Madrugada del sábado 15 de febrero del 2011. Aglomerado da Serra, región habitada por familias de pocos ingresos en Belo Horizonte. Tres soldados de la ROTAM (Ronda Táctica Metropolitana), al mando del cabo PM Fabio de Oliveira, de 45 años, rodean a dos humildes moradores de la zona -el enfermero Renilson Veridiano da Silva, 39 años, y su sobrino, el ayudante panadero Jeferson Coelho da Silva, de 17.

Acusados de ser traficantes de drogas, ellos lo niegan. Los policías militares gritan que los traficantes deben pagar propina. Pero ellos no tienen dinero. Obligados a tumbarse en el suelo, son fusilados. Los vecinos y los familiares de las víctimas se enardecen. A la mañana siguiente queman tres autobuses. El gobernador, Antonio Anastasia, exige esclarecer el asunto. Los policías son capturados el miércoles día 23. El cabo Oliveira, que mandaba la patrulla, queda en una celda del 1° Batallón de la PM.

El jueves 24 el cabo recibe la visita de su exmujer y del abogado Ricardo Gil de Oliveira Guimarães. El preso aparenta tranquilidad. El viernes 25 de madrugada el cabo Oliveira es encontrado muerto en su celda, ahorcado con los cordones del calzado que usaba, amarrados al tubo de la ducha.

¿Suicidio o suicidado? ¿Desesperación o desaparición de pruebas? Las autoridades policiales que estaban investigando el caso sospechan que hicieron callar definitivamente al cabo para evitar que denunciase otros asesinatos cometidos por la PM del estado.

Dos trabajadores inocentes asesinados a quemarropa. El gobernador Anastasia se encuentra ante su primera oportunidad de comprobar que la PM de Minas Gerais no puede ser confundida con un reducto de asesinos.

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El lunes 28 de febrero el cuerpo de Sebastián Bezerra da Silva, de 40 años, de la Comisión de Derechos Humanos de Tocantins, fue encontrado en una hacienda del municipio de Dueré (TO). Tenía rotos los dedos de las manos y debajo de las uñas señales de pinchazos; le habían arrancado los dedos de los pies; y se declaró que había muerto por estrangulamiento.

Representante regional del Movimiento Nacional de Derechos Humanos, Silva había denunciado a policías militares por prácticas de torturas y asesinatos. En los últimos meses estaba investigando la responsabilidad en el linchamiento de un preso en una comisaría del interior.

Le toca al gobernador Siqueira Campos, de Tocantins, investigar este crimen horrible y demostrar que su estado no tiene nada que ver con el viejo oeste donde imperaba la ley del más fuerte. *

El presidio Oso Blanco, de Porto Velho (RO), alberga a 456 presos. El 31 de diciembre del 2001 tenía 1,200 detenidos. Muchos circulaban libremente por los pabellones. El poder judicial determinó que todos debían ser metidos en las celdas.

El día 1 de enero del 2002 el director del presidio, Weber Jordano Silva; el gerente del sistema penitenciario, Rogelio Pinheiro Lucena; y el director de seguridad, Edilson Pereira da Costa, decidieron mezclar, en el patio, a los presos condenados a muerte con los demás.

Arrastrados, los condenados por la ley del perro gritaban por los pasillos, pedían clemencia a los agentes penitenciarios, porque sabían con certeza lo que les esperaba. En vano. Fueron asesinados 27 presos.

El sábado 26 de febrero del 2011 -nueve años después de la masacre- la Justicia de Rondônia condenó a 17 detenidos, acusados de participar en la carnicería, a sentencias de 378 a 486 años. Todos los directores y agentes penitenciarios fueron absueltos.

La Comisión de Justicia y Paz de la arquidiócesis de Porto Velho criticó a la Promotoría por declarar inocente al exdirector de seguridad: "Era el que mejor sabía que si ponía a los presos en el patio, serían asesinados", declaró Cintia Rodrigues, abogada de la Comisión.

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Los tres episodios descritos representan, lamentablemente, el reino de la impunidad y de la inmunidad que asola al Brasil. Defender los derechos humanos en el Brasil todavía está considerado como una necedad. La Justicia es ciega cuando se trata de penalizar a las autoridades y a policías, pues no se acepta que la ley no admite que haya alguien por encima de ella. Nuestros policías reciben una formación inadecuada; muchos actúan con prepotencia por el hecho de vestir uniforme y llevar un arma, humillan a los ciudadanos pobres y practican la extorsión.

La ministra María del Rosario, de la Secretaría Especial de los Derechos Humanos, debe anticiparse en la exigencia de investigar crímenes tan graves, antes de que el Brasil pase la vergüenza de verse, más de una vez, condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.