La autogestión de empresas por parte de sus trabajadores constituye, en la
actualidad, un modelo productivo cada vez más presente en la realidad económica
argentina.
A pesar de las trabas propias que impone la dinámica del capital y la ausencia
de políticas de Estado serias para el sector, son cada vez más las cooperativas
o empresas recuperadas que logran reactivar la producción garantizando fuentes
de trabajo y salarios.
Este nuevo mundo de la autogestión es amplio y diverso pero sabemos que, para
enfrentar a la competencia del mercado y sus exigencias de productividad,
necesitamos unidad de acción en función de estrategias que permitan proyectarnos
en el mediano y largo plazo. En este sentido, desde la Unión Solidaria de
Trabajadores (UST) partimos del supuesto de que no es posible la recuperación
del trabajo sin la recuperación del territorio y, por lo tanto, la integralidad
de nuestro modelo se basa tanto en la producción como en el desarrollo
comunitario; cuyo sostén es la participación popular y el compromiso de los
trabajadores, recuperando la conciencia de clase y conformando, dentro de la
misma, un nuevo sujeto: el trabajador autogestionado.
La UST, enrolada en la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados
(ANTA-CTA), es tan sólo una de las experiencias surgidas como consecuencia de
las desastrosas políticas neoliberales de las últimas décadas en nuestro país.
La decisión de Syusa (Grupo Techint), y de su sucesora (Estrans), de retirarse y
dejar a los trabajadores en la calle llevó a que la comisión interna de
delegados y los trabajadores decidamos, hace ya cinco años y con el apoyo de
toda la comunidad, conformar la Cooperativa de Trabajo UST Ltda., encargada de
las tareas de mantenimiento de áreas verdes, parquización, movimientos de
tierra, mantenimiento de caminos internos e infraestructura del Centro de
Disposición de Villa Domínico.
Esta economía integradora la desarrollamos a partir de la distribución del
ingreso decidida en Asamblea. Del ciento por ciento del ingreso, resolvimos que
la mitad vuelva a los trabajadores en salarios y garantizamos el acceso a todos
los derechos que conquistó el movimiento de los trabajadores en nuestra historia
(obra social, aguinaldo, jubilaciones, vacaciones pagas, etcétera). Cabe aclarar
que estos derechos laborales no están contemplados en la legislación vigente
porque no tenemos un marco jurídico para el trabajador autogestionado.
De la otra mitad, el 25 por ciento se invierte no sólo en amortizaciones sino en
el incremento de capital fijo con el objetivo principal de generar más puestos
de trabajo (nuestra planta de trabajadores pasó de 39 en 2004 a 92 en 2009).
Finalmente, el restante 25 por ciento se orienta al desarrollo social de la
comunidad (vivienda, educación, salud, recreación y niñez). Desde esta
concepción, la inversión del excedente es para generar más puestos de trabajo e
inclusión social en la comunidad. En este sentido, construimos 100 viviendas en
Wilde (Barrio San Lorenzo), pusimos en funcionamiento el Bachillerato popular
"Arbolito", que cuenta con más de 50 alumnos y brinda título oficial (además, de
implementar un convenio de extensión universitaria con la Unqui y otro de las
mismas características que estamos por concretar con la UBA), construimos el
Polideportivo, como eje articulador de todas las actividades recreativas y
culturales, y estamos construyendo un centro de abaratamiento para el desarrollo
de un merc
ado popular. También está en marcha el inminente centro de salud y el proyecto
de un Centro Recreativo, educativo y de producción agroecológica, en la ribera
de Villa Dominico, entre otros.
Todo esto es posible en la medida en que llevamos a la práctica "la integralidad"
trabajo-territorio, es decir, la retroalimentación entre la producción y la
organización social, como red de contención y apuesta a la participación
popular. Simplemente buscamos recuperar esa "vieja subjetividad", la noción de
que todos somos trabajadores. Por ello, desde Anta proponemos, en el marco de la
CTA, la sindicalización de los trabajadores autogestionados como herramienta
política que oponga la igualdad y justicia social a la exclusión que imponen los
sectores dominantes.
En este escenario, consideramos indispensable el desarrollo de políticas activas
de Estado que reconozcan esta experiencia del campo popular y aporten a la
consolidación de las mismas facilitando el acceso al crédito y elaborando un
marco jurídico que reconozca al trabajador autogestionado. Si ello ocurriera, se
estaría aportando a la consolidación de esta experiencia de clase que construye
la inclusión social con eje en el trabajo.
Mario Barrios es secretario General de la Asociación Nacional de Trabajadores
Autogestionados (ANTA-CTA). Miembro de la Mesa Nacional de la CTA.
