Salon/Alternet

Traducido del inglés por Germán Leyens

Un comandante del ejército mexicano enviado para proteger una región de aldeas y ranchos en el norte de México contra el Cártel del Golfo y los Zetas puede describir, en detalle, el perfil de su enemigo asignado, los cárteles de la droga de peor fama del país.

"Esos sujetos están mal de la cabeza", dice, mirando a la maleza y al mezquite desde detrás de sus gafas de aviador, hacia los campos del "enemigo". "Siguen un ideología enfermiza, son animales". Sin perder el ritmo, sigue diciendo: "Mire, no hay empleo, la pobreza es terrible; no hay suficientes escuelas. No hay nada para estos chicos y los cárteles les ofrecen un empleo. Les dicen: ‘Puedes tener cualquier tipo de todoterreno que quieras’, afirma. "¡Les pagan más que lo que cobramos nosotros!"

El comandante y sus soldados vigilan un parque a orillas del lago cerca de esta aldea colonial, proporcionando seguridad para el torneo anual de pesca. Burócratas del departamento de turismo estatal y soldados, algunos de ellos a cargo de ametralladoras montadas en vehículos militares, exceden vastamente en número a los pocos turistas. A pesar de ello, periodistas de TV Azteca preparan un informe promocional sobre el evento, una imagen que se esfuerza por convencer a los turistas de que la "frontera chica", el apodo para esta área fronteriza, es segura y lista para recibir turistas. El año pasado, cuando el Cártel del Golfo y los Zetas lanzaron su sitio de la frontera chica, el entonces gobernador de Tamaulipas descartó los informes de decapitaciones, coches incinerados y tiroteos como solo "paranoia colectiva".

Ese es el panorama de la violencia en México, un campo de batalla distorsionado de propaganda, impunidad y duplicidad en medio de la muerte. Ese es el conflicto en el cual el gobierno de EE.UU. se ha visto firmemente involucrado durante los últimos cuatro años desde que el recién elegido presidente Felipe Calderón lanzara su controvertida "guerra contra los cárteles de la droga" respaldada por EE.UU. El conflicto ha costado entre 40.000 y 50.000 vidas y la violencia ha empeorado con el despliegue militar estadounidense-mexicano, según un reciente informe sobre la violencia global de la Delegación de Ginebra. La violencia en algunas partes de México sobrepasa ahora los niveles de muchas zonas de guerra.

En Washington, expertos y políticos golpean los tambores de guerra pidiendo más intervención. El representante Michael McCaul, republicano de Texas, convocó recientemente audiencias sobre una ley para calificar de "terroristas" a grupos del crimen organizado de México.

El general en retiro, Barry McCaffrey, ex zar de la droga, habló ante una reciente conferencia sobre crimen y terrorismo en la Universidad George Washington para dar la alarma sobre una "amenaza a través de la frontera", y dijo: "En nombre de Dios, esa gente lucha por sus vidas, están siendo asesinados, esos hombres y mujeres del mantenimiento del orden público… tenemos que apoyarlos".

Mientras tanto, los republicanos disparan munición política contra el gobierno de Obama y el Fiscal General Eric Holder, en particular por la catastrófica Operación Rápido y Furioso del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos [AFT, por sus siglas en inglés], la versión 2.0 de la operación Wide Receiver del gobierno de Bush en 2007. Ambas enviaron armas de alto calibre a México y a las manos ansiosas de criminales. Bajo Rápido y Furioso, las armas fueron enviadas en su mayor parte al cártel Sinaloa, un sindicato de narcotráfico que se convirtió en una fuerza formidable en la última década.

Algunos en Washington han sugerido que la guerra tal como la libra Calderón, respaldado por EE.UU., ha protegido efectivamente al cártel Sinaloa. Cuando le preguntaron sobre las afirmaciones en la conferencia, el general McCaffrey respondió enigmáticamente: "Casi nada en la vida es sí o no".

Habla un capo del cártel

Desde dentro de la sala de un tribunal en Chicago, un capo de alto nivel del cártel Sinaloa basó su defensa en la denuncia del tenebroso funcionamiento interno del crimen organizado y de la estrategia del gobierno de EE.UU. en México. Un televisor transmite la imagen de Jesús Vicente Zambada Niebla, su frágil imagen vestida de una camisa blanca de modelo carcelario, de una prisión de mínima seguridad en Michigan donde los funcionarios transfirieron a Zambada para darle acceso a aire fresco mientras minimizaban el peligro de una fuga o asesinato.

Zambada fue supuestamente un importante agente del cártel. Dicen que manejó la logística del transporte de heroína y cocaína a Chicago y entregaba los ingresos de las ventas de la droga –unos 1.300 millones de dólares en tres años– a dos dirigentes del cártel Sinaloa, Ismael "Mayo" Zambada García and Joaquín "Chapo" Guzmán.

El caso Zambada ha electrificado a la clase política mexicana y confundido a la prensa estadounidense después que sus abogados afirmaron que agentes del gobierno de EE.UU. aprobaron sus operaciones criminales. Abogados de la defensa han demandado documentos del gobierno relacionados con operaciones que permitieron que armas llegaran a manos del cártel Sinaloa y con informantes del gobierno responsables por asesinatos y transporte de drogas. Zambada y sus abogados argumentan que el gobierno de EE.UU. ha ayudado efectivamente al cártel Sinaloa, o que por lo menos condonó su actividad criminal. La defensa de Zambada, en esencia, es una ofensiva legal mexicana contra las tácticas de EE.UU. en la guerra contra los cárteles.

Es una lucha legal sin escrúpulos. De un lado hay dos veteranos abogados del crimen organizado, George Panzer y George Santangelo (a quien un juez neoyorquino describió una vez como abogado de la empresa de John Gotti). Por la otra está el fiscal federal Patrick Fitzgerald, mejor conocido por haber encausado el atentado del World Trade Center de 1993 y por la preparación de la primera acusación contra Osama bin Laden. Los fiscales de EE.UU. dicen que el argumento de Zambada se basa en "el pretexto infundado e implausible de que un agente autorizado del gobierno de EE.UU. aprobó que no solo el acusado, sino la totalidad de una de las mayores organizaciones criminales del mundo, traficaran con cantidades ilimitadas de drogas".

Sin embargo, las sospechas mexicanas respecto a las acciones de EE.UU. son mayores que nunca. Como la desastrosa operación Rápido y Furioso de AFT que lanzó miles de armas a las calles de México, el caso Zambada tiene grandes implicaciones para las relaciones entre EE.UU. y México. Luis Astorga, autor e investigador del narcotráfico, dice que los mexicanos pueden comenzar a ver un aliado con dos caras: "una amistosa que quiere apoyar las instituciones de México, y la otra que hace tratos y emprende operaciones como Rápido y Furioso", dijo. "Si resulta que hubo algún tipo de acuerdo, sería un golpe bajo contra México porque el que paga el coste en sangre y política es México, no EE.UU."

El informante como traficante

El caso Zambada se basa en gran parte en su relación con el abogado mexicano y antiguo confidente llamado Humberto Loya. En 1998, cuando Loya enfrentaba la acusación federal en San Diego por acusaciones relacionadas con la droga, se reunió con agentes de la DEA en la ciudad mexicana de Monterrey y se alistó como informante. Los agentes de la DEA arreglaron el caso con el comité de Revisión de Actividades Confidenciales del Departamento de Justicia, que supervisa operaciones potenciales controvertidas o de alto riesgo.

Según el acuerdo sometido al tribunal, se autorizó a Loya a comprar y entregar drogas y a infiltrar cárteles de la droga. Según la defensa, lo que no ha sido rebatido hasta ahora por el gobierno, Loya suministró a contactos con la DEA información sobre cárteles rivales. La información provenía de Zambada, su padre, Ismael "Mayo" Zambada, y del propio Joaquín "Chapo" Guzmán. Los abogados de Zambada dicen que los agentes estadounidenses sabían que la información provenía de Zambada y Guzmán quienes dieron su beneplácito al alcahueteo de Loya, ellos también están cubiertos por el trato – un acuerdo implícito.

El gobierno mexicano no estaba al corriente respecto al acuerdo. Por cierto, Zambada dice que agentes estadounidenses informaron a Loya y al cártel de Sinaloa sobre operaciones mexicanas de mantenimiento del orden público. Según un agente de la DEA que habló bajo condición de anonimato, los acuerdos con informantes son hechos a la medida de cada caso, y el narcotráfico de los informantes solo es permitido bajo los ojos vigilantes de los agentes.

"Todo lo que hacéis es bajo nuestra dirección", dijo. "No os vamos a dejar libres para que hagáis lo que os venga en gana".

Es concebible, dijo el agente, que los agentes de la DEA hayan sobrentendido que Loya estaba cooperando con el permiso expreso de Chapo Guzmán. Se negó a comentar sobre si los acuerdos entre funcionarios estadounidenses e informantes del cártel eran mantenidos secretos ante el aliado ostensible de EE.UU., el gobierno mexicano.

"Mire, precisa tipos malos para llegar a los tipos malos", dijo un agente del orden público ocupado del narcotráfico en la frontera de Texas. "A veces hay que hacer un trato con el diablo".

Para Loya su cooperación valió la pena y las acusaciones fueron descartadas. La acusación federal de 1998, que también menciona a Chapo Guzmán, reveló las confortables relaciones que el cártel de Sinaloa tenía con algunas personas del gobierno mexicano. Loya era supuestamente responsable del pago a funcionarios mexicanos para asegurarse de que cargamentos de droga no fueran interceptados, según archivos del tribunal. Y si un miembro del cártel de Sinaloa era arrestado, Loya simplemente sobornaba as funcionarios en la oficina del fiscal general de México, para tener acceso a los archivos a fin de alterarlos.

"Los propios cárteles no son poderosos", dice la periodista investigativa Anabel Hernández, autora de Los Señores del Narco, un libro popular sobre los dirigentes de los cárteles. "Si Chapo no dependiera de la protección del gobierno mexicano, no podría haber crecido tanto o ser capaz de comprar tanta droga. Chapo estudió hasta el tercer grado… es un pendejo. El poder que tiene no se debe a que el gobierno mexicano sea tonto. Se debe a la corrupción."

Agentes del ICE escuchan un asesinato

Los abogados de Zambada han resucitado algunos casos menos conocidos de relaciones de informantes que han ido mal, citándolos como ejemplos de agentes estadounidenses que hacen caso omiso ante la actividad criminal – a menudo en beneficio del cártel de Sinaloa.

En Ciudad Juárez, el ex jefe de policía Jesús Fierro-Méndez recibía órdenes de Guzmán mientras suministraba al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) información sobre el rival cártel de Juárez mientras contrabandeaba droga para el cártel Sinaloa. Agentes de la DEA terminaron por arrestar a Fierro-Méndez.

Más notorio fue Guillermo Ramírez Peyro, alias Lalo. Sirvió como informante 913 de EE.UU. para el ICE. También compró la cinta y la cal viva utilizadas para disolver por lo menos un cuerpo en la infame "Casa de la Muerte" en Juárez en 2003, donde la policía encontró los restos de 12 personas. Según las informaciones agentes del CIE en El Paso escucharon durante un asesinato en el que Ramírez estuvo presente. Los agentes hicieron lo posible por proteger a su informante. El veterano periodista sobre el narcotráfico Alfredo Corchado de Dallas Morning News informó que después del descubrimiento de la "Casa de la Muerte", los agentes adulteraron un memorando interno para que pareciera que Ramírez solo "supervisó" en lugar de haber participado activamente.

El gobierno de EE.UU. colaboró con Ramírez durante cuatro años, según documentos judiciales en su caso de inmigración. Agentes del ICE le otorgaron inmunidad y 220.000 dólares en efectivo a cambio de información sobre el rival cártel de Juárez. Su información llevó a más de 50 arrestos. Este año Ramírez fue liberado de un centro de inmigración después de seis años de detención. Funcionarios de EE.UU. aceptaron anular su orden de deportación citando el riesgo de muerte por el gobierno mexicano o el crimen organizado. No cumplió ninguna condena por los asesinatos. Ha solicitado una tarjeta verde de EE.UU.

"Armamos al cártel… repugnante"

El caso de los policías corruptos llegó a juicio mientras el cártel de Sinaloa libraba una violenta ofensiva para capturar la lucrativa ruta de Ciudad de Juárez del cártel de Juárez, con la ayuda aparente de los militares mexicanos. Según un cable diplomático estadounidense de 2009 publicado por WikiLeaks, el ejército hizo poco por acabar con la violencia: "Existe la opinión generalizada de que el ejército se siente a gusto al permitir que los cárteles de Sinaloa y Juárez disminuyan mutuamente su fuerza mientras luchan por el control de la plaza (con el corolario de que al ejército quisiera que venciera el cártel de Sinaloa)".

En abril de 2009, el presidente Obama viajó a México para su primera visita de Estado. Se negó a restablecer la prohibición estadounidense de armas de asalto pero prometió ayuda al gobierno mexicano en su concentración en el contrabando de armas y tráfico de armas. En otoño, la filial de Phoenix de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego lanzó la Operación Rápido y Furioso que envió unas 2.000 armas de fuego de alto poder a México al permitir que testaferros –intermediarios– realizaran compras de armas y las entregaran a grupos del crimen organizado. La idea catastróficamente descaminada era rastrear las armas hasta los cárteles de la droga.

Los agentes supieron casi de inmediato que las armas terminaban en manos del cártel de Sinaloa, según un informe de una investigación del Congreso. El agente de la ATF, José Wall, escribió en un correo electrónico: "[el jefe del cártel de Sinaloa] se arma para una guerra". En una audiencia del Congreso, el agregado de la ATF Carlos Canino testificó: "Armamos al cártel [de Sinaloa]. Es repugnante."

Unas 200 personas fueron halladas muertas en escenas del crimen en las que se encontraron armas vinculadas a la Operación Rápido y Furioso. Hasta la fecha, se ha recuperado la mitad de las armas.

La investigación de Rápido y Furioso ha revelado perspectivas dispares de la violencia en México tal como es vista en EE.UU. y en ese país.

"No puedo ver a nadie que tenga un ápice de preocupación por la vida humana que esté de acuerdo con esto", dijo el denunciante John Dodson. Pero informes del Congreso muestran que en su busca de "gente más importante" el gobierno de EE.UU. prestó poca atención a las muertes de mexicanos. Dodson testificó que el supervisor de la ATF, David Voth "estaba jovial, si no mareado… porque, 20 de nuestros fusiles fueron recuperados anoche con 160 kilos de droga en México".

Para algunos agentes de la ATF la presencia de armas de fuego de Rápido y Furioso en las escenas del crimen significaba que su plan daba resultados; que estaban estableciendo una conexión entre los testaferros bajo vigilancia y las organizaciones de narcotráfico. La ATF terminó la operación recién en diciembre de 2010, cuando un estadounidense, un agente de la Patrulla de Fronteras llamado Brian Terry, fue muerto con un arma vinculada a la operación.

Vacíos en la defensa

La defensa de Zambada, si el caso llega a juicio –ambas partes han emprendido tres veces negociaciones de un trato– será puesta a prueba ante el tribunal en la próxima primavera. Lo que los abogados de Zambada han sugerido como señales de complicidad podría ser el resultado de la falta de compartimiento de información y de coordinación que mortifica desde hace tiempo a las agencias de inteligencia, como lo citan auditorías del gobierno. El Centro de Inteligencia de El Paso, ubicado al otro lado del río de Juárez, que alberga 21 agencias con el objetivo de impedir el tráfico de drogas, armas y seres humanos, fue criticado mordazmente el año pasado por el inspector general del Departamento de Justicia por su inefectividad.

No cabe duda de que Zambada se movía en un mundo traicionero. Justo antes del fin de Rápido y Furioso en diciembre de 2010, sus abogados se reunieron con el informante Loya en el hotel Four Seasons en Ciudad de México. Se dice que en una declaración jurada presentada al tribunal, Loya dijo que agentes de la DEA le advirtieron que sería desastroso para todos si se descubrían vínculos entre el gobierno de EE.UU. y el cártel de Sinaloa. Un abogado de la defensa que sirvió de intérprete firmó una declaración jurada a ese efecto, pero no Loya. Rechazando el argumento, el gobierno dice que Loya dijo a los agentes que no estaba de acuerdo con las afirmaciones de inmunidad de Zambada y ofreció reunirse con fiscales del gobierno para "decir la verdad". El gobierno, por su parte, no grabó esas conversaciones con Loya, según documentos del tribunal. Finalmente, Loya anuló la reunión con los fiscales del gobierno, supuestamente por temor a la venganza. Y por ahora parece que ambas partes se quedaron con las manos vacías.

Ambas partes están de acuerdo en lo siguiente: El 18 de marzo de 2009, Loya acompañó a Zambada al Hotel Four Seasons en Ciudad de México para reunirse con agentes de la DEA, y comenzar conversaciones sobre una relación "directa" como informante. Noticias de la reunión fueron filtradas a un periódico mexicano lo que llevó a que un supervisor de la DEA cancelara el plan. Pero Loya, según el gobierno, hizo caso omiso de las órdenes de no llevar a Zambada y todas las partes cruzaron sus caminos esa noche. Zambada fue arrestado solo cinco horas después de la reunión.

El argumento de Zambada es que EE.UU. hace un doble juego cuando se trata del cártel Sinaloa, e incluso el presidente Calderón no está en desacuerdo. Chapo Guzmán, el capo de la droga más buscado, "no está en territorio mexicano, y supongo que Chapo está en territorio estadounidense," dijo recientemente Calderón al New York Times.

A lo largo de la frontera

Mientras las barcas de pesca circulan por el lago cerca de Ciudad Mier, el comandante y yo discutimos la inminente llegada de unos 600 soldados que habían partido recientemente con gran fanfarria de Ciudad de México. Se esperaba que Calderón inaugurara los recién construidos barracones militares. A largo plazo, si los soldados expulsan al cártel del Golfo y a los Zetas, el área estaría en su punto para tomar posesión. Pero eso es solo más especulación en el mundo misterioso de las guerras de la droga, donde los sujetos malos pueden ser albergados por cualquier.

El comandante caminó hacia el lago y con los dos soldados que le siguen por doquier, imita un disparo a los cercanos patos negros y se ríe. Luego se agacha, selecciona una piedra de buen tamaño, la hace girar en su mano, se pone en posición de pítcher y lanza la roca a los patos. A pesar de todo el teatro, la piedra no llega a su objetivo, y causa ondas en el agua, asustando a unos pocos patos rezagados, pero parece que el grupo principal apenas se inmuta.

Michelle García es periodista y directora del documental Against Mexico-the making of Heroes and Enemies que es transmitido actualmente por PBS.org. Vea su sitio en la web aquí. Actualmente trabaja en un libro sobre la masculinidad y la frontera EE.UU.-México.