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El levantamiento de los efectivos de Prefectura y Gendarmería se ha incubado al interior del gabinete nacional, en medio de la lucha feroz entre la ministra Garré, por un lado, y el militar Sergio Berni, por el otro.

Para la política de la "seguridad democrática", lanzada por el gobierno hace dos años, Garré acudió a la Gendarmería y la Prefectura, como recurso de emergencia frente a la descomposición de la Federal y la Bonaerense. El escándalo del "Proyecto X" puso en crisis este armado y dejó a Garré en desgracia. Cristina Kirchner, entonces, alentó el ascenso político del militar Berni, que envió a la Gendarmería a Chubut contra los Dragones y a la Panamericana contra los desocupados, a quienes detuvo en Campo de Mayo.

La cuestión de las liquidaciones salariales de los prefectos ya se había filtrado en esta lucha al interior del gabinete de Seguridad. La crisis no es nueva: como ocurre con la policía, las fuerzas de la "seguridad democrática" componen su salario con una parte sustancial de adicionales e incentivos en negro, sujetos a la discrecionalidad de sus jefes. Según los medios, Garré anunció estos recortes hace dos meses, con la oposición de Berni. Ahora, la decisión de recortar esos adicionales hizo estallar la crisis. Según el gobierno, el decreto del gobierno fue aplicado "aviesamente", para desatar el conflicto. En ese caso, están confesando una guerra de camarillas al interior del gabinete. Garré se ha cobrado el retiro de la cúpula de gendarmes y prefectos, a quienes culpa por la "mala liquidación de haberes". Pero la crisis no se ha cerrado.

El recule oficial sobre los recortes, o los planteos de la oposición patronal para que se ‘atiendan’ los reclamos tienen un objetivo preciso: cerrar una crisis en el aparato de represión. La oposición reclama una "revalorización" de los cuerpos militares y policiales. Pero ese mismo rescate es ejecutado desde el Ministerio de Seguridad, como lo demostró Berni en la Panamericana, en el Inti y en Cerro Dragón. La Semana Santa de Cristina Kirchner tiene a sus instigadores adentro del gabinete nacional.

En oposición al reforzamiento represivo que propugnan oficialistas y opositores, reclamamos el fin del espionaje oficial y de la criminalización de la protesta; el desprocesamiento de los luchadores y la derogación de la ley antiterrorista. Que se abran los archivos de Gendarmería, de la Side, de las direcciones de inteligencia provinciales y de todas las fuerzas de seguridad. Una vez más, es el derrotero de este gobierno agotado el que entrega el país a la derecha. En oposición a ese rumbo, luchemos por una salida de izquierda.