casi ofende a la inteligencia, es el que asocia el momento actual con la sustitución de importaciones. Difícilmente haya sustitución de partes, piezas o bienes de consumo final importados por productos localmente fabricados, en un contexto donde el crecimiento de la economía se detiene.

En este sentido, lo que no hubo fue sustitución de importaciones mientras la economía crecía y esa es una de las razones por las cuales la decisión de ahorrar de divisas se transforma hoy en estancamiento y caída de la actividad económica.

Más allá del debate sobre el dólar paralelo que la coyuntura impone como dominante, entendemos imprescindible observar esto como un síntoma más y no como el problema fundamental. Síntoma de la desarticulación paulatina que viene exhibiendo la política económica oficial desde el año 2007, síntoma también de que en la Argentina se terminó la fase de crecimiento acelerado del PBI, y señal de que hemos ingresado en una etapa de estancamiento o crecimiento lento en el marco de un proceso devaluatorio. Más aún, los números de Abril indican que la gestión de la coyuntura que lleva adelante el gobierno nacional induce incluso un fenómeno recesivo. Comparada con Abril del año pasado la economía aparece estancada y en declive respecto a Marzo de este año. La producción industrial cae respecto al mismo mes del año pasado como resultado de un descenso del 13% en el sector de maquinaria y equipo; un 22% en automotriz; un 12% en minerales no metálicos; un 1,5% en alimentos y un 1,3% en la industria textil. Registrar este comportamiento resulta fundamental desde el punto de vista político.

Una de las claves del consenso político construido por el gobierno nacional está asociado a la mejora en el nivel de vida de la población comparado con las honduras de la crisis del 2002. Esta mejora no supone haber resuelto la problemática social de la Argentina. De hecho, nuestro país, en este aspecto, revela una manifiesta fragilidad. Siete de cada diez trabajadores ganan menos de $5000, el ingreso promedio de quienes están ocupados no supera los $3000 en un contexto donde una canasta familiar moderada para una familia tipo en la región metropolitana no baja de los $6200. Lo expuesto es el resultado de una situación donde el 53% de la fuerza de trabajo se encuentra en condiciones de precariedad laboral (8.800.000 personas) y cuyo efecto global es el hecho objetivo de que 6 de cada 10 hogares no logran reunir el ingreso equivalente a la canasta familiar mencionada y que tres de cada diez hogares son pobres.

Esta situación, que revela el hecho de que la Argentina en términos sociales está atada con alambres, vino siendo contenida en un marco de crecimiento económico y en base a un gobierno que pudo administrar un volumen importante de recursos públicos.

El dato político de este momento es que la economía se estancó, los recursos públicos no están (el déficit estimado para el Estado Nacional asciende a unos $70.000 millones, y el rojo agregado de las provincias suma unos $30.000 millones más) y que por lo tanto las condiciones para administrar y resolver el conflicto social han variado de manera sustantiva. En este marco es que deben entenderse las manifestaciones antisindicales del gobierno nacional, el reclamo reiterado de moderación para con las reivindicaciones salariales, la puesta en vigencia de la ley antiterrorista, el retorno al discurso de la competitividad y la asociación creciente con aquellas experiencias sindicales que fueron funcionales a la gestión menemista.

El problema no es el dólar, sino la evidencia de un cambio de etapa en la actividad económica de la Argentina. En este sentido corresponde precisar el diagnóstico. Desde nuestro punto de vista nuestro país ha transitado un período de crecimiento del PBI sin que se hayan producido cambios estructurales. Definimos estos cambios como aquel conjunto de innovaciones a desarrollar en el plano de las instituciones y de las regulaciones que permitan a la autoridad pública incidir en el proceso de inversión.

La ausencia de cambios en este sentido han dado como resultado la reiteración de una experiencia ya conocida en nuestro país. Si bien Argentina ha crecido a tasas importantes, la inversión no ha estado a la altura de las circunstancias. Existe un déficit en esta materia tanto en términos de magnitud como de calidad. Es común al señalar este punto encontrarse con el "latiguillo oficial" que nos dice que la inversión ha llegado a representar el 24% del PBI. Esta afirmación obtura el debate pasando por alto varias cuestiones. La primera consiste en entender que nadie afirma que no haya crecido la inversión en estos años. Lo que se está diciendo es que el comportamiento de esta variable (así como de todas) debe examinarse en relación a las demás. El nivel alcanzado es mucho o poco en relación a la tasa de crecimiento del PBI. Suele decirse que Argentina ha crecido a tasas chinas. Pues bien, lo que no ha tenido un comportamiento chino es la inversión. En China, el nivel de esta se ubica en torno al 48% del PBI y en la India asciende al 37% del producto. La segunda cuestión relevante remite a la composición que exhibe la inversión en nuestro país. Siete de cada diez pesos corresponden a construcción y material de transporte. Apenas tres pesos de cada diez tienen que ver con maquinaria, equipos, es decir, ampliación y modernización productiva. Pero además, la ausencia de una política local en materia de industria se exhibe en el hecho de que al considerar la evolución del sector de bienes de capital, el 60% corresponde a la importación de dichos bienes.

En concreto cinco de cada diez pesos de inversión tienen que ver con construcción ocupando un lugar relevante dentro de la misma el desarrollo de la construcción residencial y suntuaria. Información disponible indica que en distritos como la Ciudad de Bueno Aires la proporción que alcanza este tipo de emprendimiento asciende al 50% del total de la inversión en construcción. Otros datos de color ilustran lo expuesto. Resultado de este comportamiento de la inversión (que por cierto también fue característico de los momentos de crecimiento de la actividad económica en los noventa) la superficie que ocupan hoy los "barrios cerrados" en la región metropolitana duplica la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.

El comportamiento de la inversión centrada en "ladrillos" que además no resuelve el déficit habitacional sino que alimenta el "negocio inmobiliario", acompañado del predominio que adquiere la importación de bienes de capital, define el carácter especulativo de la inversión y evidencia la absoluta ausencia de una política industrial.

Este déficit en materia de inversión determina el congelamiento del patrón productivo heredado de la reestructuración posdictatorial en un marco de concentración y transnacionalización con predomino del capital extranjero, cuyos términos son aun más acentuados que a finales de los noventa. Es en este sentido que interpretamos los mayores niveles de actividad como inscriptos en un Régimen de crecimiento sin cambio estructural cuyo efecto en términos de déficit de inversión produce a partir del 2007 dos resultados simultáneos. Por un lado, la consolidación de una persistente tendencia al alza de los precios (con tasas de inflación en torno al 25% anual con la sola excepción del año 2009); y por otro la duplicación de la fuga de capitales. Estos efectos sumados a los límites que exhibe el perfil productivo y en el marco de una coyuntura mundial que tenderá a complejizarse cada vez más, dieron como resultado un proceso de deterioro del poder adquisitivo de parte importante de la población, el debilitamiento en la capacidad de generación de empleo, la volatilidad en el comportamiento de la actividad económica y una tendencia progresiva a ingresar en una fase de estancamiento o crecimiento lento.

Lo expuesto debe traducirse en términos políticos para situar el debate principal que debemos dar los argentinos.

Por detrás del déficit de la Inversión se encuentra el comportamiento empresarial que produce una economía de elevada concentración y extranjerización.

Comportamiento que destruye tanto las argumentaciones de corte neoliberal como también aquellas que podemos ubicar como dominantes hoy y que transitan por el carril del neodesarrollismo. En la primera de las concepciones, la desregulación y la vigencia de los mercados debieran posibilitar el comportamiento dinámico y virtuoso en términos de inversión por parte de la cúpula empresarial. En la segunda, el sostenimiento de la demanda interna y mundial acompañada incluso de ingentes subsidios debería producir el mismo efecto. La experiencia indica que una economía como la Argentina de elevada concentración y extranjerización asociadas a la explotación y comercialización de los recursos naturales y de los principales insumos básicos, produce en ambos contextos (neoliberal y neodesarrollista) la posibilidad de que los principales capitales apropien ganancias extraordinarias con bajos niveles de inversión. No hay por lo tanto comportamiento virtuoso de la cúpula empresaria sin una intervención de carácter público que vía profundas reformas institucionales y un replanteo general de la regulación y de la intervención pública en los principales mercados, permita reordenar en profundidad el sistema de precios, la lógica de la acumulación y, de ese modo, al patrón productivo y la distribución del ingreso.

Asimismo, debe precisarse que el comportamiento virtuoso tampoco se observa en el selecto grupo de "amigos empresarios" que aparecen asociados a la gestión gubernamental. Ni Lazaro Baez, ni Cristobal López, ni Cirigliano, ni Eskenazy parecen encuadrar en el molde de una burgesía nacional dinámica y emprendedora. Es más, en el último de los casos (Eskenazy) asociado al capital extranjero y con evidente aval gubernamental, se consumó un proceso mayúsculo de depredación medioambiental, dilapidación de la renta petrolera y vaciamiento de la empresa YPF.

En este sentido, la lógica del "capitalismo de amigos" puede alimentar negocios y fortunas privadas o sostener campañas electorales pero, en absoluto, favorecer el desarrollo de una burgesía nacional comprometida con el desarrollo productivo

Nos referimos a la necesidad de terminar con un tipo de gestión económica que hace de la resolución del problema inmediato su único objetivo. En la práctica observamos un gobierno que percibiendo (aunque no reconociendo) la desarticulación de su dispositivo de política económica (tipo de cambio "competitivo", superávit fiscal y superávit en divisas), pretende eludir el costo de un ajuste ortodoxo con el objetivo de mantener su legitimidad política, pero sin encarar un replanteo sistémico ya que este pone en cuestión sus propias bases de sustentación política.

El resultado del conflicto expuesto es un gobierno gestionando el día a día con el solo objeto de reproducir su permanencia en el poder. Así las cosas, el proceso que describe la coyuntura desde el 2007 hasta hoy, es el del mantenimiento a rajatablas de sus lineamientos existentes con la inclusión de definiciones que pueden tener un carácter estructural sólo si la coyuntura o más precisamente el debilitamiento político gubernamental lo hacen imprescindible. Esto lleva incluso a que el gobierno pueda adoptar definiciones que contradigan todo lo afirmado y hecho anteriormente. Es en este marco que, desde el 2007 para acá el gobierno reemplazó el ajuste ortodoxo por el ajuste inflacionario, negó la inflación pero convalidó negociaciones con proveedores, pautas salariales, evolución del gasto público y de los agregados monetarios, que reconocían fácticamente su existencia. Impulsó frente a las restricciones en materia de pesos y dólares, así como ante sus declives electorales, propuestas como la Asignación Universal por Hijo, la estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, el uso de reservas la Reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, la persecución cambiaria, la política sobre Malvinas y la estatización de YPF.

En todos los casos, la coyuntura se impuso y cada una de estas medidas fue acompañada por decisiones simultáneas o posteriores que evidenciaron que las mismas no se inscribían en una estrategia de replanteo sistémico. Así, la estatización de las AFJP no tuvo como objeto principal la reforma integral del sistema previsional y la mejora sustantiva de los haberes jubilatorios, sino el desvío de fondos con el objeto de financiar la estrategia oficial en materia de política económica. Las proclamas sobre Malvinas son simultáneas al incumplimiento de la ley 26559 que impide operar en nuestro territorio a aquellas empresas que actúan en la zona de litigio. La necesaria reforma a la Carta Orgánica aparece cuando el objetivo de seguir usando reservas se topa con el límite legal establecido por la ley de convertibilidad; y la estatización de YPF al tiempo que niega toda la política oficial en materia petrolera de los últimos nueve años, de manera insólita mantiene buena parte del andamiaje legal -regulatorio de los noventa.

La contradicción es el resultado del tipo de etapa política que transitamos. Una etapa donde la experiencia política de los sectores populares ha puesto límites infranqueables a cualquier intento de retorno a las políticas neoliberales, pero que en la práctica mantiene la gestión institucional del país en manos de las estructuras de poder más tradicional.

El hecho de que haya sido un reacomodamiento del Partido Justicialista bajo la modalidad Duhalde-Kirchner lo que resolvió la crisis de gobernabilidad del 2001, y no la emergencia de una fuerza política que enmarcada en los acontecimientos populares pudiera construir autonomía respecto a los distintos factores de poder, es lo que explica la contradicción que señalamos.

Hecha esta digresión de carácter político, retornamos al título de este punto. Nuestro país puede resolver la coyuntura económica que atraviesa. Dispone aún de condiciones económicas y de legitimidad política suficiente para hacerlo. Exige encarar con seriedad un replanteo sistémico que por definición implica discutir de otra manera el endeudamiento, la concentración, la relación con el capital extranjero y en ese marco la inversión y el rumbo productivo. Ocurre que los vasos comunicantes entre la estructura tradicional pejotista que sostiene al gobierno y los poderes involucrados en las cuestiones señaladas son, por demás importantes. Es difícil ver a los gobernadores avanzando con sus estructuras tributarias sobre los sectores dominantes de cada provincia y es también difícil pensar la reforma impositiva nacional (postergada sinedie) sin su correlato provincial.

Argentina necesita promover un acuerdo social que permita reordenar el sistema de precios en base a dos grandes objetivos. Por un lado, defender la vida y el consumo popular, y por otro relanzar el proceso de inversión transformando al Estado en motor (vía el impulso de grandes proyectos) del cambio productivo.

En esta dirección se imponen algunas definiciones:

* Establecer un sistema universal de políticas públicas que permita garantizar un consumo social básico al conjunto de los hogares por encima del umbral de la pobreza.

* Centralizar las principales operaciones en divisas de comercio y financiamiento en el Banco Central.

* Avanzar hacia la regulación pública sobre el comercio de granos.

* Construir un pacto sobre la cuestión fiscal que permita avanzar con una reforma impositiva de signo claramente progresivo y con la definición de un nuevo sistema de coparticipación. El objetivo debe ser fortalecer la autonomía en el desarrollo de los distintos territorios, con la construcción de políticas nacionales básicas que actúen como piso de garantías para los derechos sociales, el aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo productivo.

* La utilización de parte de las reservas disponibles para la construcción de la Red Ferroviaria Nacional, la reconversión y desarrollo de la industria naval, la inversión en el desarrollo hidrocarburífero y energético, así como la puesta en marcha de un proceso de modernización productiva e infraestructura social.

* Reforma integral del Sistema Financiero vinculando al crédito con el sostenimiento del consumo popular y el desarrollo sectorial y regional de un nuevo proyecto productivo.

* Instrumentación de un sistema de tipos de cambio múltiples asociados con el objetivo del desarrollo productivo. Las ideas de Marcelo Diamand pueden pensarse para este tiempo solo si se inscriben en un sólido control y administración de la oferta de divisas y en una diferenciación de los tipos de cambio en base a los niveles de complejidad productiva y no a la exclusiva distinción (que dicho autor hacía) entre agro e industria.

Nuestro país está en capacidad de fortalecer su desarrollo. Pero hacer posible este objetivo supone la construcción de una nueva experiencia política nacional. En esa tarea estamos comprometidos.