LA ARENA

En los últimos años la causa judicial por la represión ilegal llevada adelante en La Pampa por el grupo de tareas de la Subzona 14 condujo a que documentación que antes no se conocía pudiera salir a la luz. Por ejemplo, después de años de afirmar que no había expedientes en la Jefatura de Policía, varios legajos y prontuarios fueron entregados a la Secretaría de Derechos Humanos después de la presentación de los querellantes en la nueva investigación abierta por el Juzgado Federal por secuestros y torturas en la provincia.

Sin embargo, todavía hay sitios con documentos a los que no se pueden acceder. Uno importante es el archivo de la Diócesis de Santa Rosa. Pero no sólo puntualmente por el material que pueda contener como prueba para una causa judicial, sino también para el rescate histórico de la institución en La Pampa.

El autor de la nota consultó al obispo Mario Poli sobre el acceso a esa información. Hasta ahora, no hubo un estudio sobre la creación del obispado en 1957, la actuación de Jorge Mayer (1957-1972) ni la de Adolfo Arana (1973-1983). El funcionario religioso respondió que no se podía acceder a la documentación y que sólo se desclasificaban los archivos de la diócesis con más de 60 años de antigüedad. Por lo que se pudo saber extraoficialmente es que son contadas las personas que han podido tener contacto con esos papeles, los más antiguos que se conservan, y siempre bajo la mirada atenta del obispo en la búsqueda de material histórico.

Llama la atención que un obispo como Poli, formado académicamente, ya que es doctor en Historia, y que ha tenido a cargo cátedras de estudios superiores sobre historia no permita el acceso. Y ello a pesar de haberse formado en los tiempos posconciliares. Para el eclesiástico, la concepción de la historia de la Iglesia católica es que sólo se debe "abordar desde la fe", según sus palabras. Por eso se traba su tratamiento como institución política o desde la misma religiosidad.

Esos archivos no sólo pueden dar cuenta de cuál fue la postura de la Iglesia pampeana durante los tiempos del terrorismo de Estado, sino abordar toda una etapa previa. Un ejemplo es la apertura que hubo con Mayer apenas terminado el Concilio Vaticano II a mediados de la década de 1960 y la incorporación de sacerdotes catalanes a la diócesis, algunos de los cuales tuvo posiciones militantes y hasta adhirieron al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo.

La apertura de archivos eclesiásticos no es la norma en la Iglesia católica argentina. El periodista Horacio Verbitsky en su historia institucional que le llevó cuatro tomos tuvo que hacerse con una copia no oficial de los expedientes del Episcopado ya que no le permitieron acceder a ese material.

En 2009, durante una entrevista, Verbitsky afirmó que los obispos "no escribieron ellos su historia porque la estrategia es la naturalización, la deshistorización. Es decir, la Iglesia asume la característica de la estampita o del crucifijo: está siempre presente pero no se ve. Participa en todo pero la estrategia es que no se vea".

Y continúa: "Dentro de esa estrategia de naturalización, la Iglesia es muy cerrada sobre sus archivos. A pesar de declaraciones como las de Bergoglio, que dice que no hay que temerle a la verdad de los documentos, cuando publican documentos los mutilan. Los censuran y pocas veces publican documentos. Niegan el acceso a investigadores, mienten: dicen que no existen documentos".

La Iglesia católica, su cúpula, ha sido un actor absolutamente central de la política argentina con participación en el derrocamiento de Juan Domingo Perón o en las dictaduras militares del general Juan Carlos Onganía o del denominado Proceso de Reorganización Nacional. De hecho, y tomando un ejemplo más cercano y de nuestros días, su papel fue preponderante en el veto que el gobernador Oscar Mario Jorge aplicó a la ley que buscaba establecer en la provincia un protocolo para los abortos no punibles en el año 2007. Y con argumentos conservadores.

Pero si la norma ha sido el ocultamiento, la generalización no sirve a todo el análisis. Hay ejemplos sobre la apertura de documentación desde la misma cúpula eclesial. Los archivos de la Iglesia le pertenecen a la institución, por lo tanto son particulares, de ahí que no sean de acceso libre para el público. En muchos obispados, en general, no hay problema con la consulta a archivos de más de 70 años, porque se considera que las personas involucradas ya han fallecido y su apertura no

afecta la reputación de ninguna persona viva. Pero sigue siendo una decisión local su consulta por parte de investigadores.

El caso de Córdoba es paradigmático. Gustavo Morello, sacerdote e historiador del papel de la Iglesia en el Terrorismo de Estado, indica que el Archivo de la Arquidiócesis de Córdoba facilitó al Archivo Provincial de la Memoria de esa provincia una serie de documentos vinculados a los años 70, que muestran el hostigamiento a sectores católicos cordobeses a partir de 1972. En esa provincia la ley provincial de la memoria pidió a todas las instituciones que tuvieran archivos vinculados a la represión ilegal que cedieran copias y así lo dispuso el obispo. Entre esa información se encontraron memos, notas y cartas enviadas y recibidas por el Arzobispado que hablaban sobre cómo se dio la represión ilegal contra miembros de la iglesia.

Por su parte, los archivos salesianos, si bien son de las instituciones, son de consulta pública. Y hay obispos que han tenido otra actitud con respecto a la revisión de la historia. En 2010, en Jujuy, se realizaron las Primeras Jornadas Internacionales de Historia de la Iglesia y la Religiosidad. En el acto de cierre, el por entonces obispo de esa provincia, Marcelo Palentini, hoy fallecido, estuvo presente dando su visto bueno al rescate histórico de la institución no sólo de hace tres siglos, sino también de los tiempos actuales.