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El supuesto éxito en la colocación de la primera emisión de deuda de YPF, proclamada enfáticamente por los medios oficiales y por el actual CEO de la empresa Miguel Galuccio, en el comunicado que emitió, ha tratado de disimular, que solo el 13% de la colocación fue adquirido por el sector privado, entre instituciones e individuos, mientras que casi el 70% de la colocación fue absorbido por la ANSES, y el resto por bancos oficiales. De esta manera y desnaturalizando los objetivos para los que fue creada la institución vuelve en auxilio del gobierno, financiando a la petrolera, con graves problemas de inversión.

Más allá de los discursos, que las evidencias desmienten, el desmanejo de la ANSES, las operaciones irregulares, el no cumplimiento de la ley se han convertido en una constante, que afectan grandemente al sector pasivo que sigue peregrinando para obtener prestaciones dignas, después de haber aportado durante décadas dinero que se les devuelve sustancialmente depreciado.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es el ejemplo del constante desprecio a la Ley y de la discrecionalidad en la utilización de los recursos, a lo que se une como factor importante la alta inflación que va licuando activos mediante una política errática por utilizar un calificativo prudente, aunque quizás extremando el rigor podríamos decir que muestra claramente la incompetencia y precariedad de las políticas oficiales, que la dialéctica de los funcionarios no alcanza a disimular.

El inciso i del artículo 76 de la ley 24.241, establece claramente, que en ningún caso la suma de las inversiones en títulos públicos podrá superar el activo del Fondo. A pesar de ello el último informe, muestra que a diciembre del 2011 la inversión en esos activos era del 59,5%, y al 31 de marzo de 58,1. Empero en este peculiar informe, solo se habla de ingresos, pero en ningún caso de proyectan egresos, ni la sustentabilidad a largo plazo del Fondo, desde donde han salido fondos que no generan rédito alguno como la asignación universal por hijo, la compra de netbooks, y otras operaciones de financiamiento gubernamental a tasas que no cubren de ninguna manera la inflación real.

En el caso de la asignación universal por hijo en el año 2010 la disposición de fondos fue de 10.000 millones de pesos y en el 2011 de 11.000 millones. A ello se suma el pago de gastos correspondientes al Ministerio de Desarrollo Social por 4670 millones de pesos, la cobertura del déficit de cajas provinciales no transferidas por 1757 millones, las pasividades que están a cargo del Tesoro nacional por 3223 millones. También existe desvío de recursos detectados por la Auditoría General de la Nación por 26.400 millones de pesos entre los años 2004 y 2008

La falta de proyecciones a mediano y largo plazo sobre la sustentabilidad del sistema operativo, determinan que las decisiones adoptadas carezcan de un fundamento razonable. La constante utilización de fondos para destinos diferentes a los planteados cuando se creó el sistema, muestra la inevitable desvalorización de activos, todo lo cual queda evidenciado, si se efectúan comparaciones en la relación con los índices reales de inflación y con el valor de la moneda estadounidense. En efecto la valorización del Fondo de Garantía en el año 2011 respecto al año anterior fue del 12,1%, con una inflación real estimada del 22%, la valorización en los seis primeros meses de este año ha sido del 7%, con una inflación que excede el 19% utilizando estimaciones prudentes, que nada tienen que ver con los índices fraguados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Si efectuamos una comparación con los valores oficiales de la moneda estadounidense los activos del Fondo en el año 2011, cuando no existían las limitaciones cambiarias, equivalían a 4.830 millones de dólares, y en los seis primeros meses de este año, equivalen a 4.698 millones de dólares, pero si efectuamos el calculo a los valores reales de la moneda norteamericana (USD 1= Pesos 6) el monto actual es de 3.485 millones de dólares, lo que significa una pérdida de 1345 millones de dólares respecto del año anterior.

El ejemplo de las formas de gestión, que muestran como se opera y los perjuicios ocasionados reiteradamente al Fondo de Garantía, lo dan dos operaciones de canje realizadas con bancos privados, que ocasionaron una pérdida de 517,1 millones de pesos, y una operación de compra de préstamos garantizados por 1.000 millones para abultar la oferta del canje del 2010, que se efectuó de manera ilegal, ya que esos títulos no cotizaban en los mercados secundarios como lo establece el artículo 78 de la Ley 24.241.

La Auditoría General de la Nación, ha indicado en el informe de este año, la existencia de "deficiencias tales como ausencia de registro contable de las operaciones en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), la ausencia de circuitos administrativos, deficiencias en el control de la cartera de inversiones, carencia de un sistema informático integrado para el seguimiento y control de Cartera, lo que representa un alto porcentaje de probabilidad de errores manuales y ausencia de método de seguridad o encriptación de archivos que permita afirmar su autenticidad… Los informes de la AGN vienen mostrando a lo largo de toda la década el deficiente funcionamiento de la ANSES, su administración ineficiente y la falta de proyecciones que puedan asegurar la sustentabilidad del sistema", lo que no es nuevo ya que en informes anteriores la Auditoría había señalado análogas deficiencias en la administración que contrastan notablemente, con las exitistas manifestaciones oficiales que aseguran el éxito de la gestión.

A todo ello se suma la falta de una gestión financiera que asegure no solo la rentabilidad real del sistema, ya que los números ficticios de valorización en pesos no contemplan los índices inflacionarios que están depreciando aceleradamente el Fondo. Esto último a pesar de algunos dividendos interesantes cobrados de empresas privadas como el cuestionado grupo CLARIN, en el que la ANSES ha invertido la nada despreciable suma de Pesos 328.503.217

Otra de las cuestiones que inciden en la valorización de los activos está relacionada con la cartera de títulos públicos que no se limita a la tenencia de bonos redituables, sino a las letras intransferibles que entrega a la ANSES el Tesoro Nacional, en compensación por los fondos que se utilizan para el pago de la deuda pública, letras para las que no existe capacidad de repago y sí el criterio de renovarlas permanentemente, como sucede con otras obligaciones, que son renovadas, con la acumulación de los intereses que devengan, aumentando así el pasivo de muchas instituciones del Estado.

A esta errática política financiera que observa la ANSES, se suma la toma de préstamos con instituciones multilaterales de crédito, para financiar la Asignación Universal por Hijo, como ha ocurrido en el año 2011, que se recibió un crédito del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) por la suma de 480 millones de dólares, a tasa variable y a pagar en 26 años, lo que compromete las finanzas de la ANSES en el futuro, cuando las actuales autoridades no estén. Esta decisión nada tiene que ver con la proclamada política de desendeudamiento y si con los viejos criterios de solicitar el auxilio de los organismos internacionales que fueron participes del desguace del Estado Nacional. También contradice expresamente lo que expresara el día 20 de septiembre en la Comisión de Presupuesto y hacienda de la Cámara de Diputados, el Ministro de Hacienda y Finanzas, Hernán Lorenzino, de que la Argentina, no recurre más a los organismos internacionales de crédito.

Cuando se decidió la estatización de los fondos que tenían en su poder la AFJP, para que el Estado se hiciera cargo de una prestación inherente a su responsabilidad como ejecutor de una política social para beneficios de la clase pasiva, terminando con los indebidos beneficios que tenían los capitales privados, resultaba claro que los capitales estatizados serían invertidos en operaciones seguras y redituables, para un aumento constante de los fondos y tal como lo establece la Ley 24.241. En ningún caso el patrimonio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, debía subvencionar a empresas deficitarias como ocurriera con la papelera Masshu, o ir en auxilio de la multinacional General Motors, encubriendo tal disposición de fondos, con la excusa de proteger la fuente de trabajo. Tampoco era ni es objetivo de ese Fondo, utilizar sus recursos para que el Estado pague a los acreedores externos de una deuda actualmente investigada en los Tribunales Federales, recibiendo a cambio promesas de pago de renovación indefinida. Muy otro fue el sentido de su creación, y de acuerdo con los informes que se disponen, que hemos citado parcialmente las políticas de los que lo administran están comprometiendo seriamente su patrimonio y el futuro de las prestaciones a que está obligada la ANSES.