A tres meses del triple crimen de Gabriel Jeremías Trazante, Claudio Damián Suárez y Adrián Leonel Rodríguez, cometido el primero de enero de 2012, por integrantes de una banda armada vinculada al negocio impune y liberado del narcotráfico en los barrios rosarinos, un fantasma recorre la ciudad: la naturalización de la corrupción policial y la impunidad de los delincuentes de guante blanco.

En las últimas horas, el poder judicial de la provincia ha tomado declaración a dos oficiales de la policía directamente vinculados al principal imputado del fusilamiento, Sergio "El Quemado" Rodríguez. Esos integrantes de la fuerza de seguridad fueron denunciados por la Comisión Investigadora Independiente en la síntesis del primer informe presentado a principios de abril.

Desde distintos nichos de los tribunales rosarinos se sabe que los jueces no harán una investigación integral.

Que la cadena de responsabilidades se cortará en el autor material de los disparos y sus principales cómplices.

Los policías señalados más los que aportaron en estos tres meses certezas sobre el funcionamiento y desarrollo del mercado ilegal de armas y rodados, quedarán, en el mejor de los casos, implicados en las famosas diligencias de "asuntos internos", la policía de la policía. Una repartición que parece destinada más que a castigar, a dejar pasar el tiempo para construir impunidad. Una repartición que debería llamarse "asuntos cerrados".

En los días finales de marzo, los familiares de los tres asesinados debieron soportar las amenazas con armas de fuego mediante, de los vinculados a otro de los clanes que parece trabajar para la policía en todo lo relacionado con el mercado ilegal de autos y motos robados. Hasta se llegó al colmo de encerrar a los amenazados y no a los amenazadores ante la vista cómplice de integrantes de la comisaría 15, la que tiene a su cargo la supuesta seguridad del barrio de Villa Moreno, donde se desarrollan estos hechos de sangre, impunidad y también de resistencia.

En forma paralela a la lucha de los militantes del Frente Darío Santillán, del cual participaban los tres asesinados, el gobierno de la provincia dispuso cambios en la cúpula policial rosarina y también se ha difundido la información que quince altos oficiales están siendo investigados por sus relaciones con el narcotráfico.

La historia reciente de la democracia santafesina ofrece el paisaje de una clase política que parece comentarista de los hechos y no sujetos dispuestos a jugarse por la transformación de la realidad.

Y en esos comentarios florece una postal de falsificación histórica: se habla de la ausencia del estado.

No es verdad. Se trata de una presencia corrupta del estado a través de sus expresiones armadas.

Allí está el huevo de la serpiente.

De allí que no habrá seguridad si no hay valentía para enfrentar los nichos corruptos de las fuerzas policiales, federales y provinciales.

Es en la historia de cada uno de los imputados, en la evolución de los negocios que giraron alrededor de los autos de alta gama que aparecen en la causa y en el peregrinaje de las armas, donde surgen los por qué de esas bandas que hoy parecen dominar los barrios de la ex ciudad obrera.

Por eso es necesario rebelarse contra ese sentido común construido durante años y directamente funcional a la permanente metamorfosis de producir consumidores - consumidos, excluidos - condenados.

El 80 por ciento de las chicas y chicos de los barrios empobrecidos de Santa Fe y el Gran Rosario no terminan la secundaria.

El 80 por ciento de las víctimas de los 163 asesinatos cometidos en 2011 en Rosario tenían menos de veinticinco años.

Hay que parar con esa lógica, con esa naturalización.

Para ello hay que ir mucho más allá de lo que vayan los sistemas formales de justicia y política institucionales.

En eso andan las luminosas compañeras y los luminosos compañeros del Frente Popular Darío Santillán de Rosario. Ojalá que no se queden solos.