AGENCIA WALSH

Este viernes se cumplen 11 meses de la desaparición de Daniel Solano. Se realizaron varios rastrillajes en la zona y no se encontró su cuerpo. La causa cuenta con más de 150 declaraciones testimoniales y se señala a efectivos policiales como los responsables de la desaparición del joven.

Daniel Solano, de 27 años de edad, desapareció el 5 de noviembre de 2011. Fue a bailar al boliche Macuba, de Choele Choel, y durante la madrugada fue sacado por personal policial.

Unos días antes, el joven reclamó el salario prometido por el contratista que lo llevó a trabajar a la multinacional UNIVEG S.A. (ex Expofrut). Al igual que a sus compañeros, le pagaron 800 de los 2000 pesos ofrecidos y Solano encabezaría un reclamo. Los habitantes de la ciudad rionegrina vinculan su desaparición con estos hechos.

El joven pertenece a la comunidad guaraní de Misión Cherenta, Tartagal, Salta, y llegó a Choele Choel en octubre del año pasado para trabajar. Se hospedaba en gamelas, como el resto de los sesenta guaraníes que viajaron con él para la cosecha.

En la actualidad, la causa cuenta con más de 150 declaraciones testimoniales que señalan a efectivos policiales como los responsables de la desaparición de Solano. Hay 22 policías imputados, de los cuales 14 están procesados y siete están detenidos en cárceles federales fuera de la provincia.

Se realizaron varios rastrillajes en la zona y no se encontró el cuerpo del joven.

Los primeros días de febrero su padre Walberto inició un acampe en la plaza principal, frente a los tribunales. Se encadenó y junto con su hermano Pablo comenzó una huelga de hambre, por lo que fueron hospitalizados. Dados de alta, regresaron a la plaza.

La Comisión Solidaridad y Apoyo a la Familia Solano emitió un comunicado donde sostiene que la desaparición de Solano "alentó a desnaturalizar los maltratos y abusos de poder" en la ciudad y "puso al descubierto una de las tantas historias de trata de personas para la explotación laboral"; práctica que cuenta con "la indiferencia" del sindicato de los trabajadores de la fruta.

Asimismo, el caso develó "complicidades policiales, judiciales y empresariales delictivas que tienen como víctimas a jóvenes en situación de vulnerabilidad y riesgo social", como así también "se evidenció la precariedad de los entes reguladores municipales de las localidades de Valle Medio", tales como la "Secretaría de Trabajo, el Tribunal de Faltas y el Digesto Contravencional provincial y municipal".

También "algunos comunicadores sociales" cuestionaron a la víctima y preservaron "el buen nombre y honor de los defensores de la impunidad".