Una veintena de organizaciones dieron advertencia de la grave situación que hoy se encuentran los programas dirigidos a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. En un documento unificado dan nota de que "en los últimos cuatro meses, 20 hogares de toda la provincia se vieron obligados a cerrar sus puertas". Mientras tanto, atraso en pagos, amenazas y despidos son sufridos por los trabajadores y trabajadores de la provincia. Denunciaron que en La Plata, Bruera busca acabar con estas ayudas.

Cinco años atrás se aprobaba la ley 13.298 "De la Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia". Producto de una larga lucha el triunfo hoy no logra concretarse.Organizaciones sociales, gremiales, políticas, de Derechos Humanos, Hogares, de la Provincia de Buenos Aires dieron cuenta de esto en los últimos días en un contundente documento consensuado. Trabajadoras y trabajadores de distintos programas dependientes de la Secretaría de Niñez y Adolescencia y del Ministerio de Desarrollo Social también firmaron el informe donde dan cuenta de la flexibilización social que padecen.

El documento afirma que de las 106 instituciones oficiales en la provincia, sólo 12 recibieron el pago de la última caja chica del año, mientras que "los trabajadores y trabajadoras de los programas oficiales cobramos el dinero de la última caja chica en octubre del 2011". Estas medidas caracterizadas por las organizaciones como "criminal", son llevadas a cabo por la Secretaría de Niñez y Adolescencia conducida por Pablo Navarro, quien ha obligado a quienes trabajan en los hogares a aportar de sus bolsillos para la compra de comida y elementos

La situación no es mejor para los hogares y centros de atención conducidos por ONGs. El informe señala que "según la Red de Hogares y Centros de Días de la Provincia de Buenos Aires (REDBA) la gestión de Pablo Navarro no pagó a más de 680 instituciones en toda la provincia las becas que correspondían al 1º bimestre de 2012". Mientras tanto, 200 institutos no cobraron el 6º bimestre del 2011, e incluso otros 35 no recibieron becas en todo el año. Esta peligrosa situación ha llevado a que más de 400 niños y niñas dejen de recibir atención a causa del cierre de 20 hogares en tan sólo los últimos 4 meses.

Niños y niñas no son los únicos damnificados por el vaciamiento provincial. Trabajadores y trabajadoras se encuentran con la otra cara de una misma moneda, sufriendo estas "irregularidades en el pago de salarios del equipo técnico y becas de los/as tutores y la de los pibes/as, despidos injustificados, amenazas de recorte salarial y una constante persecución política". En este sentido advierten que el Ministerio de Desarrollo Social ha descentralizado y tercerizado el programa a los distintos municipios con graves consecuencias.

En la ciudad de La Plata, a fines de año los equipos técnicos pudieron cobrar cinco meses atrasados mientras el municipio sigue sin garantizar ni los materiales ni los salarios para los talleristas. Cerca de 500 chicos y chicas que se benefician con el programa no pueden gozarlo a pleno a causa del vaciamiento. Hoy en día, las tres sedes funcionan sin talleristas.

El documento concluye con un triste porvenir afirmando que "el proceso de desmantelamiento de los servicios efectores del Sistema de Promoción y Protección ha venido de la mano de medidas que refuerzan la función represiva del Estado". En este sentido, afirman que el Gobierno Provincial de Daniel Scioli persigue estas intenciones y que "la gestión del secretario Pablo Navarro, ha destrozado sistemáticamente las políticas de promoción y protección en favor de propuestas de encierro"

La situación en La Plata no es una excepción. El documento advierte que la política de descentralización hoy afecta a las políticas de niñez posibilitando "el manejo discrecional de fondos que engrosan las cajas del clientelismo político y abandonan con hambre a miles de niños y niñas y adolescentes".

Los "servicios locales" que tienen por objetivo facilitar a niños y niñas el acceso a los programas y planes disponibles indican que "transitan un camino de vacío y desconcierto". Cerca de 15 trabajadores fueron echados a principio de año incluyendo la renuncia de la jefa de los servicios locales. Sumado a la falta de herramientas y elementos para el trabajo, en los ocho servicios locales que funcionan en la ciudad algunos llegan a sostenerse con una sola persona.

El documento acusa que "la decisión de Pablo Bruera es volver a la situación del 2008, cuando no existía ningún servicio local, ya que el intendente dio la orden de echar a los trabajadores y trabajadoras pero no de reemplazarlos". En este sentido, ante la crisis del sistema en la ciudad, las organizaciones exigen la renuncia de Carlos Dabalioni, Secretario de Niñez y Adolescencia.