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Las autoridades del gobierno de la Nación, y los apologistas de la política del kirchnerismo, han enfatizado reiteradamente sobre la necesidad de profundizar el "modelo nacional y popular", sin definir con claridad en qué consiste ese supuesto "modelo" que naturalmente no guarda la menor relación con lo que puede ser un proyecto realmente nacional. Y decimos esto, debido a que las acciones que el gobierno nacional realiza con los organismos financieros internacionales, entre otras que podrían señalarse, muestran una continuidad estructural con las políticas del menemismo que sometieron nuestra soberanía a las decisiones generadas en los centros de poder financiero, en acuerdo con los organismos multilaterales que respaldaron siempre todos los procesos de desnacionalización de la actividad económica y colaboraron en las operaciones de endeudamiento con los acreedores extranjeros.

Dejando de lado la hojarasca dialéctica con la que semana a semana nos abruman los discursos presidenciales, y los distintos funcionarios que conforman el Poder Ejecutivo, las evidencias que surgen de decisiones que son deliberadamente ocultadas a la población, muestran una realidad que está sideralmente alejada de lo que es una auténtica política nacional y latinoamericana.

La última capitalización del Banco Interamericano de Desarrollo es una de esas evidencias incontrastables de continuidad con un "sistema" que privilegia a los organismos multilaterales controlados por las potencias más representativas del orden financiero mundial.

El BID que de interamericano solo tiene el nombre está integrado por los países de Latinoamérica, pero además son miembros prominentes: Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Canadá, Israel, Francia, Italia, Japón, China. Suecia y Suiza, entre otros, siendo Estados Unidos el que tiene el mayor porcentaje de votos.

Es importante recordar que esta institución al igual que el Banco Mundial y el FMI fueron creadas supuestamente para ayudar a los países que tenían dificultades económicas, pero tales objetivos se fueron desvirtuando permanentemente y fue así que participaron en conjunto en todos los planes de ajuste estructural impuestos durante décadas, además de responder claramente en sus distintas operaciones a favorecer a bancos, empresas extranjeras, y condicionar cualquier política económica que no respondiera a los centros financieros del poder. Una clara evidencia de ello es la participación que tuvieron en la instrumentación del Plan Brady, donde violando su Convenio Constitutivo cofinanciaron compra de garantías para favorecer a los acreedores privados además de ser participes principalísimos de ese paradigma del delito que fue ese procedimiento de reestructuración de la deuda pública.

En investigaciones que realizara hace unos años, encontré en el Ministerio de Economía un documento confidencial firmado por el entonces Presidente del BID, Enrique Iglesias dirigido a la comunidad financiera internacional, pidiendo apoyo a la política económica argentina de Menem, debido a que este se había comprometido a privatizar el sistema jubilatorio, modificar la legislación laboral y vender todas las empresas públicas. Tiempo después y en mi carácter de miembro de la Auditoría del Crédito Público de Ecuador, pude comprobar a través de documentos reservados todas las políticas instrumentadas por el BID, donde se pudieron visualizar ciertas características recurrentes como son el renunciamiento a la soberanía, el debilitamiento y la injerencia en asuntos internos del Estado, la renuncia a la jurisdicción nacional, los condicionamientos que atentaron contra los intereses de la Nación, limitando el goce de derechos fundamentales del pueblo, promoviendo sistemas de endeudamiento desleales con sus países miembros, asociándose en muchos casos para respaldar el pago de deudas ilegítimas.

Debido a los constantes manejos de los organismos multilaterales, y para obtener financiamientos que respondieran a las reales necesidades de los pueblos, sin los condicionamientos conocidos, se promovió la creación del Banco del Sur cuyo acta fundacional y Convenio Constitutivo fueron suscriptos por la Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, estableciéndose una integración de capital de 7000 millones de dólares, 4000 de los cuales serán aportados por Argentina, Brasil y Venezuela en cinco cuotas, y el resto de los países integraran sus aportes en 9 cuotas, pero esta estructura sigue anclada en las constantes demoras que tienen como principales responsables a Brasil y la Argentina, que fortalecen a los organismos multilaterales con el aporte de importantes sumas.

Debido a los quebrantos presentados por el BID debido a inversiones especulativas en hipotecas subprime, su capital operativo disminuyó considerablemente, pudiendo mostrar como ejemplo que en el año 2008 las pérdidas fueron del orden de los 1.900 millones de dólares, lo que llevó al Senador Richard Lugar, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos a pedir explicaciones al presidente del BID, Luis A. Moreno, quien reconoció el la existencia de operaciones de riesgo..

Esas dificultades determinaron que la Junta de Gobernadores del BID, aprobara el 21 de julio de 2010 un aumento del capital del banco de 70.000 millones de dólares, habiendo contado con el voto favorable del entonces Ministro de Economía, Amado Boudou como integrante de la misma. Debido a ello la Argentina se comprometió a contribuir a esa capitalización mediante el aporte de cinco cuotas que en su totalidad representan la suma de 7.525.760.227 millones de dólares, con más una cuota extraordinaria para el Fondo de Operaciones Especiales de 26.779.415. Para instrumentar el aporte la Presidenta de la Nación envió al Congreso un Proyecto de Ley, que fue aprobado por la Cámara de Diputados, habiendo votado negativamente la capitalización los diputados Solanas, Argumedo y Cardelli.

La Presidenta Fernández de Kirchner en el proyecto presentado habla de las metas del BID que son lograr una mayor equidad social y la reducción de la pobreza, lo que no se condice para nada con las políticas que se conocen del BID, y contradicen sus propias palabras cuando se refiere a los organismos multilaterales.

Que si bien es cierto que la Argentina integra el BID, y debe aceptar sus resoluciones, en ningún caso debiera haber votado una capitalización, para fortalecer a una institución que ha producido ingentes perjuicios a la Nación, y los bloques parlamentarios no tendrían que haber votado sin discusión este proyecto, que representa una enorme erogación de recursos, resultando además una incongruencia aportar al Banco del Sur 1330 millones de dólares en cinco años y casi seis veces más al BID.

Finalmente es importante señalar que el BID le prestó a la Argentina de 1993 hasta el 2011: 19.969 millones de dólares, habiéndosele pagado 13.124 millones y se le deben actualmente 9681.6 millones y tributado intereses por 7.272 millones, a lo que debe agregarse como señalaramos anteriormente, el papel fundamental que tuvo esta institución en el desguace del Estado Nacional y la transnacionalización de la economía.

Esta inaceptable capitalización no ha tomado estado público y el gobierno se ha mostrado muy cuidadoso en que los aportes económicos mencionados no trascendieran, mostrando una vez más la sideral diferencia que existe entre los discursos presidenciales y la realidad objetiva.