Carlos Saglul
ACTA

Juan Carlos Capurro asesor jurídico de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA) y abogado de entidades defensoras de los derechos humanos señaló a ACTA que el gobierno no fue presionado para legislar la Ley Antiterrorista. Advirtió que "desde la época en que gobernaba Isabel Perón no se impone una legislación tan grave desde el punto de vista del retroceso de los derechos democráticos. Con esta ley puede ir preso cualquiera que proteste. Es urgente pedir su derogación", advirtió.

Tenemos una Ley Antiterrorista aunque no hay terroristas, o en todo caso lo que existió fue un Estado Terrorista.

Acá no hace falta ninguna Ley Antiterrorista porque el Código Penal tiene prevista las herramientas para combatir este tipo de delitos. De lo contrario no se estaría juzgando el Terrorismo de Estado. El gobierno lo sabe.

La otra falsedad es que esto es producto de una presión del GAFI. Es mentira, el GAFI no puede exigir una ley que viola la libertad de expresión. Acá hay una ley que por ejemplo habla de aterrorizar a la población, lo cual se presta a cualquier interpretación por parte de los jueces.

También tipifica como delito, obligar a un funcionario a tomar una decisión contra su opinión.

Muchas veces, especialmente durante el gobierno de Carlos Menem, encontrabas funcionarios que después de haber negociado algo con las comisiones internas alegaban haber sido presionados. Esto avala este tipo de actitudes. ¿Qué se hará ahora, meter presos a los dirigentes?

Me dice que el Gobierno no fue presionado. ¿Cuál es entonces el objetivo de la Ley?

Esto sale después de que la jefa de Estado habló de presiones desmedidas de los gremios. Advirtió que no aceptará el chantaje. Al enfrentamiento que tenía con la CTA después de los intentos de dividirla, sigue lo de la CGT. Me parece que no es casual. Esto es lo que se llama Ley Penal en Blanco. Deja a la libre interpretación de quien acusa lo que considera que encaja en su relato del supuesto delito. Supongamos que la gente se moviliza para exigir algo que el gobierno no quiere. Lo estaría obligando a hacer algo, incurrirían en terrorismo según la Ley.

¿Es decir -según usted- que se está intentando criminalizar aún más la protesta social?

La cifra de procesados por protestas sociales fue históricamente de cinco mil. En los últimos años el número aumentó por lo menos en un 30 por ciento. Hay miles y miles de dirigentes sociales procesados en todo el país. Con esta Ley la situación será peor. Es un hecho muy grave, especialmente para los trabajadores, un cheque en blanco contra los gremios y cualquier protesta social.

Parece que hay menos represión porque ahora es selectiva a diferencia de antes que era masiva. Por ejemplo la mayoría de los procesados actuales son de la CTA, de las organizaciones de izquierda.

¿Está a favor de pedir una amnistia generalizada?

La CTA a estuvo siempre por el desprocesamiento pero hay un debate interno a partir de la opinión de compañeros que piden se legisle una amnistía. No estoy de acuerdo, aquí no hubo delitos, por lo tanto amnistiar no permite demostrar la inocencia de los procesados.

¿Hay conciencia sobre la gravedad de la situación?

Esta Ley es una espada de Damocles sobre los trabajadores y se da en un momento en que nunca desde en menemato hubo por ejemplo, tantos muertos por conflictos sociales en distintos puntos del país.

No se tiene en cuenta la gravedad de la Ley porque aparece "casualmente" en un momento muy especial del año. Lo digo con todo conocimiento ya que tengo muchos años de profesión como abogado de conflictos sociales. No recuerdo desde el gobierno de Isabel Perón una ley parecida. Hay que movilizarse, hay que exigir la derogación de esta ley antes que la apliquen.