Irina Santesteban
LA ARENA

Aunque algunos jueces y funcionarios judiciales a quienes se comprobó que actuaron como cómplices de la dictadura militar-cívica han sido destituidos mediante los mecanismos constitucionales, otros continúan en sus altas funciones.

El juez santafesino Víctor Brusa fue destituido en 2000 por el Consejo de la Magistratura de esa provincia, pero no por su participación en los crímenes cometidos durante la dictadura sino por haber incurrido en "mal desempeño" de sus funciones. Es que en noviembre de 1997 protagonizó un accidente con su lancha del que resultó muerto el joven nadador Miguel Pedernera, y Brusa, como titular de dos juzgados federales en Santa Fe, se encargó de obstruir y forzar al personal policial para desincriminarse en esa causa.

Como Al Capone, Brusa fue destituido no por haber sido cómplice y partícipe de crímenes cometidos durante la vigencia del terrorismo de Estado en la Argentina, sino por un accidente que reveló su personalidad muy poco respetuosa de la vida humana, pues luego de pasarle por encima a Pedernera, huyó del lugar.

Nueve años después, Brusa fue condenado a 21 años de prisión por los delitos de torturas, privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales.

En Mendoza

El 11 de marzo de 2011 fue destituido en Mendoza el camarista Luis Miret, por la causal de "mal desempeño", al haber omitido investigar o efectuar denuncia penal de vejaciones, torturas y robos a detenidos puestos a su disposición por parte de las fuerzas represivas en esa provincia en febrero de 1976.

Miret no sólo sufrió la destitución del cargo que ostentaba en la Justicia mendocina, sino que también perdió su jubilación y quedó a disposición de los tribunales federales del fuero penal de Mendoza.

El camarista había presentado la renuncia al cargo cuando estaba al borde del juicio político, pero nunca fue aceptada por el Poder Ejecutivo por lo cual no pudo evitar la destitución.

Otro fugado

En esa misma provincia, el camarista Otilio Romano también enfrentó el juicio de destitución por su complicidad con crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar-cívica, pero en lugar de renunciar se fugó a Chile donde obtuvo una visa especial por ocho meses. El pasado 15 de diciembre Romano fue destituido como camarista de la Justicia mendocina y luego de eso la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia pidió su extradición. Es de esperar que ese pedido sea atendido por las autoridades trasandinas, para que este juez pueda enfrentar los juicios por los delitos de torturas y privación ilegítima de la libertad agravados, en más de un centenar de causas por el secuestro y desaparición de ciudadanos en Mendoza durante la dictadura militar.

Personal civil

En Córdoba, también en 2011, fue destituido el asesor letrado penal José Luis Santi, por haber ocultado, al momento de su designación como magistrado de la Justicia cordobesa en 2005, sus antecedentes como personal civil de Inteligencia, bajo el mando del Destacamento 141 de Inteligencia de esa ciudad, durante los años 1981 y 1982.

Según la información de la Unidad Fiscal de Seguimiento de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad, que dirige el abogado Pablo Parenti, son aproximadamente 55 los magistrados y funcionarios judiciales que hoy enfrentan causas penales por haber omitido investigar o directamente por complicidad en los crímenes que se cometieron durante la vigencia del terrorismo de Estado en la Argentina.

Juez denunciado

Aunque no tiene causas penales en su contra, uno de los casos que mejor grafica esa complicidad del Poder Judicial con los crímenes de la dictadura militar, que se mantuvieron durante muchos años aún luego de la recuperación de la democracia, fue el del ex presidente de la Cámara de Casación Penal, Alfredo Bisordi, quien renunció en marzo de 2008, luego de haber sido denunciado por los organismos de derechos humanos y por el entonces presidente Néstor Kirchner, por "cajonear" por años y años las causas por delitos de lesa humanidad.

La Cámara de Casación Penal fue creada durante el menemismo y fue una especie de "filtro" para las causas penales complejas, porque allí se resuelven todos los recursos y defensas que se interponen en todos los juzgados federales del país, en materia penal.

Bisordi había ingresado a la Justicia en la época del dictador Juan Carlos Onganía, y durante la dictadura militar videlista fue el secretario del juez Giletta, quien se caracterizó en esos años, por negarse sistemáticamente a tramitar los innumerables recursos de habeas corpus que presentaban los familiares de los miles de secuestrados y desaparecidos que había en esa época.

El 24 de febrero de 2011, casi tres años después de renunciar a su cargo de camarista, Bisordi debutó, como no podía ser de otra manera, como abogado defensor del ex intendente de Escobar y hoy condenado por delitos de lesa humanidad por el Tribunal Oral Federal Número 1 de San Martín, el ex comisario Luis Patti.

Freno cómplice

Luego de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto final, sancionada por ley en agosto de 2003, las causas por los crímenes de lesa humanidad volvieron a tomar impulso, pero sin embargo, encontraron un freno casi inexpugnable en la Cámara de Casación Penal, que llegó a detener hasta por tres años y más, los recursos que presentaban, uno tras otro, las defensas de los represores.

Afortunadamente, en la referida Cámara asumió hace pocos días, como nuevo presidente, el magistrado Pedro David, quien declaró que una de las prioridades de ese tribunal será, justamente, las causas por delitos de lesa humanidad.

Defensora

Por eso es que causó asombro la información aparecida en el diario "Página 12" en su edición del lunes 2 de enero, que da cuenta que una secretaria de la Cámara de Casación Penal, María Laura Olea, actuó y lo sigue haciendo como defensora de su padre, el general de brigada Braulio Olea, un represor condenado a 25 años de prisión en Neuquén por su participación en delitos cometidos durante el denominado Proceso.

Aunque ya se le abrió un sumario administrativo a esta funcionaria, que podría incluso llegar a la cesantía, lo cierto es que, en 2008, el juez Eduardo Riggi le había otorgado licencia sin goce de sueldo para que actúe como defensora de su padre en Neuquén.

Esa decisión fue avalada por los camaristas Liliana Catucci, Juan Fégoli, Juan Carlos Rodríguez Basabilvaso y Angela Ledesma, ésta última fue quien ordenó ahora labrar un sumario por esa misma situación que habían autorizado tres años antes. En ese momento se argumentó que, si bien el Reglamento de la Justicia Nacional prohíbe a los empleados y funcionarios judiciales ejercer como abogados, existe una excepción, y es para hacerlo por causas personales o en representación de familiares directos.

En los dos lados

Braulio Olea fue condenado en 2008 por secuestro, robo, coacción, asociación ilícita y tormentos, y en ese juicio fue asistido por su hija, María Laura Olea, quien luego de la sentencia volvió a sus funciones como Secretaria de la Sala Tercera de la Cámara de Casación Penal. Aunque la revisión de la sentencia de Olea, por apelación de los condenados, le tocó a la Sala IV de la Cámara de Casación, a la audiencia recientemente convocada para que las partes expusieran sus argumentos concurrieron los abogados de ambos lados, incluida la secretaria en cuestión. La jueza Ledesma fue quien pidió el sumario, pues aunque había autorizado la actuación como defensora de Olea hace tres años, ahora la etapa es la de revisión de la sentencia. ¿Cómo va a actuar como defensora una funcionaria que trabaja en el mismo Tribunal que debe revisar la sentencia?

Muchos cambios hacen falta en la Justicia argentina para hacer realidad la necesaria democratización de ese poder fundamental de una república, pero la depuración de aquellos funcionarios que avalaron y lo siguen haciendo, con el accionar del terrorismo de Estado, es lo más urgente.