La Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut, reunida en Trelew el dia 10 de Noviembre de 2012, con representación de todas las ciudades de la provincia, expresa que: Nos declaramos en ALERTA Y MOVILIZACIÓN MÁXIMA en respuesta a la embestida que están llevando a cabo los gobiernos provincial y nacional contra la población de Chubut. Entendemos que el impulso al tratamiento y la aprobación del Proyecto de Ley de Marco Regulatorio de las Actividades Hidrocarburíferas y Mineras que habilitaría la megaminería, constituye un inadmisible abuso de autoridad que avasalla los bienes comunes más básicos de nuestro ambiente, agua, aire y suelo; así como también la salud, la cultura y los valores sociales de los y las habitantes de nuestra provincia.

Por ello, advertimos:

1) La población chubutense está profundamente preocupada e indignada, por la falta de respeto al mandato popular en relación con la megaminería. El pueblo de la provincia no desea ni remotamente el avance de esta perniciosa actividad y, pese a que es voluntad expresa de las asambleas, foros y organizaciones de vecinos y vecinas, resistir de manera pacífica a estos proyectos políticos de falso desarrollo, nos alarma que puedan producirse desbordes individuales o reacciones imprevistas ante la violencia que están ejerciendo los funcionarios al servicio de los intereses megamineros.

Repudiamos a los/as representantes/as del Poder Ejecutivo Nacional, Presidenta Cristina Kirchner y Vicepresidente Amado Boudou, del Poder Ejecutivo Provincial, el Gobernador Martín Buzzi y el Vicegobernador Gustavo MacKarthy, y funcionario provincial Ministro de Gobierno Javier Touriñan; así como a los funcionarios nacionales: el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Norberto Yahuar, el Ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y el Secretario de Minería Jorge Mayoral por impulsar políticas extractivistas que provocarán la devastación irreversible de nuestros territorios, la degradación institucional y la pauperización de miles de ciudadanos de nuestro país. Consideramos a los mencionados representantes, responsables del presente estado de conflictividad social y de todas las consecuencias que pudieran producirse, considerando que son ellos en forma personal y sus políticas las que generan una violencia imposible de ignorar.

En forma consecuente han sido nombrados por este gobierno provincial, funcionarios con una cuestionable idoneidad, muy lejos de lo esperable para el cargo que ocupan, señalamos en particular a:

a) El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Dr. Eduardo Maza, quien no sólo no es idóneo para su puesto -tal como él mismo ha expresado referido a la problemática del manejo de la calidad de agua del Río Chubut-, sino que lejos de velar por un ambiente sano y con políticas públicas que propendan a un Control del Desarrollo Sustentable; por el contrario, actúa como un promotor de la megaminería en la provincia, tal como lo ha demostrado en cada exposición en su gira provincial.

b) El interventor de Petrominera S.E., Oscar Crettini, quien ha estado en ambos lados del sector que explota los recursos del subsuelo, siendo empleado calificado de las empresas que hoy solicitan permisos de exploración de minerales metalíferos y radioactivos, en una clara infracción ética, avalada por el actual gobierno que sólo busca operadores que le aseguren inversiones a cualquier costo.

c) El Ministro de Hidrocarburos de la provincia, Ezequiel Cufré, quien se suma a la gira de promoción gubernamental de la megaminería, adosándola a la temática hidrocarburífera para propiciar su habilitación.

Por lo expresado -por considerarlos personas incompatibles, por idoneidad profesional y por intereses ajenos al cargo que desempeñan- EXIGIMOS SU RENUNCIA INMEDIATA, y así lo solicitaremos formalmente en los próximos días.

Asimismo, repudiamos a los/las intendentes Néstor Di Pierro, Máximo Pérez Catán, Ricardo Sastre, Rafael Wiliams, Rossana Artero y jefes de comunas Mario Pichiñan, Rolando Rocco, Abel Muro, por operar en favor de la megaminería o excluirse de un tema que resulta central para las actuales y futuras generaciones; en vez de gestionar para la generación de actividades económicas verdaderamente productivas, sustentables y respetuosas del medioambiente y de la salud de la población.

En el mismo sentido, les recordamos a los/las legisladores/as que son representantes de la sociedad, en especial quienes han sido elegidos por la mayoría de la población y que no han sido autorizados a impulsar o aceptar propuestas que perjudiquen a las personas. Por lo tanto, si fueran en contra del expreso mandato que en este aspecto se ha dado desde el año 2003 en adelante, indicándoles claramente la negativa de avanzar en acciones que provocarán un daño comprobado al ambiente, a la salud, a la cultura y a las posibilidades de desarrollo económico de la población; nos ocuparemos de demandarlos por su traición mediante todos los medios de los que disponemos y deberán afrontar una condena social inconmensurable.

Deben los funcionarios políticos entender, de una vez por todas, que EL QUE MANDA ES EL PUEBLO y que deben velar por su paz y bienestar, al contrario de lo que muchos están haciendo.