LEBU, WALLMAP.

Desde la cárcel de Lebu, el líder de la CAM conversó con Radio Universidad de Chile acerca del "juicio oral más largo en la región del Bío-Bío". Sobre la totalidad del proceso pesan todas las dudas respecto de su legitimidad cuando se sigue aplicando la Ley Antiterrorista, a pesar del compromiso gubernamental y que, debido a su aplicación, la Corte Interamericana de DDHH acogió una demanda contra Chile.

Escuchar a Héctor Llaitul es tener la certeza de estar frente a un hombre que carga no sólo con sus 43 años, sino además con los cerca de 500 años de Historia que le anteceden, desde que llegaron los primeros conquistadores españoles a estas tierras. Llaitul es identificado como el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y en los últimos dos años, ha permanecido más tiempo encerrado tras las rejas que en libertad.

Pero él se ve tranquilo. Ha permanecido, silencioso, observando de manera oblicua debajo de una amplia frente, todas las etapas de un proceso demasiado largo, demasiado tenso, con demasiadas anormalidades. Se trata del juicio en contra de 17 comuneros mapuche por una serie de hechos ocurridos en la zona que tergiversadamente los medios motejan como "conflicto mapuche".

Aceptando una de las condiciones de los comuneros mapuche para deponer la huelga de hambre que sostuvieron por cerca de tres meses, el gobierno se comprometió a no insistir en la aplicación de la Ley Antiterrorista, un compromiso que los mismos comuneros, ya conocedores del valor de la palabra empeñada de los winkas preferían verlo en un documento escrito, pero que el mismo gobierno insistió fuera sólo de palabra.

Hoy, Héctor Llaitul y los comuneros se sienten engañados. El gobierno sólo ha cumplido con cambiarlos a una cárcel como la de Lebu, para estar más cerca de sus familias y, además, le ha dado una suerte de apoyo alimenticio bastante discreto. Pero sólo para algunos. Las mujeres de muchos comuneros deben cada día prepararles algo de comer para llevárselos antes de que partan de regreso a la cárcel distante a una hora del Tribunal de Cañete.

Otro aspecto que el gobierno respetó fue respecto de la justicia militar y su prescindencia en las causas mapuche. Lo que quedó de manifiesto cuando en diciembre último, un juez militar absolvió a los encausados por el mal denominado "atentado al Fiscal Elgueta" de todos los cargos, acusando incluso un "montaje", como se ha establecido por la defensa del actual proceso. Sin embargo, "no fuimos absueltos de manera definitiva, porque no es una sentencia ejecutoriada, ya que quien tiene que dictar esa sentencia es la Corte Marcial. La causa quedó en la Corte de Apelaciones, donde los querellantes pueden apelar y pueden volver para atrás el proceso en cualquier momento", advierte Llaitul.

El Ministerio Público: El monstruo de la Reforma

La desilusión por parte de los comuneros es completa, ya que si bien el gobierno se desistió de acusar por la Ley Antiterrorista, sí la está aplicando de hecho a través del Ministerio Público "El gobierno dice que no lo puede controlar porque es un órgano independiente del Estado", dice Llaitul. Y técnicamente tiene toda la razón, sin embargo, desde el punto de vista moral, no resiste análisis. Una ley desproporcionada de origen dictatorial que se aplica sin remilgos en una de las democracias más sanas de la región, según los estándares internacionales.

Entonces, ¿por qué se insiste en ella? "El Ministerio Público es un ente persecutorio político que tiene el Estado chileno, es el Frankenstein de la Reforma Procesal Penal, ya que se trata de un monstruo sin fiscalización. Les endosan toda la responsabilidad a los fiscales. Ellos son los todopoderosos de la persecución a la etnia mapuche y el Estado se lava las manos diciendo que no puede incidir sobre ellos. Pero nosotros decimos que no, que el Estado puede hacerlo. Lo que sucede es que aquí hay una situación mancomunada entre los representantes del Ministerio Público, los querellantes de las empresas forestales y el gobierno, que actúan al unísono, en bloque…". Una situación que es fácil de corroborar en las audiencias en Cañete, donde el representante del Ministerio Público, Andrés Cruz, es el que lidera las acusaciones y objeciones, más que sus pares representantes de las forestales o privados, llamándole incluso la atención a los propios testigos a vista y con toda la paciencia de los jueces.

"El clima del proceso ha llegado a un estado en que los testigos se van a sentir terriblemente atemorizados de colaborar con la justicia por la manera dura, irónica, reiterativa y engañosa en la que se les está preguntando", imputa el abogado y ex juez Juan Guzmán. Llaitul declara nuevamente que ellos han dado todas las posibilidades de un debido proceso y que eso lo está apreciando la prensa y los observadores. Estos últimos han cumplido un rol esencial, ya que son voces que tienen eco en el exterior.

"Acá se están cometiendo vulneraciones flagrantes en las audiencias. El debido proceso se está vulnerando de diferentes formas. Hay un elenco de garantías que no se respetan a los imputados. El tema de los testigos protegidos, no por el hecho de que sean protegidos, porque en todas las legislaciones existe, sino porque no se respetan las prácticas judiciales para que sean considerados como testigos de cargo. He observado una presunta orquestación por parte de los fiscales donde instruyen prácticamente al tribunal respecto de una prueba, lo que no corresponde", acusa la observadora española especialista en Derechos Humanitarios, Pilar Maciá.

La presencia de estos observadores ha sido determinante para tener una evaluación de cómo se lleva el caso a la luz de la jurisprudencia internacional, como queda demostrado en el informe que preparó para Rebelión Mireille Fanon-Mendès-France, de la Fundación Frantz Fanon y de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, quien describió al juicio como un "abuso de poder judicial discrecional…con muestras de flagrante parcialidad interrumpiendo los interrogatorios, deslegitimando las preguntas de la defensa, dificultando el derecho a la defensa y el trabajo de los abogados. El juez y los fiscales cometieron intencionadamente el delito de soborno de un testigo ya que obtuvieron declaraciones falsas (testigo 25 y 26) utilizando ofertas (testigo 26). Este acto supone, ni más ni menos, corrupción…y tanto el juez como los fiscales cometieron el delito de prevaricación al faltar, por mala fe, a los deberes de su empleo".

El rol de los medios de comunicación es prácticamente para un juicio aparte, cuando su desatención respecto de este emblemático caso ha sido permanente. De la misma manera como cuando se inició la huelga de hambre de la que sólo se preocupó alguna prensa al cabo de un mes de iniciada, hoy, se está dejando de informar de manera abierta respecto de las condiciones de un juicio que lleva a escándalo.

¿Por qué no han detonado otra huelga? La pregunta le surge de manera espontánea al mismo Llaitul y responde diciendo que es "porque el discurso del gobierno hacia el mundo dice que no han aplicado la Ley Antiterrorista, y que no pueden ir a una huelga silenciados. No es llegar y hacer una huelga. No es juego y si lo hacen la haremos de verdad, hasta las últimas consecuencias". Y advierte con toda claridad:

"Si nos aplican la ley antiterrorista en la condena nosotros nos vamos a la huelga de inmediato, esa es nuestra postura. Porque al gobierno se lo dijimos: queremos la recalificación de los hechos, que no seamos procesados por delitos terroristas sino que comunes. Se excusó el gobierno, al principio, y nos dijo que diéramos lugar a la prueba donde sin embargo, hubo testigos sin rostro". Ahora, que es el momento de la defensa y Llaitul dice que resistirán igualmente, pero lo que no van a tolerar es una condena bajo el imperio de la Ley Antiterrorista, porque eso no es a lo que se comprometieron. Las exigencias serían la nulidad del juicio y solicitar un tribunal competente, independiente, derogación definitiva de la funesta legislación en causas mapuche, fin a los dobles procesamientos y la libertad de todos los Presos Políticos Mapuche en todo Chile.

Ni en peores tiempos de la dictadura

No es raro ni nada antojadizo, entonces escuchar una y otra vez, que sobre el juicio oral más extenso en la historia de la Reforma Procesal Penal de la Región del Bío- Bío, se ciernen demasiadas dudas sobre su legimitidad.

"Las limitaciones de las garantías procesales debido a la Ley Antiterrorista nos ha retornado a épocas oscuras de Chile que todos hemos querido olvidar y también a una investigación dirigida a castigar a un grupo importante de comuneros que pertenecen a una nación distinta y que se les ha aplicado esta ley de forma discriminatoria. No hay que olvidar que en Chile no se aplicado esta ley a ningún otro ciudadano que no sea mapuche a partir del gobierno de Ricardo Lagos, siendo una política del Estado chileno destinada a castigar a un pueblo por la recuperación de sus costumbres y de la propiedad de la tierra. El Estado chileno no es neutral ni imparcial sino que privilegia la acción de las forestales que serían las entidades perjudicadas por estas recuperaciones de tierras. El Estado a través de sus medios compulsivos, como los tribunales y la policía, discrimina y sanciona al pueblo mapuche con la aplicación de esta ley", acusa Manuel Adolfo Montiel, abogado defensor y también profesor de derecho penal.

"Este proceso, en general, se ha desarrollado lleno de infracciones al debido proceso. Para la defensa ha sido prácticamente imposible, en algunos casos, ejercer la garantía constitucional. Por lo tanto, no será un juicio fácil de olvidar toda vez que está muy alejado de lo que debe ser un verdadero proceso donde ambas partes tengan la posibilidad de ejercer su rol", comparte el abogado designado por la Defensoría de la Octava Región Pelayo Vial. El juicio que se desarrolla en Cañete es demasiado emblemático cuando la fiscalía ha solicitado una pena de 103 años, en el caso de Héctor Llaitul. "Acá no se están persiguiendo delitos aislados, sino que a una expresión política", dice Llaitul, y remata: "Yo soy el objetivo de este juicio".