LA ARENA

La polémica planteada en torno a la prostitución, en cuanto a si es un trabajo que el Estado debe regular o una actividad que debe prohibirse, volvió a instalarse en Córdoba, luego del fallo de una jueza que se definió por la postura abolicionista.

El propietario de la whiskería "El Lagarto" de la ciudad de Oncativo, a 50 kilómetros de la capital cordobesa, interpuso un recurso de amparo en contra de la ley provincial 10060, que dispone la inmediata clausura de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos o "establecimientos de alterne sexual", en todo el territorio de Córdoba.

Según lo informó el diario "Comercio y Justicia" en su edición de ayer, la acción había sido interpuesta conjuntamente con seis mujeres que trabajaban en esa whiskería, con el fundamento de que la ley cuestionada les vulneraba su derecho a desplegar una actividad lícita.

La jueza de Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas de Río Segundo, María de los Angeles Palacio, rechazó el amparo por considerar que la ley no es arbitraria ni manifiestamente ilegal, porque "la prostitución no puede ser considerada un trabajo, porque la explotación de la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, una violación a los derechos humanos, dado que no es un contrato entre cliente y mujer en prostitución, porque no se puede hablar de consentimiento en situaciones de profunda desigualdad".

La magistrada también solicitó que las autoridades provinciales brinden a las mujeres demandantes "la posibilidad de un trabajo digno que les permita salir de la situación de vulnerabilidad" en que se encuentran.

El fallo de la jueza Palacios fue duramente cuestionado por la titular de la filial cordobesa de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), Eugenia Aravena, quien considera -junto con su agrupación- que la prostitución es un trabajo lícito y que ellas no deben ser consideradas prostitutas, sino trabajadoras sexuales.

Así, aunque ambos proclamen la defensa de los derechos de las mujeres, los movimientos feministas se dividen entre quienes consideran a la prostitución como una forma de violencia a las mujeres, que debe ser desterrado; y quienes defienden el trabajo sexual como una opción que puede ser elegida libremente por una mujer adulta.

En esta última posición, y aunque no lo fomentan, Ammar considera que el trabajo sexual constituye una salida laboral para muchas mujeres. Entre sus actividades promueven campañas de higiene entre sus afiliadas, sostienen guarderías y denuncian el maltrato de la policía.

A nivel de políticas públicas, los Estados también se dividen en tres grupos: prohibicionistas, reglamentaristas y abolicionistas.

Los países que tienen un régimen prohibicionista de la prostitución, consideran a esta actividad como ilícita, y persiguen y criminalizan a las personas involucrados en ella.

Por su parte, los países reglamentaristas, consideran que la prostitución debe controlarse y organizarse como si fuera un "servicio público". De esta forma se controla la prostitución mediante leyes y ordenanzas, que son aplicadas por los municipios y la policía.

El tercer grupo de países, llamados "abolicionistas", se prohíbe el proxenetismo y la explotación de la prostitución ajena. En este caso, se trata de que el Estado garantice medidas de reinserción social y laboral para las personas prostituidas.

La Argentina se inscribe entre los países abolicionistas, que siguen las normas de la Convención contra la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena, aprobada en las Naciones Unidas el 2 de diciembre de 1949.

Esta Convención establece que es punible "toda forma de explotación de la prostitución ajena", prohibiendo el establecimiento de prostíbulos, la reglamentación de la prostitución y planteando la prevención de la prostitución y la trata, la protección de las víctimas y el control de las agencias de empleo que encubren la prostitución.

La realidad muestra que en nuestro país se persigue a las prostitutas con Códigos de Faltas y Contravencionales vigentes en las provincias; que proliferan establecimientos como wiskerías y cabarets, donde se explota a mujeres en situación de prostitución; que los proxenetas actúan con impunidad; que se promueve la prostitución a través de los medios de comunicación, en las publicidades y en Internet; entre otras muchas situaciones que hacen que el ejercicio de la prostitución siga siendo un gran negocio para las redes de prostitución, que mueve miles de millones de dólares al año, en nuestro país y en todo el mundo.

La ley 26364, para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, al exigir la prueba de la falta de consentimiento de la víctima mayor de 18 años para que exista el delito de trata de personas, levantó críticas al debatirse el proyecto en el Congreso Nacional, porque estaría permitiendo la "trata legal", esto es, que la víctima haya consentido su propia explotación. Así, los proxenetas y tratantes, serían una especie de empresarios del negocio de brindar placer a través del sexo pago.

La Campaña "Ni una víctima más de las redes de trata y prostitución", considera que no es un debate meramente jurídico la asunción de una postura abolicionista o reglamentarista.

Presentar a la prostitución como un trabajo "libremente elegido", llevaría a considerarlo como algo deseable y posible para niñas, adolescentes y mujeres.

En cambio para la posición abolicionista, el ejercicio de la prostitución en sí mismo no es ilegal. Lo que es ilegal es la explotación de la prostitución ajena. Pero argumentan, contradiciendo la postura reglamentarista, que regular el ejercicio de la prostitución, como lo piden las organizaciones de trabajadoras sexuales, no soluciona el problema, pues se ha comprobado que en los países donde ese sistema está vigente, ha aumentado considerablemente esta actividad, así como la trata de mujeres y niñas. Aunque no sean lo mismo, la postura reglamentarista fomenta el delito de trata de personas, porque esas redes "ofrecen" los servicios de mujeres, muchas de las cuales son víctimas que han sido obligadas a prostituirse a través de la fuerza, de los malos tratos y las amenazas.

Si bien puede haber y seguro que los hay, prostíbulos o wiskerías donde sólo haya mujeres adultas, que están por su propia voluntad, en muchísimos de estos lugares se explota a menores de edad, y se mantienen situaciones de violencia contra centenares de niñas y adolescentes víctimas de las redes de trata. Hay demasiados casos (y muchos más que no salen a la luz), como para no ver esta terrible realidad.

Hay organizaciones internacionales, que manejan cientos de millones de dólares por año, que se dedican a la trata de personas con fines de explotación sexual, en el que el noventa por ciento de las víctimas son mujeres y niñas.

Dentro de las actividades por la abolición de la prostitución y la trata de personas, en especial mujeres y niñas, se han realizado numerosas jornadas, como las de la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, el 2 y 3 de diciembre de 2011, en conmemoración del día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara el "Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena" y proponiendo que el día 2 de diciembre sea instituido como el "Día de la Abolición del Sistema Prostituyente".

En La Pampa, el 10 de febrero de este año, se realizaron las Primeras Jornadas Municipales Abolicionistas sobre Prostitución y Trata de Mujeres, Niñas y Niños, organizadas por la Subdirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Santa Rosa y con el auspicio de Mujeres por la Solidaridad.

En esas jornadas, la Campaña Abolicionista plantea que toda forma de explotación de la prostitución ajena es punible, sin importar el consentimiento de la víctima. Por ello, se promueve la prohibición de prostíbulos y se oponen a la reglamentación de la prostitución; sí plantean la prevención de la prostitución y la trata, y la protección de las víctimas.

Desde el Abolicionismo se propone un mundo sin prostitución, pero que no puede ser logrado persiguiendo a las personas que están en esa situación, sino a través de la inclusión social, de la igualdad y del cambio cultural. Se trata de difundir una premisa básica: que la prostitución no sea una opción laboral para ninguna mujer, niña o niño, para ninguna persona.