Katy García

PRENSA RED

El secretario de Relaciones Institucionales de la CTA, Juan Carlos "Pipón" Giuliani, analizó los pro y los contra en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) sancionada hace tres años.

Advirtió sobre la impunidad con que los grupos empresariales venden señales sin la participación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), violando el artículo 41. Asimismo aclaró que desde la norma, Clarín, Telefé, el Grupo Vila Manzano y Cadena 3, son monopolios.

Con respecto a la amenaza de despidos lanzada desde el Grupo Clarín manifestó que cualquier proceso de adecuación que se haga debe respetar las condiciones laborales de los trabajadores. Llamó a estar atentos y unidos en torno a la organización.

Un tema casi excluyente ha sido la discusión sobre los pro y los contra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que a casi tres años de sancionada todavía no se esté aplicando en plenitud pese a que fue aprobada con un alto consenso social y con una gran participación de los sujetos de la actividad de la comunicación. Como Cispren hemos trabajado en la Coalición por una Radiodifusión Democrática en la redacción de los 21 puntos que luego sirvieron de plataforma.

Ahora, está cuestionado solo uno de los artículos: el 161, que obliga a los monopolios a comenzar con la desinversión para ponerse en órbita con lo que plantea la norma. No se entiende, entonces, por qué si el resto del articulado está en vigencia no se cumpla.

Bueno, creemos que se debe a varias razones. Por un lado, porque se está enfrentando a un poder de dimensiones importantes que no hay que subestimar, que tiene raigambre en sectores políticos, de la comunicación, de la justicia y demás, como lo es Clarín. Esa es una parte atendible y muy importante, pero también es cierto que hay que achacarle al gobierno una cierta indolencia o mora en ajustar otros puntos de la ley que permitan su aplicación inmediatamente.

-¿Cuáles serían esos puntos?

Por ejemplo: no se ha constituido la Comisión Bicameral que prevé la ley, conformada por ocho senadores y ocho diputados del oficialismo y la oposición, y que tendría a su cargo el seguimiento, la fiscalización y la regulación de tareas elementales para que comience a funcionar. Por lo tanto, el directorio de la AFSCA sigue teniendo el mismo formato que el ex Comfer. Solo está integrado por funcionarios del poder ejecutivo nacional, lo cual deja rengo de legalidad y legitimidad a ese organismo. Faltan nombrar los directores de la oposición parlamentaria para que el ámbito sea amplio y plural y no un sitio donde se reproducen las directivas del Ejecutivo.

Tampoco se respeta el artículo 41 que plantea la sesión de las licencias. Hace pocos días, el Grupo Hadad le vendió a Indalo de Cristóbal López, el canal de noticias C5N, Radio 10, la más escuchada en todo el país, más cuatro FM, sin pasar por la AFSCA, violando absolutamente la ley. Lo mismo ocurrió con el Grupo Garfunkel que le vendió a Monetta la Rock and Pop, Splendid, Belgrano, y otras radios.

Uno de los hechos más revolucionarios de la ley es la distribución del espectro. 33 por ciento para las empresas capitalistas con fines de lucro, 33 por ciento para los medios públicos y el otro 33 para las organizaciones libres del pueblo. Pues bien, hay una lógica que sigue rigiéndose como si la ley estuviera normada para los medios privados. Tuvieron que suspender la licitación de 200 frecuencias de televisión digital porque se exigían 180 mil pesos para retirar el pliego de adjudicación. Es decir: si no tenés dinero no accedés. El gobierno ha dado dos licencias de canales de HD. Uno de ellos, a Construir; se lo otorgó a la UOCRA, gremio liderado por un ex agente de los servicios de inteligencia como Gerardo Martínez. Y lo sigue haciendo sin convocar a los medios alternativos. Entonces, digo: esto, no se le puede reprochar a la "Corpo".

Advierto que el problema de la desinversión no es solo un problema del grupo Clarín. Para la Ley también son monopolios el grupo América de Vila Manzano, el grupo de Moneta, Cadena 3, Telefónica-Telefé, etc. Nosotros hemos apoyado esta ley -que no es de "medios" porque no entran ni los productos gráficos ni Internet-, porque debe democratizar el mensaje comunicacional y además porque a los gremios nos da una herramienta poderosa para combatir el trabajo en negro. Se supone que nadie podría tener una licencia con personal no registrado. Pero no estamos de acuerdo con que se vista un santo para desvestir a otro.

Los artículos 154 y 155, promovidos por la Sociedad Argentina de Locutores (SAL), estipulan que si uno no tenía un carnet del ISER, no podría ejercer la locución. Esto dejaba afuera a miles de trabajadores idóneos en todo el país. En Córdoba, hubo un buen ejemplo: no quedarse de brazos cruzados. Como no lograron la contención en la SAL, vinieron al Cispren y se conformaron como Locutores por su Identidad. Hoy podemos decir que hemos logrado la firma de convenios con la Universidad Nacional de Córdoba, con la Universidad Nacional de Río Cuarto y ya se están entregando las habilitaciones. Ahora, si no hacías nada te pasaban por encima.

-En primer lugar llevarles tranquilidad porque tienen un sindicato que siempre defiende a los trabajadores. En segundo lugar, plantear que este discurso que genera terror está promovido desde el grupo Clarín cuando dice que si se desprende de alguna de sus "unidades de negocios" va a producir cesantías masivas. Creemos que este discurso es funcional también al gobierno. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer la organización interna, nombrar delegados, y acercarse cada vez más al sindicato porque nosotros estamos atentos y vigilantes para que cualquier proceso de adecuación empresarial que haya respete las condiciones laborales previas de los trabajadores.

Ese es el destino manifiesto que debe tener la ley. Que haya más fuentes de trabajo para periodistas, locutores, productores, operadores, administrativos lo cual fortalece la integridad regional.