La Arena

Tuvieron que pasar cuarenta años para que la justicia condenara a tres de los responsables de la Masacre de Trelew. Dos fueron absueltos, uno no fue juzgado por su edad y salud, y otro está impune en EE UU.

Hay que comenzar por la parte positiva de esta triste historia. Después de cuatro décadas, la justicia condenó a algunos de los que fusilaron a 19 prisioneros políticos en la base Almirante Zar, el 22 de agosto de 1972.

La dictadura del general Alejandro A. Lanusse junto con la Armada dio la versión mentirosa de un intento de fuga. Supuestamente el montonero Mariano Pujadas le habría arrebatado el arma al capitán Luis Sosa y a los patrióticos marinos no les había quedado más remedio que disparar sus ametralladoras PAM. Raro saldo: 16 cadáveres de un lado y ni un rasguño del otro. Y tres guerrilleros (René Ricardo Haidar, Alberto Camps y María Antonia Berger) con varios balazos pero sobreviviendo apenitas.

Esa explicación oficial no la creyó nadie. La mayoría se inclinó por una hipótesis muy diferente: era fusilamiento en represalia por la fuga real de 25 prisioneros de la cárcel de Rawson, producida el 16 de agosto.

Ese escape sí que fue real y muy bien planeado, pues el establecimiento en la Patagonia parecía blindado frente a un ataque exterior. Su punto débil era que podía tomarse desde adentro. Y con esa idea fuerza fue que Mario Roberto Santucho, el jefe del ERP, comenzó a pensar un plan.

Y así fue. Fueron tomando un pabellón y luego otro, sin disparar ni un tiro, hasta llegar al último puesto, donde un guardiacárcel, Valenzuela, presentó resistencia y fue muerto. Al oír los disparos, los militantes como Jorge Lewinger, que aguardaban afuera con los vehículos, creyeron que el operativo había fracasado y se retiraron. Todos menos el militante de las FAR, Carlos Goldemberg, quien ingresó en auto cuando abrieron el portón. El fue quien llevó a Santucho y otros cinco jefes hasta el aeropuerto de Trelew, justo a tiempo para embarcarse en un avión de Austral que tenía tomado otro equipo, donde estaban Ana Wiessen (FAR), "Gallego" Fernández Palmeiro y Alejandro Ferreyra (ERP).

Esa media docena de liberados partió hacia Chile, donde Salvador Allende no tenía claro qué hacer con ellos. Le pedían ir a Cuba y su corazón socialista entendía esas razones, pero por otro lado Lanusse había abolido las "fronteras ideológicas" y recompuesto las relaciones chileno-argentinas.

Los balazos de los marinos, aquella madrugada, terminó aclarando la duda de "Chicho". Los dejó partir hacia La Habana. Él tampoco creyó la versión lanussista del intento de fuga. Todavía Francisco Urondo no había escrito "La Patria Fusilada", pero también en La Moneda creían que se trató de fusilamientos.

Es que de los 25 fugados sólo 6 pudieron irse, el resto debió rendirse, al perder el avión. La Marina los tomó presos y en vez de devolverlos a Rawson, tal como prometió el juez Godoy al momento de la rendición, los llevó a la base Zar.

Esos crímenes quedaron impunes durante cuarenta años y cincuenta cuatro días, hasta que el 15 de octubre pasado el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia dictó condenas contra tres responsables. Un caso típico de la justicia que tarda. Y sin embargo, esas condenas fueron recibidas con satisfacción por los familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos, como si en este caso puntual no fuera cierto que justicia lenta no es justicia.

Se ha dicho que la impunidad de la "Masacre de Trelew" fue el preámbulo del terrorismo de Estado. Quizás se pueda corroborar también esa tesis desde otro ángulo: los militares comprobaron en 1972 que no se podía tomar prisioneros políticos ni fusilarlos en condiciones de exposición pública. Había que desaparecerlos, en la noche y niebla, tal como hizo el videlismo en 1976.

La Armada no hizo más fusilamientos tan previsibles como en Almirante Zar; su modelo "superador" fue la ESMA, donde torturó y trasladó hacia vuelos de la muerte a sus prisioneros, desaparecidos.

Nótese el largo retraso de los Tribunales. Los fusilamientos fueron en agosto de 1972. La anulación de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida fue en agosto de 2003. El juez federal de Rawson, Jorge Sastre, decidió en agosto de 2006 impulsar la causa de aquellos crímenes, haciendo una primera inspección de la base de Trelew. El magistrado ordenó los primeros procedimientos y la toma de indagatoria a algunos de los marinos inculpados de esos delitos.

Pero recién en febrero de 2008, dos años después, Sastre y el fiscal federal Fernando Gelves, pudieron concretar las primeras detenciones de esos procesados: Luis Sosa, Emilio del Real, Carlos Marandino. Un cuarto ex oficial, Roberto Guillermo Bravo, estaba radicado en Estados Unidos y se pidió su extradición. También declararon el ex jefe de la Base Zar, Rubén Paccagnini y el contraalmirante retirado Horacio Mayorga, brevemente detenido.

Al reabrirse el expediente, en 2006, el juzgado creyó que en el primer semestre de 2008 se podía celebrar el juicio. Error. Fue en mayo de 2012, cuando empezó, y terminó el 15 de octubre con la lectura de las sentencias, cuatro años después de aquél pronóstico.

En el anfiteatro "José Hernández" de Rawson, ese día los jueces del TOF de Comodoro Rivadavia calificaron los hechos como "delitos de lesa humanidad" y condenaron a perpetua a Sosa, Del Real y Marandino, sobreseyendo a Paccagnini y al juez militar Jorge Bautista. Fuera del juicio quedó Mayorga, por su edad y estado de salud. Bravo sigue impune en Miami, pues un juez –ante el que se había tramitado su extradición- lo dejó libre en 2010 bajo caución de 1.2 millón de dólares. ¿Tanto dinero tenía ese oficial de baja graduación? Tenía esa plata y buenos contactos políticos, pues su empresa RGB es proveedora de servicios médicos al Pentágono. Y así se ganó la impunidad que perdieron sus tres colegas de metralla.

El sabor dulce es que después de cuatro décadas hubo al menos tres condenas. Se daba poco menos por sentado que los que perpetraron la masacre vivirían hasta el final como si fueran inocentes. Esta señal es muy positiva. Es parte de una de las cualidades de la Argentina pos 2003, cuando recobró fuerza la causa de los derechos humanos y se celebraron muchos juicios. Hoy hay un total de 1.886 imputados, 790 procesados y 250 condenados (http://www.cels.org.ar/wpblogs/).

Lo amargo es que el fallo de los jueces Enrique Guanziroli, Juan Leopoldo Velázquez y Nora Monella llegó con enorme atraso. Y en algunos casos resultó incomprensible, como absolver a Paccagnini, por entonces jefe de la base. Es la primera vez que en juicios por delitos de lesa humanidad veo que consideran inocente al jefe del lugar donde se cometieron los crímenes, criticó uno de los abogados de la querella.

Triste fue también el destino de los tres sobrevivientes de Trelew. Berger fue secuestrada en 1979, Camps un poco antes y Haidar desapareció casi sobre el final de la dictadura, en diciembre de 1982. Urondo, que recogió sus testimonios en Devoto, fue asesinado en Mendoza en junio de 1976.

De los seis dirigentes que pudieron llegar a La Habana el único que vive hoy es Fernando Vaca Narvaja, pues Santucho y Menna fueron asesinados en julio de 1976. Roberto Quieto, otro de los fugados, fue desaparecido en diciembre de 1975, cuando los tres meses de fatídico plazo dado por Videla estaban por comenzar. Atroz fue el destino de Marcos Osatinsky, asesinado en agosto de 1975 por el capitán Héctor Vergés, del Comando Libertadores de América, en Córdoba. Osatinsky fue arrastrado desde un auto para que su humanidad se destrozara. Y cuando el féretro era trasladado hacia su Tucumán natal, fue interceptado por los esbirros de Vergés y dinamitado.

Amargo también es recordar que otros participantes de la fuga resultaron desaparecidos, como Wiessen en 1976 y Goldemberg en 1979. Fernández Palmeiro murió en abril de 1973, baleado por la custodia del contraalmirante Hermes Quijada al momento de ajusticiarlo. Quijada había sido en 1972 el vocero de la Armada dando la falsa versión de que los 16 habían muerto tras un intento de fuga.

Alejandro Ferreyra, otro de los que tomó el avión de Austral para volar a Chile, afortunadamente vive: es un pequeño productor apícola en Córdoba. Otro implicado en la fuga que aún vive es Lewinger, periodista, presente el 15 de octubre junto a los familiares en el histórico juicio. Es de imaginar cuánto se habrá autoreprochado estos años el haberse retirado en primera instancia con los camiones aquel 16 de agosto, al escuchar el tiroteo dentro de la cárcel.

Otro límite del juicio es que las condenas no se ejecutaron de inmediato pues los tres ex marinos quedaron en libertad hasta que aquellas queden firmes. En una postal de algo que nace, pero que le falta y algo que muere, pero también le falta, en el avión de regreso a Buenos Aires iban los tres condenados y, filas atrás, los familiares de los fusilados. Hubo cantitos para los asesinos, pero más de uno debe haber silbado "Cambalache".

Hablando de cantos, en su declaración de 2008 Marandino dijo que los muchachos de Trelew cantaron el Himno antes de ser fusilados, porque sabían que iban a morir. Fueron patriotas hasta el último minuto.