En el 24 de agosto de 2010, el mundo se quedó espantado con los 72 cuerpos de migrantes encontrados en la municipalidad de San Fernando, en el estado mexicano de Tamaulipas. Un joven ecuatoriano que fingió su propia muerte escapó y caminó por 23 Km con una bala en el cuello, hasta la comisaría de policía más cercana, para noticiar la masacre. Cuando los agentes llegaron, los asesinos aún estaban allí, y hubo una balacera. Los cuerpos de los migrantes estaban en un galpón, con los ojos vendados y con las manos atadas, como las fotografías mostraron al mundo. Había 21 ciudadanos, 16 de El Salvador, 6 de Guatemala, 5 de Ecuador además del sobreviviente, y 4 de Brasil. Así como millones de trabajadores, intentaban llegar a los Estados Unidos para conseguir un trabajo que por lo menos les permitiera sostener sus familias.

Aunque se ha dejado de hablar sobre el caso, no fue un incidente aislado. Tanto es así que el 6 de abril de 2011, se encontraron ocho fosas clandestinas, con 59 cuerpos, en la misma municipalidad de San Fernando. Las investigaciones posteriores del Ejército y las excavaciones hubieron revelado un total de 145 cuerpos solo en esa ocasión. A diferencia de la primera matanza, esa no fue ampliamente difundida al mundo. La mayor paradoja es que esa es una de las regiones del país con la mayor presencia de fuerzas armadas oficiales. Además, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU había visitado el México en marzo de 2011 y emitió un informe con una serie de recomendaciones a las autoridades para garantizar los derechos fundamentales y la investigación de las denuncias de desapariciones forzadas.

Tampoco fue ampliamente difundido que, en mayo de 2011, un grupo de migrantes centroamericanos liberado de un secuestro denunció que fueron expulsados del autobús en que viajaban por agentes de migración, y entregados a bandas criminales. El caso llevó a la detención de 6 agentes del Instituto Nacional de Migración, lo que contribuyó para un levantamiento popular en todo el país en contra de la violencia del Estado denominada "Guerra a las drogas". Esa movilización nacional fue impulsada por el llamado de los familiares de víctimas, donde se incluye el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado en condiciones bárbaras.

Muchos otros casos demuestran la gravedad del problema de los migrantes y la violencia a lo largo de la frontera entre México y los EUA. Se pueden mencionar: el escenario de desastre humanitario con miles de personas cruzando el territorio de México encima de vagones de tren; la matanza de mujeres (feminicidio) constante en Ciudad Juárez, la ley SB-1070 del estado de Arizona, que establece la persecución y criminalización constante de los inmigrantes latinos en EUA. Además de la violencia en todo el país como pasa en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

A fines de 2010, se estableció un Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento (migrantes, refugiados, desplazados internos), que durante varias sesiones recibió más de 50 casos, en especial los relacionados a la violencia contra los migrantes. Esa violencia está directamente relacionada con las políticas estatales de control, restricción y criminalización de los migrantes en los países de tránsito y de destino, medidas que cumplen, ante la crisis general del capitalismo, el rol de proveer fuerza de trabajo precaria y rentable.

Cuando la masacre de Tamaulipas completa un año, hay que recordar intensamente. Para que se sepa, no fue un hecho aislado, y para que triunfe la lucha de los migrantes y tenga eco en todas las conciencias del mundo.

Júlio Moreira es profesor de Derecho Internacional, miembro de la Comisión Jurídica del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento y de la Asociación Internacional de los Abogados del Pueblo (IAPL).