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La ley 26.688 -aún no reglamentada por el P.E.- permitiría potenciar la producción pública y ahorrar en la inversión estatal y privada en salud.

El miércoles 6 de junio, se publicó en esta sección una columna titulada "Medicamentos: ¿cómo sustituir importaciones?" cuyo autor es Mario Barletta, titular del Comité Nacional de la UCR.

El texto comienza con una rotunda afirmación: "Salud para todos implica remedios para todos". Aunque el acceso a los medicamentos es sólo un aspecto de los muchos que deben considerarse para garantizar el derecho universal a la salud, no pretendemos polemizar sobre ello con Barletta, sino aportar una mirada complementaria al tema.

Basta con concurrir a una farmacia para comprobar que los remedios están caros, muy caros. Aun para los que obtienen descuentos por tener obra social o adherir a alguna prepaga. Que lo digan, si no, los afiliados al PAMI. Pero, según el último Censo Nacional, casi cuatro de cada diez personas carecen de obra social o de prepagas. Por lo general, pertenecen a los sectores más pobres de la población y ante un problema de salud acuden a los hospitales públicos donde, con suerte, logran que los abastezcan de la medicación necesaria. Si así no ocurre, cualquier tratamiento se torna ilusorio dado que el precio de los fármacos los torna inaccesibles.

En este marco, resulta importantísima la producción pública de medicamentos que realizan los laboratorios de la Nación, las provincias, los municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las fuerzas armadas y las universidades nacionales.

A modo de ejemplo, citaremos el caso del Laboratorio Central Tomás Perón, dependiente del Ministerio de Salud bonaerense. Durante 2011, allí se produjeron 70 millones de comprimidos entre antitérmicos y medicamentos para diabéticos, hipertensos y pacientes psiquiátricos que se distribuyeron en hospitales provinciales a un costo total de 600 mil pesos; es decir, ¡a menos de un centavo por unidad! En el territorio nacional, existen alrededor de cuarenta laboratorios dedicados a la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de fármacos, vacunas y productos médicos diversos. Su actividad ha sido declarada "de interés nacional" y sus productos entendidos "como bienes sociales" por la Ley Nº 26.688 sancionada sin oposición alguna por diputados y senadores hace casi un año.

Las disposiciones de esa norma permitirían no sólo potenciar la producción pública de medicamentos y condicionar sus precios de mercado, sino también generar intercambios interjurisdiccionales de lo fabricado con el consiguiente ahorro en la inversión estatal y privada en salud.

Lamentablemente, estas disposiciones no se aplican porque el Poder Ejecutivo aún no ha reglamentado la ley. Mientras tanto, los laboratorios privados siguen aumentando sus ganancias y la gente soportando duros golpes en sus bolsillos cada vez que intenta comprar un simple antibiótico.