El presente material pretende aportar un conjunto de reflexiones sobre la coyuntura que en términos económicos estamos transitando. Se trata de un conjunto de aportes que no buscan otra cosa que compartir una determinada mirada sobre la coyuntura a efectos de someterlo al debate con todos aquellos compañeros deseosos de poner en cuestión el "relato dominante" y compartir una estrategia en pos de asumir los profundos desafíos que la coyuntura nos demanda. A tal fin, nos ha parecido propicio presentar nuestras reflexiones en base a una serie de puntos que consideramos relevantes. Sin embargo, estos puntos están puestos para hacer más esquemática la lectura y no son independientes los unos de los otros.

Por último, estas reflexiones fueron realizadas con anterioridad a la masacre ferroviaria del 22 de febrero, así como del discurso presidencial de la apertura de sesiones legislativas del 1ero de marzo. Se trata de dos eventos sobre el que o bien ya realizamos algún material (en el caso de la masacre ferroviaria) o que estamos en proceso de elaboración (discurso presidencial). No obstante, ambos eventos no solo no contradicen las reflexiones que nutren este material sino que en varios aspectos los refuerzan (lamentablemente en el caso ferroviario), y en la medida en que se ha podido, se ha incorporado referencias a los mismos en el texto que ponemos a su disposición.

La etapa en la que estamos puede caracterizarse en términos económicos como la permanencia del agotamiento de las condiciones internas que permitieron realizar el crecimiento acelerado (o crecimiento fácil) vivido en los años que van de mediados del 2002 hasta finales del 2006. Desde el año 2007, una a una, las condiciones internas que permitieron aquel crecimiento muestran una clara modificación respecto al que exhibían en los años previos. Así, la brutal regresión del ingreso del año 2002, las elevada capacidad ociosa en las firmas, la disponibilidad de infraestructura económica que hicieron posible el rápido crecimiento económico, han mutado en una recomposición relativa de la distribución del ingreso (que permitió salir del infierno del 2002 pero sin llegar a los valores de 1998), en una utilización casi plena de la capacidad instalada, y en la constatación de significativos niveles de obsolencia y déficit en importantes segmentos de la infraestructura económica (transporte en primer lugar como fatalmente ocurriera en estos días, pero también en el sector energético en un lugar central). Hemos ya señalado en otros materiales que esto ha sido así porque el crecimiento "fácil" del período anterior se realizó sobre la base de aprovechar las condiciones expuestas antes que a plantear nuevas bases que supusieran un cambio estructural en el modo de funcionamiento de la economía argentina. Dicho de otro modo, frente a la decisión de no modificar las condiciones estructurales que definen la organización económica de la sociedad, el crecimiento facilitado por las condiciones internas mencionadas, fue paulatinamente agotando dichas condiciones. Es entonces el agotamiento de las condiciones internas las que ponen fin a la etapa de crecimiento fácil, y es esta nueva etapa, donde el crecimiento económico exhibe problemas significativos los que, con diversas intensidades, han recorrido la coyuntura económica desde el 2007 hasta nuestros días.

Entre las múltiples modificaciones económicas que presenta la nueva etapa, una de ellas sobresale por su importancia y significación: nos referimos a la emergencia de un persistente, estable y no menor proceso inflacionario que, negado por el gobierno, ha cumplido la función de congelar la tibia recomposición social vivida en el período anterior, a través de un mecanismo que tiende a diluir –y en algunos pocos casos a mejorar en el margen - los aumentos nominales obtenidos por los diversos componentes de los ingresos populares (salarios, jubilaciones, asignaciones familiares y en menor medida los planes sociales). Vale aclarar que este cuadro general es válido como situación media social, pero que en su interior esconde realidades tan dispares como la creciente mejora por encima de la inflación de los segmentos medio-altos y altos de la sociedad, así como el empobrecimiento material de los sectores más vulnerables cuyos ingresos no se actualizan (en el caso de los planes sociales) y si lo hacen están muy por debajo del aumento del precio de los alimentos (a los que este sector destinan una porción significativa de sus ingresos).

Algunos datos de la etapa

El cuadro expuesto puede sintetizarse constatando que mientras el PBI (es decir la generación de riquezas) creció entre el 2006 y el 2011 en un 40% (estimación oficial) y un 25% (estimación propia), la pobreza se mantuvo prácticamente en el mismo nivel que en el 2006 (en torno al 30%) la indigencia (es decir las personas que pasan hambre) pasó del 11% al 15% (es decir un crecimiento del 40% en la tasa), la tasa de empleo prácticamente se estancó (en rigor creció apenas un 3% al pasar del 42,1% al 43,4%), y los salarios han tenido una evolución real del 10% (como consecuencia de un aumento nominal de salarios del período de 185% y un aumento de los precios del 170% y no del 60% como miente el gobierno a través de la intervención del INDEC). Resulta claro entonces, que en materia de desempeño económico, esta nueva etapa combina un menor crecimiento, con mayor volatilidad (esto es con años de caída del PBI como el 2009 y de menores tasas de expansión del nivel de actividad como el 2008), que ha congelado el cuadro social al tiempo que ha expandido los márgenes de desigualdad vigentes (por vía de la ampliación del excedente empresario y la mayor brecha entre las distintas franjas sociales).

Lo expuesto corresponde con una primera mirada, que si bien es crítica sobre la etapa que transitamos, no deja de navegar en la superficialidad de los fenómenos económicos. Agregar mayor profundidad supone considerar que el fenómeno inflacionario, que congela el cuadro social, no es un acontecimiento ni natural (que no se puede modificar) ni extra-terrenal (que no se puede explicar). La emergencia del proceso inflacionario está íntimamente vinculada con el modo en que la estructura económica vigente responde frente al agotamiento de las condiciones que facilitaron el crecimiento acelerado de la etapa anterior. Dicho en criollo, es la particular conformación del poder económico vigente en nuestra sociedad la que utiliza el proceso inflacionario para resolver los dilemas que la nueva etapa le plantea al proceso de acumulación de capitales de la Argentina. La inflación es así el mecanismo que le permite al poder económico frenar la mejora en la recomposición social, al tiempo que impacta positivamente en las cuentas públicas para intentar resolver, vía subsidios y obras públicas, los déficits que en materia de inversiones e infraestructura se evidencian. Ahora bien, la inflación es el mecanismo que permite corregir en parte los problemas que presenta la acumulación del capital por parte de los segmentos más concentrados del mismo, por la sencilla razón de que todo el período vivido del 2003-2006 lejos de revertir los grados de concentración y centralización del capital los mantuvo y los profundizó. Este dato es el resultado obvio al que se llega luego de que transitada la etapa de crecimiento acelerado no se tomaron las definiciones que permitieran a la Argentina afrontar un cambio estructural que modificara la distribución del poder económico. En este marco el resultado obvio luego de un quinquenio de crecimiento a tasas chinas es que el poder de mercado de las principales firmas, en lugar de menguarse se acrecentara, permitiendo con ello sentar las bases para definir el movimiento de los precios por parte de estos actores.

La inflación es un mecanismo de corrección para la acumulación del capital a todas luces insuficiente y portadora de conflictos a la vez. Esta doble cualidad indisolublemente ligadas del proceso inflacionario, o si se prefiere esta contradicción inherente al proceso en sí, opera porque en una economía que se orienta al abastecimiento de materias primas al mercado mundial y de productos importados para el consumo medio-alto y alto, la punción sobre los ingresos de los sectores populares que requiere el capital para mantener su proceso de acumulación no puede generarse sin al mismo tiempo producir un fuerte malestar social, latente o expresado en conflictos crecientes, que tienden a debilitar el consenso sobre el rumbo económico. Por ende la inflación no resuelve los problemas que presenta la etapa, sino que simplemente agrega recursos fiscales y también conflictos sociales a la nueva etapa. Es por esta doble cualidad, de mecanismo corrector pero insuficiente y conflictivo a la vez, que el fenómeno inflacionario se ha sostenido por largo tiempo a tasas que si bien son elevadas (en torno al 25% anual) no se han desbordado en un proceso inorgánico, sino que cumple principalmente la función de mantener a raya la recuperación de los ingresos populares.

Frente a esta insuficiencia de la inflación para realizar la punción sobre los ingresos de los sectores populares en la magnitud que requiere la reproducción del conjunto social (y en primer lugar del proceso de acumulación de los principales agentes económicos que definen al poder económico de la Argentina) es que la etapa que transitamos es pródiga de una serie de "innovaciones de política económica de fuerte tinte progresista". Nos referimos con ello a las medidas que impulsadas y definidas por la administración estatal remiten a las históricas banderas del movimiento popular pero que tienen por objeto servir como fuente de financiamiento para darle aire y perspectiva a una organización social donde prima la desigualdad. Así, medidas como la fallida "resolución 125", la estatización de las AFJPs, el uso de las reservas del Banco Central (y el reciente proyecto de modificación de su carta orgánica), la reciente decisión de revisar los subsidios a las tarifas de los servicios públicos e incluso los planteos recientes que se enarbolan en torno de la discusión con las petroleras, todas ellas grosso modo necesarias pero no exentas de problemas por demás significativos (y no nos referimos solamente a la famosa "resolución 125") han tenido más que ver con tratar de agregar recursos a la ecuación fiscal del Estado (frente a la insuficiencia del financiamiento inflacionario) antes que conformarse como parte de una estrategia dirigida a replantear de manera estructural la matriz distributiva (es decir el conjunto de relaciones sociales básicas) en la que se asienta la sociedad argentina. Esta claro que estas medidas han supuesto en la práctica una redefinición del pacto de gobernabilidad entre los sectores dominantes y el elenco gubernamental no exento de conflictos y tensiones entre los mismos. Sucede que en la nueva etapa ya no se puede articular crecientes grados de apropiación del excedente por parte del conjunto de los sectores dominantes con las cuotas de legitimidad y consenso en el que se sostiene la gestión gubernamental. Por ende, todos los conflictos que se han derivado de la puesta en práctica de las "medidas progresistas" de la etapa han combinado un cierto enfrentamiento con algún fracción de los sectores dominantes por parte de la gestión de gobierno y al mismo tiempo una cierta alianza o acuerdo con otra fracción del bloque de poder (así la "resolución 125" ponía en pie de guerra a los productores agropecuarios sin distinción pero se articulaba con el acuerdo de las aceiteras; la estatización de las AFJPs eliminaba un pingüe negocio de corto plazo para algunos segmentos del sistema financiero pero a la vez suponía evitar el costo de mediano plazo de afrontar la deuda previsional de este sistema al tiempo que se vinculaba con los intereses de los acreedores de deuda pública ya que la medida buscaba y consiguió resguardar la capacidad de pago estatal ; del mismo modo, el uso de reservas del banco central encontró en el sistema financiero y en los acreedores sus principales defensores puesto que fue una medida destinada a garantizar los pagos de deuda). Cierto es que, aun con las imperfecciones e impurezas del caso, es mejor que las medidas tomadas se hayan realizado puesto que mejora la perspectiva para una estrategia que pretenda ampliar los márgenes emancipativos de la sociedad. Tan cierto lo dicho, como que la razón y la concreción de las medidas no tuvieron nada que ver con la puesta en marcha de un cambio estructural sino más bien con reproducir, en una coyuntura más estrecha, los factores de poder que, una y otra vez, rigen los destinos de nuestro país. Así de compleja, ambigua y rica es la coyuntura que atravesamos.

Llegado a este punto corresponde situar lo que desde nuestra perspectiva constituye el punto nodal que organiza la coyuntura económica que transitamos: nos referimos a la evidente ausencia, en calidad y magnitud, de la inversión necesaria para sostener el ritmo del crecimiento económico. No otra cosa, sino la decisión por parte de las principales firmas de retacear, e inhibir un proceso de inversión es el que expresa el mantenimiento sostenido de una significativa tasa de inflación. Son razones estructurales las que definen este comportamiento, amén de la voluntad consciente de sus actores. Despejando la animosidad empresaria, siempre vigente y a todas luces complacidas con el crecimiento vivido (que le ha permitido ampliar en niveles inéditos sus excedentes), es el particular modo en que se reproducen los capitales en la economía argentina y la particular composición de los mismos, los que explican el comportamiento adverso al proceso inversor que demuestran estos actores. Dicho en criollo, porque el proceso de acumulación de capitales de nuestro país se desarrolla por medio de la captura de ganancias extraordinarias a través de la explotación-depredación de nuestro recursos naturales (agroindustria, minería, petróleo e hidrocarburos, pesca, etc) ; de un abaratamiento general de la mano de obra y de la conformación de mercados oligopolizados, es que la inversión, esto es, la decisión de los empresarios de destinar una porción significativa de sus excedentes a ampliar su proceso de acumulación, brilla por su ausencia, ya que los capitales en la Argentina, o mejor, los capitales dominantes, se acumulan sin demandar inversión (rasgo evidentemente sistémico del carácter capitalista que presenta esta formación económica)

De este modo, a pesar del discurso "desarrollista" de la gestión, lo cierto es que este comportamiento ha tenido un resultado casi de espejo en materia de balanza comercial. En efecto, las pocas inversiones presentes (dominantemente destinadas a mantener las posiciones relativas y a evitar la obsolencia tecnológica de las principales firmas) han estado atadas a la evolución de las importaciones industriales, dando por tierra las lecturas oficiales que hablan del "proceso de sustitución de importaciones"(1). Sin embargo, este rasgo que estuvo presente a lo largo de toda la etapa de crecimiento acelerado, cobra vital importancia a partir del recrudecimiento de la fuga de capitales, que como una marca adicional de la nueva etapa, emerge con virulencia en el 2008, se atenúa pero a niveles aun significativos durante el 2009 – 2010, y recrudece en niveles prácticamente similares en el 2011 al pico del 2008. Así la fuga de capitales acaecidas en esta etapa, y principalmente en el último año, pone en jaque la capacidad de las exportaciones y su obtención de divisas, para hacer frente al conjunto de operaciones que se realizan en base a la moneda extranjera (compra de importaciones, pago de deuda en dólares, remisión de utilidades de las firmas extranjeras y la fuga de capitales de los residentes locales, entre otros). Es este cuadro de situación el que pone fin a una de las variables que en el discurso oficial se presenta como muestra de la "fortaleza" del modelo económico: el superávit externo, el cual ya no puede proveer los dólares necesarios que demanda el funcionamiento económico vigente, y amenaza por tanto en impactar modificando el valor de un precio clave en la economía argentina, como lo es el dólar.

Frente al descalabro que supone en materia de organización económica la modificación de una variable clave como el dólar, que tiene impacto inmediato en el sistema de precios, en el nivel de actividad, en la situación social, entre otros múltiples aspectos que reflejan la composición extranjerizada de la estructura económica vigente, el gobierno ha impuesto una serie de medidas (obligación por parte de las petroleras y mineras de liquidar las divisas en el país, control sobre la compra de billetes y a la transferencias al exterior) que constituyen una estrategia dirigida a administrar y contener el conflicto cambiario. Esta estrategia de administración y contención no ha estado exenta de significativos discursos oficiales, principalmente de la Presidenta, denostado el comportamiento especulativo en relación con el dólar por parte de los demandantes de los mismos y principalmente de la firmas. Se ha bautizado a esta estrategia, en palabras de la propia Presidenta como "la etapa de la sintonía fina", reconociendo con ello, tardíamente, el cambio en la etapa económica. Sin embargo, esta sintonía fina, también nombrada por parte de la máxima autoridad política del país, como "el fin de la Avivada" (a lo que corresponde interrogarse sobre las razones de que recién ahora, luego de 8 años de gestión se reconozcan las supuestas "avivadas") tiene mucho más que ver con una estrategia donde a la par que se desacredita públicamente el comportamiento empresario, pretende cosechar comportamientos "virtuosos" por parte de los mismos sin alterar las condiciones estructurales que definen, más allá de la voluntad, la racionalidad de la toma de decisiones de estos actores. Dicho en criollo, esta estrategia, que también puede denominarse como "administración del conflicto a los sopapos" tiene la doble virtud de señalar, siquiera tangencialmente, las dificultades que en materia económica atravesamos en esta etapa, al tiempo que permite visibilizar a parte de los agentes concretos que están por detrás de los mismos; pero tiene el defecto de no modificar los contenidos que presenta la regulación pública, manteniendo por esta vía, la reproducción de las condiciones estructurales que definen el comportamiento de estos actores.

En el caso del dólar, la estrategia de la "sintonía fina" realiza una denostación pública de la remisión de utilidades de las principales firmas extranjeras, así como al elevado coeficiente importador de las mismas, a la que se acompañan con medidas que si bien son importantes (como el control cambiario, la licencia por importación) no son de la envergadura para hacer frente al desafío que plantea esta problemática (por ejemplo, la discusión sobre la extranjerización productiva, la falta de un proyecto de reindustrialización, etc).

En el caso de la reciente discusión con las petroleras(2), la "administración del sopapo" se expresó en la denostación pública de los comportamientos anti-competitivos (caso de la denuncia a las petroleras por vender con un sobreprecio a las transportistas el combustible, la falta de inversión en las áreas de concesión, etc) que parece estar más atado al modo en que el sector encarará el abastecimiento interno sin presionar excesivamente sobre el balance de divisas antes que a modificar la regulación estatal sobre el sector (revisando los decretos menemistas que fijaron a los hidrocarburos como simples mercancías y no como bienes públicos de carácter estratégico para el desarrollo y la libre disponibilidad del crudo por parte de las firmas) que permitirían al Estado capturar una parte mayor de la renta petrolera (en tanto el precio del barril supera los U$S 70 y su costo está en torno de los U$S 12) garantizando el abastecimiento energético a precios acordes con el costo de producción local y concretando las impostergables inversiones en materia de exploración, distribución y transporte que demanda el cuadro energético vigente.

Está claro que asumir los desafíos que plantean la nueva etapa supondría modificar la "sintonía fina" o "la administración a los sopapos", tanto da, por una estrategia dirigida a replantear las aspectos estructurales que están por detrás de los problemas que atravesamos. En apretada síntesis, se trata de pasar de un economía motorizada por el mercado mundial y el consumo de altos ingresos por otra que haga depender el ciclo económico de la evolución del consumo popular como eje fundamental de la demanda, que permita a su vez construir una plataforma endógena para hacer posible un proceso de REINDUSTRIALIZACION en base al control público (Estado más Comunidad) del proceso de inversión. Resulta claro que la opción que le oponemos a la estrategia asumida por el gobierno requiere de un fuerte grado de cohesión política para hacer frente a la disputa con el Poder vigente. Estamos convencidos, que el respaldo popular con que cuenta la gestión, tanto en el reciente resultado electoral (54% de los votos) como en el consenso social que adquiere el discurso de denostación a la cúpula empresaria (es decir, el aval social al "sopapo" a las firmas), son muestras elocuentes de que se puede transitar este camino. También estamos convencidos que no hacerlo tampoco es gratis para la actual gestión, en tanto, la sola denostación pública es ineficaz para producir el cambio en los comportamiento empresarios que los desafíos económicos demandan (y en tanto no lo hagan transforman en vacías o carentes de efectos, las palabras presidenciales). Pero también somos conscientes que, avanzar en el cambio estructural, supondría una modificación abrupta de la base de sustentación política de la actual gestión, que incluye en un lugar privilegiado pero silenciado, por más que no se la quiera escuchar o se los pretenda negar, a los poderes económicos instituidos. Claro está, que aunque su base de sustentación política se ancle en el poder económico vigente, la actual gestión no es neutra, muy por el contrario, respecto al grado de consenso social que se muestra en cada coyuntura. Su condición de permanencia en la administración del aparato estatal es, como para cualquier elenco gubernamental, los grados de legitimidad política que en cada momento detenten. Es por esta razón, que frente a los atisbos de deterioro en la legitimidad política fruto del cambio de etapa económica, es que la actual administración demostró tener una capacidad de innovación de políticas económicas de elevado consenso para dar aire y perspectiva a la reproducción social (como ya lo señaláramos en el punto "sobre las medidas progresistas…") y en la actual coyuntura pretende cosechar una mejor performance empresaria en materia de inversión sobre la base de la "administración del sopapo" pero sin modificar los aspectos estructurales que están por detrás de los problemas que expresa la coyuntura.

Notas.

1) Con posterioridad a este material una medida ya mencionada en el texto ha cobrado centralidad, se trata del control de las importaciones (prácticamente no se puede importar sin los permisos gubernamentales) y los crecientes problemas que en materia productiva se han derivado de la misma. Este hecho refleja dos cuestiones: a) la ausencia del proceso previo de "sustitución de importaciones" y b) la envergadura que adquiere la crisis del superávit externo, en tanto esta medida intenta dar respuesta a esta problemática y se desentiende de la cuestión productiva.

2) En el momento que se escribía este material recién estaba en sus inicios la discusión entre Repsol y el Gobierno Nacional. No obstante los acontecimientos posteriores no alteran lo hasta aquí enunciado, puesto que por ahora solo se avanzó en la quita de áreas de concesión de Repsol marginales o ya sin producción y aún no se han discutido la normativa sectorial que define los comportamientos estructurales de Repsol y del conjunto de firmas oligopolizadas y extranjerizadas del sector.