PRENSA OBRERA

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El 22 de mayo cobró estado público la renuncia a su cargo en el Ministerio de Seguridad Ciudadana -nada menos- del ex capitán del destacamento de Exploración de Caballería Montada 141 Fernando Chaín. El ahora ex funcionario alperovichista está siendo juzgado en Salta por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

En el gobierno provincial se hicieron los desentendidos: el ministro del área, Mario López Herrera, señaló que Chaín venía de la gestión anterior en el ministerio cuando estaba a cargo de Baillo, recordado no sólo por haber sido funcionario del genocida Antonio Domingo Bussi, sino por haber renunciado en medio del escándalo que produjo el crimen de Paulina Lebbos.

A su vez, Alperovich pretendió mostrarse sorprendido: "no estaba al tanto en absoluto. Por supuesto que hay directivas de no tener funcionarios de ese tipo, yo no sabía absolutamente nada ¡Cómo vamos a admitir eso!", cuestionó (La Gaceta, 25/5).

Pero esa pirueta se vino abajo cuando el propio hijo de Antonio Bussi, el legislador Ricardo Bussi, pasó lista de los ‘cuadros’ bussistas que hoy ocupan cargos destacado en el gobierno: "El primer dirigente que Alperovich incorporó a su gestión fue Baillo, un militar retirado y un bussista de la primera hora. Luego llamó a Miguel Brito, un ex soldado que estuvo bajo las órdenes de mi padre", dijo Bussi (ídem, 27/5). Además el hijo de Bussi destacó a los legisladores Víctor Lossi y Juan Gutiérrez -señalados como el corazón y el cerebro de su padre en el este tucumano-; el concejal Javier Moroff -fue abogado defensor del genocida-, y los ex legisladores Carlos Canevaro, Ramón Sierra Morales, Gustavo Rojas y Mariano Poliche. "Alperovich sabe perfectamente quiénes son sus funcionarios, de dónde vienen y hacia dónde van", ironizó Bussi (ídem).

En realidad, el gobierno de Alperovich es una cueva de elementos derechistas de todo color y pelaje. El gobierno ha impulsado la llegada de Juan Carlos Nacul como relator de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Nacul fue conocido en la provincia, no sólo por haber sido unos de los civiles destacados del levantamiento Carapintadas bajo la presidencia de Alfonsín, sino también por haber sido abogado defensor de Mario Oscar ‘Malevo’ Ferreyra, imputado por causas de lesa humanidad y condenado por fusilamiento de delincuentes.

Junto con Nacul, también han sido nombrado relatores en la Corte, Luis Acosta, defensor de Niño Gómez (asesino del Cacique Chocobar, e integrante del grupo parapolicial Comando Atila que dirigía precisamente el ‘Malevo’ Ferreyra), y López de Zavalía, un abogado que tiene 50 causas contra los pueblos originarios de la provincia.

La Nación sabe perfectamente lo que pasa en Tucumán; es decir, apaña a un gobernador que, a su vez, resguarda y da amparo a represores y a sus contactos.

El año pasado, el kirchnerismo envió el pliego de Nacul para que éste cubriera el cargo de juez federal N°2 de Jujuy. En esa oportunidad, ONG de Derechos Humanos impugnaron su nombre, alegando que fue funcionario de la dictadura, su conexión con el bussismo y su calidad de defensor del Malevo. Nacul, al final, optó por renunciar (La Gaceta, 27/5).

Todos estos hechos han merecido el repudio de Hijos de Tucumán, y el viernes una movilización de distintas comunidades Diaguitas se concentraron frente a los tribunales para repudiar estas designaciones.

La tríada Memoria, Verdad y Justicia sólo será satisfecha cuando todos los responsables del genocidio sean juzgados, condenados y cumplan su pena en cárcel común. Pero esto no sucederá bajo los gobiernos que mientras descuelgan el cuadro de Videla cobijan a sus cómplices militares y civiles.