P: Acamparon tres días (17–19 de septiembre) frente al Palacio de Justicia para respaldar la constitucionalidad de la Ley 7722. ¿Confían en que la influencia de las protestas (véase San Jorge: primer aniversario del traspié) ganará peso en la Suprema Corte, garantizando el mantenimiento del "statu quo" de la ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera?

R: Esta ley surgió cuando en el Valle de Uco cortaron la única ruta que une el norte con el sur de Mendoza; logramos sacar una ley a la que llamamos la "ley del pueblo". Pueden omitir y no escuchar lo que dice la gente; en un desfile, un productor le dijo al gobernador que si no lo escuchaban Mendoza iba a explotar. Hay una situación que en cierto modo es así. El agua es un tema muy sensible en Mendoza: solamente el 3 % está regado, y sobre ese 3 % vive el 90 % de toda a ciudadanía y se hacen todas actividades económicas; el resto es un desierto o es montaña. Si nos quedamos sin uno de los tres oasis o se contaminan, sería un caos para la provincia. No es tan fácil hacer algo que vaya en contra del imaginario social con respecto al cuidado del agua.

R: También nos ha sorprendido mucho... A lo largo de estos años, otros grupos, gente no ligada a la problemática de las asambleas, ha hecho su aporte. Lo de Anonymous me parece espectacular, nos ayuda a visibilizar este tema. Está bien porque es una forma de manifestación; nadie salió a decir que no lo hagan más.

R: Todavía no lo hemos charlado. Lo que los grandes capitales veían como fortaleza empieza a mostrarse como su talón de Aquiles. Y también se muestra la vulnerabilidad del sistema informático, que parecía avasallador. Cierta información que ellos generan van a tener que hacerla de puño y letra, porque no saben si puede llegar a ser jaqueada o desaparecida.

R: Evidentemente, hay una cuestión central: las empresas como Alumbrera, Barrick, Vale, no podrían estar aquí si no fuese con la anuencia del poder político, económico y judicial. Este sistema les permite este tipo de explotaciones y esta forma de acumulación capitalista. Nuestra lucha contra el extractivismo también involucra la lucha contra los funcionarios. El extractivismo genera saqueo: es secante, porque utiliza mucha cantidad de agua; es contaminante, porque nos dejan todos los pasivos ambientales. La única manera de justificar estas explotaciones es con corrupción política.

R: Todas estas explotaciones no surgen por casualidad: son producto de la rentabilidad internacional. Hace unos años la tonelada de potasio costaba 100 USD, y llegó a estar a 600, 800 USD. Todas las empresas se apuraron por tener potasio, y por explotarlo. Lo mismo con el oro: en 2002 la onza estaba a 240 USD y hoy a 1900 USD. Eso es lo que motiva la explotación de estos minerales, más en los países donde no cuidan sus recursos naturales, los bienes comunes. Lo de Río Colorado es terrible; las sales de potasio se van a utilizar en Brasil para incrementar las explotaciones de caña de azúcar o soja para biocombustibles. Se las llevan para desmontar el Amazonas. Vale se transformó en una multinacional que tiene explotaciones en los cinco continentes y en más de treintaiocho países. Funciona como la Barrick: se lo lleva todo.

R: Hace no mucho en Egipto se tiró un gobierno, y eso ha sido organizado desde las redes sociales. Son formas que empiezan a desplegarse: ni bien se extiendan estos movimientos a las grandes ciudades, van a mostrarse de otra forma. Yo tengo parientes en Buenos Aires y sé que el tema del agua no se vive como en Mendoza. No tendríamos árboles en la ciudad si no fuera por las acequias; estos canales los tenemos como herencia de los huarpes y los incas. Históricamente, en Mendoza el agua ha sido siempre apropiada por los poderosos; es por eso que nosotros luchamos para que el agua sea un bien común. Y por eso nos enfrentamos a un proyecto minero que se quiere quedar con toda nuestra agua. Recién está empezando a llegar el tema de la minería a Buenos Aires, y esperaremos que vayan tomando conciencia de la realidad: donde están los glaciares están los tanques de agua de la Cordillera.

Por el Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN) en alianza con Acción por la Biodiversidad.