El Espacio Abierto de Televisoras Alternativas, Comunitarias y Populares es el lugar común de la lucha de las emisoras de televisión digital, las que vienen buscando el camino hacia una legalidad que las lleve a ser incorporadas en el seno de la comunicación social. Su gran mayoría emite sus programas por Internet, con una variada programación que intenta reflejar lo que sucede en sus comunidades y regiones, además del contexto nacional que enmarca dichos hechos. Y ello precisamente es lo que legitima su actividad, porque parte de la participación de personas y organizaciones que forman parte del pueblo.

Lo legal y lo legítimo van de la mano. Pero el discurso oficial, aunque alardea de la necesidad de la diversidad de voces, viene chicaneando el derecho de las emisoras comunitarias de diversas formas (1). Y van tres años desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual... Lo legal establece el 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro, pero ello no ha sido definido claramente en la norma y reglamentariamente, se busca institucionalizar la sustentabilidad en el marco del capitalismo "en serio", pero olvida la realidad emergente de aquellos proyectos iniciados después de la crisis de 2001, que hoy constituyen bastiones informativos destinados a las comunidades a las cuales se dirigen, mientras que lo legítimo debe entenderse desde el derecho a la libertad de expresión que estas emisoras comunitarias vienen ejerciendo de la mano de las organizaciones y movimientos sociales que buscan dar a conocer sus actividades y luchas, lo cual no siempre es reflejado por los medios comerciales y cuando lo es, suele ser tergiversado en defensa de los intereses corporativos de siempre.

Por otra parte, se advierte claramente una polarización con respecto a lo corporativo. Desde varios sectores, la disputa por la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es visualizada como una estrategia oficial contra el Grupo Clarín mientras intenta armarse la corporación oficial de medios afines. El mentado 7D constituye una lucha por el dominio de la información, donde el kirchnerismo pretende quedarse con un armado mediático que le sirva de propaganda funcional a sus propios fines, arrebatando el predominio al corporativismo de Clarín, La Nación y Perfil.

En el medio de esta lucha interburguesa, las emisoras comunitarias, alternativas y populares son las que brindan una opción informativa que permite conocer otras realidades. Son aquellas que suelen desdeñar los pulpos mediáticos y el mismo oficialismo, porque afecta a sus intereses de clase. De allí que, si se pretende la existencia de una verdadera pluralidad informativa, resulta imprescindible, al decir de la extinta compañera Adriana Calvo, una urgente legalización de estos medios surgidos al calor de los movimientos y organizaciones sociales.

Pero ello debe ser acompañado de una política oficial que fomente este tipo de actividades mediante el otorgamiento de pautas publicitarias y de facilidades para que puedan desarrollar sus actividades, incluyendo su incorporación a la grilla de la televisión por cable. Ocurre que son producto de una actividad sostenida por la militancia permanente, antes que el logro de objetivos comerciales. Ello es lo que no entienden, o no quieren entender, desde el oficialismo. Y por ende, resulta necesario que sea apoyada desde el Estado porque permitiría contribuir a la libre expresión de los pueblos.

Si tenemos en cuenta la disputa señalada anteriormente, la urgencia en la mentada legalización se encuentra en la necesidad de contribuir a la democracia informativa en términos reales. De poco vale un 7D, si no está acompañada de otras voces que contribuyan a ella. Porque la cuestión pasa, en realidad, por una desconcentración efectiva que lleve a una democratización informativa, de la mano de esa limitación a la cantidad de licencias en poder de los multimedios y de la incorporación de nuevos actores mediáticos como las televisoras comunitarias.

Ahora bien, los intentos oficiales por desmonopolizar la información pueden quedar desteñidos si no se accede al pedido de estas emisoras. Pronto se calificará al Gobierno Nacional de cercenar la libertad de expresión, en ese caso. En cambio, si se procede a la legalización, ello contribuirá a legitimar los deseos oficiales en forma sustantiva.

Se trata, nada más y nada menos, que surja una verdadera democracia mediática donde se vea reflejada lo que ocurre todos los días en todos los rincones de la Argentina. Y ello, sin dudas, será de la mano de esa legalización necesaria y urgente de los medios comunitarios, sin chicanas y con el necesario apoyo oficial para que puedan continuar con sus actividades.

Nota.

1) Siete chicanas contra la televisión alternativa, de Natalia Vinelli.