El conflicto por la paga de los prefectos y gendarmes, que se ha extendido por todo el pa�s, y que amenaza con extenderse a otras fuerzas represivas, pone en evidencia la verdadera naturaleza de su despreciable funci�n.

Con este mot�n, una falsedad queda al descubierto: no existe la profesionalizaci�n ni la democratizaci�n de las fuerzas represivas como garant�a de paz social. La represi�n es, antes que nada, expresi�n del monopolio de la violencia del Estado, en una sociedad con privilegios de clase.

La naturaleza del reclamo (estrictamente monetario) pone tambi�n en evidencia otra falsedad: no es sindicalizando a las fuerzas de represi�n como se logra desbaratar su enorme capacidad de violencia sobre el pueblo pobre. La sindicalizaci�n, s�lo mejora su relaci�n con el Estado, pero no cambia la perversa naturaleza de su raz�n de ser.

Los prefectos, gendarmes, y el resto de los represores, no son trabajadores; no se trata de una huelga, sino un mot�n o asonada. La obtenci�n de sus objetivos, m�s que acercarlos al pueblo, los envalentonar� a�n m�s para ejercer la funci�n para la que existen: reprimirlo.

El hecho de que los polic�as provengan en gran medida del pueblo no significa nada. Es la existencia la que determina la conciencia. Y la existencia no se encuentra determinada por la percepci�n de un salario sino por la funci�n social que se ejerce. Aqu�l que, perteneciendo por origen a la clase trabajadora, se vuelve polic�a, es un polic�a de la burgues�a y no un trabajador. Todo polic�a est� entrenado para reprimir al pueblo cuando �ste se moviliza por sus justas reivindicaciones. Adem�s, saben que los gobiernos cambian, pero la polic�a permanece.

La relaci�n entre la clase dominante y el pueblo pobre es la de una guerra de clases, algunas veces m�s evidentes, otras, m�s larvada. Aunque se la disfrace mediante discursos que apelan a la paz social o a la justicia social, a la igualdad de oportunidades o de derechos, a la naturalidad del dominio de un ser humano por sobre otros, no significa que, porque las fuerzas represivas encaren un reclamo salarial, hayan abandonado, por un segundo, su funci�n de perro guardi�n. Morder y cumplir la funci�n del perro, no implica ser el amo. El perro le pertenece al amo, le obedece, cumple.

Es la naturaleza misma de su despreciable funci�n, la que torna insostenible el argumento de "si los ganamos, si los aparateamos, si conseguimos que se autodepuren y defiendan organizados, como trabajadores, entonces quebramos al sistema opresor".

Estamos ante quienes postulan el posibilismo, esa despreciable posici�n para legitimar al capitalismo desde posiciones presuntamente progresistas; es decir, de quienes no se atreven a ser abiertamente capitalistas.

Todas las experiencias de sindicalizaci�n (en Argentina existen varias agrupaciones o asociaciones de polic�as y miembros del aparato represivo del Estado) conducen inexorablemente a mejorar la capacidad de fuego, y las condiciones en las que ejercen la represi�n.

El sistema capitalista no se concibe sin trabajadores disciplinados para tolerar los niveles de explotaci�n y alienaci�n. Cualquier atisbo de levantamiento provoca la suelta de la jaur�a. Porque no pueden prescindir de los trabajadores, necesitan todav�a m�s de la polic�a, gendarmes, prefectos y todo pedigree por el estilo.

Los reclamos por la paga, son mostrados por derecha, y por alguna izquierda tambi�n, como un reclamo laboral m�s. Con esposas e hijos aplaudiendo a columnas de uniformados que entran vociferando mientras entorpecen el tr�fico, el panorama se parece mucho al de los numerosos reclamos que se formulan los trabajadores.

La diferencia - entre otras- es que en estos reclamos no hay nadie legitimado con balas y gases amenazando con reprimir.

Los reclamos por la paga de prefectos y compa��a, llevan a graves preocupaciones de funcionarios y legisladores, que intentan r�pidamente disolver el conflicto cumpliendo con cada uno de los requerimientos, a diferencia de cuando el recorte se opera sobre los salarios de los empleados p�blicos.

Se trabaja en las f�bricas y en los comercios, se trabaja en las obras y en el campo, en la monta�a y en el agua, se trabaja en las oficinas y en los hospitales, en espacios p�blicos y privados.

Formando parte del aparato represivo, NO SE TRABAJA, SE CUMPLE LA FUNCI�N DE DISCIPLINAR Y CONTROLAR A LOS QUE TRABAJAN, lo que impacta en la subjetividad de la clase trabajadora.

Eso se hace, con o sin profesionalismo, con o sin instrucci�n democr�tica, con o sin cursos de derechos humanos, con o sin sindicalizaci�n. En todos los casos, quienes cumplen esa funci�n inherente al monopolio de la fuerza por parte del Estado, reciben tambi�n otros favores de parte del mismo Estado a la hora de examinar sus conductas (impunidad, ventajas, beneficios procesales, asistencia jur�dica, etc). Y no es casual que salgan a exigir m�s beneficios cuando m�s visible se hace la necesidad que el gobierno de turno tiene de las que la ministra llama sus "fuerzas de confianza", las "profesionales", las "no corruptas", para invadir los barrios, patrullar las calles y prevenir, con la invasi�n uniformada, cualquier atisbo de m�s organizaci�n popular.

Lo que verdaderamente importa, es que est� garantizado ese monopolio del ejercicio de la fuerza para desplegarla contra las masas.

Recordamos que los que reclaman, son los mismos que hace poquitos d�as desalojaron salvajementela Panamericana y apalearon y metieron presos a 60 trabajadores en Campo de Mayo (por primera vez desde 1983), cuando se conmemoraba el d�a del detenido desaparecido, por orden de un ex carapintada, segundo de la ministra m�s "progre" del "gobierno de los derechos humanos"; los mismos que en 2005 y 2006 militarizaron y torturaron en Las Heras y reprimieron a los trabajadores pesqueros en Mar del Plata; los mismos que, en 2007, reprimieron a los trabajadores del Casino; los mismos que se infiltran y esp�an trabajadores con el "Proyecto X"; en fin, los mismos que, en 1999, asesinaron a Mauro Ojeda y Francisco Escobar en el puente de Corrientes, cuando la ministra m�s "progre" del "gobierno de los derechos humanos", era la viceministra del Interior del gobierno de la Alianza.