Pese a que el gobierno de Juan Manuel Santos se empeña en borrar del léxico la palabra paramilitar, "en Colombia no se ha terminado la horrible noche del paramilitarismo", por cuanto sus estructuras siguen intactas, señaló en forma categórica y con pruebas en la mano, el representante del Polo Democrático Alternativo (PDA), Iván Cepeda Castro, durante el debate que realizó conjuntamente con el congresista liberal, Guillermo Rivera en la Cámara, el pasado miércoles 23 de marzo.

Cepeda demostró cómo las famosas desmovilizaciones de 31 mil paramilitares en 2006 dizque para acogerse a la Ley de Justicia y Paz fueron una completa farsa. Mostró cifras de organismos internacionales y ONGs de derechos humanos que atestiguan sobre millares de víctimas objeto de desplazamiento forzado por parte de lo que el gobierno de Santos quiere hacer aparecer como bandas criminales (Bacrim) pero que son grupos paramilitares reciclados.

Recordó cómo un actor de primera línea en organizar bandas paramilitares ha sido el empresario de esmeraldas Víctor Carranza, que aunque su prontuario es muy amplio, solo estuvo en la cárcel por un delito y durante un breve lapso.

Mostró también el congresista del Polo la coincidencia existente entre la presencia en amplias regiones del país de concesiones mineras y la ocupación en esos territorios de paramilitares porque lo que está en juego es el predominio de la tierra que ha sido objetivo de limpieza social.

Cepeda Castro manifestó que no se puede negar la realidad como se empeña el gobierno de Santos al señalar que lo que queda de paramilitarismo son unas bandas delincuenciales a las que las mueve simplemente el narcotráfico y el afán de lucro.

"No se trata de unos grupos narcotraficantes no más", dijo el congresista y señaló cómo varios de los dirigentes paramilitares siguen realizando su accionar, generando desplazamiento humano, infiltrándose en gobiernos locales e influyendo en las altas esferas del poder como el Congreso de la República.

Señaló que de acuerdo con informes de organismos de Naciones Unidas, actualmente el Congreso de Colombia sigue infectado de parapolítica. El 13% de la representación en la Cámara y el 29% en el Senado tienen estrechos vínculos con organizaciones paramilitares.

Durante su intervención en la Cámara, Cepeda develó el plan macabro concebido en forma conjunta por los jefes paramilitares y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para engañar al país y a la comunidad internacional respecto de la desmovilización de 31.600 paramilitares.

La consigna de Jorge 40 era elocuente: "entre más gente muestren mejor", y así se hizo bajo la mirada complaciente del entonces alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo y el ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, hoy llamados a rendir cuentas a la justicia por semejante engaño.

El plan de las falsas desmovilizaciones contemplaba tres fases, señaló Cepeda Castro:

1. Venta de bloques y adquisición de franquicias.

2. Show masivos de desmovilización de supuestos paras.

3. Control posmovilización.

Tras los problemas por las trampas mutuas que se tendieron jefes narcoparamilitares y el gobierno de Uribe Vélez, quedó demostrado el burdo montaje al que fue sometido el país.

Cepeda recordó que el jefe para Ernesto Báez le enrostró al propio Ministro del Interior que algo más de doce mil desmovilizados no pertenecía a esas estructuras criminales y el gobierno debió reconocerlo.

Igualmente sacó a relucir el episodio en el que el comisionado Luis Carlos Restrepo en el montaje de Medellín en forma enérgica les reclamó a los jefes paramilitares que en la lista de desmovilizados metieron delincuentes callejeros, 48 horas antes del burdo acto.

El representante del Polo llamó la atención de la Fiscalía, habida cuenta de que ahí queda demostrado al menos un delito cometido por Restrepo al haberse prestado como cómplice para perpetrar semejante engaño.

Al mismo tiempo Cepeda se interrogó sobre el daño patrimonial para la Nación debido a que a los supuestos desmovilizados se les cancelaba una mensualidad de 358 mil pesos más atención médica y educativa.

¿Quién asume esa responsabilidad fiscal?, le trasladó la pregunta a la Contralora General de la República.

Al fin y al cabo lo que hubo en 2006 fue una desmovilización paramilitar con libreto y todo un montaje teatral para darle beneficios a los jefes de esas bandas, como por ejemplo, la denominada Oficina de Envigado, que está intacta y vigente en su accionar criminal.

Víctor Carranza y sus ejércitos privados

Mención especial del debate de Cepeda fue el caso del esmeraldero Víctor Carranza, de quien dijo que enviaba a su gente a entrenarse en los cursos que dictaba el mercenario israelí Yair Klein.

Carranza, dijo, es prueba viviente de que el paramilitarismo no se ha desmovilizado, pues existe todo un imperio de este señor con sus ejércitos privados y en sus haciendas se han encontrado fosas comunes.

En buena hora, dijo el congresista del Polo, la Fiscalía ha abierto de nuevo una investigación en su contra.

Explicó que en Colombia se conjuga el viejo paramilitarismo como el que maneja Carranza y la nueva tipología de las bandas criminales, todas las cuales hacen presencia en al menos 300 municipios de once departamentos del país.

Cepeda puntualizó que el gobierno debe admitir que en Colombia así como existe un conflicto armado, el paramilitarismo sigue manteniendo su accionar y sus estructuras, porque como quedó demostrado, su supuesta "desmovilización" constituyó una completa farsa auspiciada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Por su parte, el representante liberal Guillermo Rivera dijo que su partido advirtió de las falsas desmovilizaciones en 2006.

Fue sorprendente, explicó, que en 2006 el propio Carlos Castaño hablaba de que los paramilitares eran un ejército de 10 mil hombres, luego se infló la cifra a 19 mil y terminaron desmovilizándose 31.600.

Sostuvo que los hechos y el tiempo les dieron la razón a quienes denunciaron semejante patraña.

"El Ministro del Interior de la época nos trató de manera despectiva y quiso ponernos ante los colombianos como unos irracionales de la política, como un grupo de parlamentarios que bajo la oposición se resistía a reconocer los avances del gobierno de entonces en el desmantelamiento de 30.000 hombres en armas", afirmó el congresista.

Rivera citó que todas las versiones de la justicia coinciden en que Vicente Castaño fue el cerebro de las organizaciones criminales, luego del proceso de desmovilización.

En ese sentido, puso de ejemplo que William Varela, jefe de los ‘Rastrojos’, le compró al bloque Central Bolívar los 400 desmovilizados que no tenían cuentas con la justicia para extender su banda.

A la vez, indicó que los cinco principales grupos de bacrim "nacieron con exparamilitares a la cabeza" y siguen en manos de exautodefensas, al tiempo que señaló que hoy los hijos de los exjefes ‘paras’ están dentro de las bandas criminales que funcionan como redes para distribuirse diversas tareas.