Quito, octubre de 2011

En su primera edición del mes de octubre de 2010, la revista Vanguardia señaló que Rafael Correa emergió de las cenizas del incendio del 30 de septiembre con su "armadura abollada". Desde entonces los golpes no han dejado de añadir arrugas al manto que cubre sus abolladuras. Puesto contra las cuerdas al final del año 2010 por el tema de la delincuencia, salió del paso con la convocatoria a la Consulta Popular de mayo de 2011. Alianza País ganó la Consulta, pero la victoria tuvo el sabor amargo de una doble derrota: por un lado, la gélida constatación de que la ventaja electoral fue mucho más reducida de lo esperado; y, por otro, el poderoso remezón de disidencia interna que provocó la convocatoria a una reforma de la justicia asentada en dos pilares polémicos: colocar la función judicial bajo la autoridad del ejecutivo y asumir que un eje de resolución del problema de la delincuencia se encuentra en el endurecimiento de penas y la reducción de las garantías y los derechos. Tres elementos configuraron la coyuntura de los seis meses posteriores a la consulta popular: en primer lugar, un desplazamiento en la relación de fuerzas políticas desfavorable al gobierno; en segundo lugar, una agenda marcada por el inicio de la reforma judicial y el conflicto con los medios de comunicación; en tercer lugar, un panorama económico dominado por los nubarrones de la crisis mundial.

La victoria de la tesis gubernamental en la consulta del 7 de mayo de 2011, con un total de votos emitidos promedio en las diez preguntas de alrededor del 48%, es un dato políticamente muy importante para un gobierno que llevaba entonces más de cuatro años en funciones. Pero el crecimiento del voto por el NO por comparación a la consulta de aprobación de la Constitución en el año 2008 es notable: pasó de 26,6 a 42%. Sin entrar en un análisis electoral muy fino y detallado, mientras el voto en contra de la Constitución de 2008 expresó ante todo la oposición de un 25 a 28% del voto duro de la derecha política, en el año 2011 se sumó el voto del centro y la izquierda independiente del gobierno (otro 14-16% del voto emitido). Esto fue lo nuevo en el panorama político de la consulta popular: la defección de casi toda la izquierda y el centro-izquierda que había apoyado la Constitución en 2008 y que se separó definitivamente de las tesis gubernamentales. Desde entonces, el perfil de una izquierda autónoma, claramente distinguible de la derecha por su apoyo a la Constitución de Montecristi, se vio robustecida por los grupos disidentes de Alianza País. En agosto el colectivo electoral de las izquierdas, formado durante la consulta, llamado "Coordinadora Plurinacional ‘Esta Vez No’", publicó un manifiesto por la unidad de las izquierdas. Este nuevo polo político a la izquierda del gobierno está conformado por el Movimiento Popular Democrático (MPD), Pachakutik, Montecristi Vive (un grupo de ex asambleístas constituyentes de Alianza País liderados por Alberto Acosta), la Corriente Socialista Revolucionaria (una disidencia del Partido Socialista Ecuatoriano, aliado del gobierno) y el movimiento

Participación (el grupo político del ex ministro de gobierno de Rafael Correa, Gustavo Larrea). Al mismo tiempo, la mayoría de las centrales sindicales molestas con la aprobación de un decreto que obliga a la renuncia de funcionarios públicos luego de cierta edad, la CONAIE y las organizaciones del Frente Popular (entre las más grandes, la Federación Única Nacional del Seguro Social Campesino - FEUNASSC y la Unión Nacional de Educadores - UNE), firmaron el 9 de agosto en Quito un acuerdo para coordinar su resistencia frente a las políticas de criminalización de la protesta social y de promoción de políticas económicas extractivitas.

En la otra esquina del panorama político electoral, en los últimos días de septiembre y los primeros de octubre, empezó también a surgir la posibilidad de una reagrupación electoral de las fuerzas de la derecha alrededor de la figura del banquero guayaquileño Guillermo Lasso. Presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, ex gobernador del Guayas durante el gobierno de Jamil Mahuad, miembro numerario del Opus Dei, su nombre no deja de sonar como posible candidato presidencial. A ello concurre una curiosa y notoria campaña publicitaria del Banco de Guayaquil que promociona la figura de su directivo y de su iniciativa de incluir centenas de tiendas barriales en la atención financiera. En el lanzamiento de un libro autobiográfico, realizado en la ciudad de Guayaquil, asistieron todas las personalidades de la derecha política y empresarial del puerto principal, mientras que en el otorgamiento conjunto con José María Aznar del doctorado honoris causa por parte de la Universidad de las Américas en Quito, logró congregar a lo más selecto de la derecha capitalina1. A diferencia del año 2009, en que su nombre también apareció entre los presidenciables, esta vez, preguntado por la prensa, explicó que "nunca he evitado los desafíos". Así, si por izquierda parecen unificarse las fuerzas independientes y opuestas al gobierno, la eventual candidatura de Lasso podría unificar a la derecha. En el plano electoral, este frente doble parece consolidarse en un contexto en que el gobierno mantiene un apreciable apoyo social en las encuestas de opinión, pero cada vez le cuesta más convertir ese apoyo difuso en una votación fiel en su favor. Así, en los primeros días de mayo, las encuestas anotaban que la aprobación al presidente se ubicaba en el 78%, pero el margen de diferencia entre quienes valoraron positivamente su gestión y quienes votaron por sus tesis fue de alrededor de treinta puntos. Algo similar ha ocurrido después: en la última medición disponible de inicios de septiembre de 2011, el 73% de los entrevistados valoró positivamente al gobierno de Rafael Correa, pero nada indica que conseguiría una votación similar a favor de su reelección personal o a favor de sus diputados2. La más clara evidencia de que el gobierno es consciente de esta dificultad proviene del debilitamiento de su base parlamentaria.

Entre agosto y septiembre Alianza País consiguió con mucha dificultad asegurar la reelección de Fernando Cordero como presidente de la Asamblea, así como consolidar su mayoría en el Consejo de Administración Legislativo y en las Comisiones. La "muerte cruzada", es decir, la disolución de la Asamblea por parte del Ejecutivo y la inmediata convocatoria a elecciones generales, que fue varias veces esgrimida como amenaza, se convirtió en una jugada política poco creíble: todo hace pensar que en una nueva elección inmediata, Alianza País obtendría menos legisladores que aquellos con los que cuenta ahora.

En el plano de su mayor fortaleza, el del apoyo popular del electorado, el gobierno sigue pareciendo el más fuerte, pero estamos lejos de la dispersión y desgaste de las fuerzas opositoras, característica de los primeros tres años de revolución ciudadana. En una palabra, el aislamiento político del gobierno parece empezar a traducirse cada vez más en una creciente abolladura en su hegemonía electoral.

Dos temas han marcado la agenda política de los últimos seis meses, ambos derivados de los resultados de la Consulta Popular de mayo: la reforma del sistema judicial y el conflicto entre el gobierno y los medios privados.

En conformidad con los resultados de la Consulta Popular, se posesionó, a fines de julio, un Consejo de la Judicatura de Transición formado por un delegado del ejecutivo (Paulo Rodríguez, ex director del Registro Civil, nombrado presidente del Consejo), un delegado de la función de transparencia y control social (Fernando Yavar) y una delegada de la Asamblea Nacional (Tania Arias, ex presidenta del Tribunal Contencioso Electoral). Este Consejo tiene el mandato de reformar la administración y nombrar los jueces en un plazo de 18 meses. A inicios de agosto, diez días después de su posesión, el Consejo cesó en funciones a 48 jueces y a 162 funcionarios judiciales nombrados provisionalmente entre el primero y el 13 de julio de 2011 por el anterior Consejo de la Judicatura. En el mismo mes de agosto, inició el concurso de méritos para la designación de la nueva Corte Nacional de Justicia, para la cual postularon, hasta inicios de septiembre, 665 abogados3. El segundo día de septiembre, el Consejo de la Judicatura de Transición emitió un comunicado en el que hacía la estimación de que los gastos de restructuración de la función judicial serían de 108 millones de dólares hasta diciembre (dos meses) y al día siguiente se reunía con el presidente de la República. Dos días después de la reunión, el ejecutivo declaró la emergencia por 60 días del sistema judicial para implementar cambios mediante un "Plan de Transformación de la Justicia" (cuyo tenor no se conoce todavía) y encargando al Ministerio de Justicia y de Finanzas la ejecución de las disposiciones del decreto4.

El problema político de fondo que se encuentra detrás de esta compleja y riesgosa operación de reforma puede considerarse doble. Por un lado, se trata de mostrar cambios sustantivos en el combate a la inseguridad, lo que es muy difícil. Respecto a este primer problema político de fondo, el complemento fundamental de las medidas en el sistema judicial es, para el gobierno, la reestructuración de la policía, puesta en suspenso luego del 30 de septiembre y vuelta a poner sobre el tapete con la propuesta de Código de Instituciones de Seguridad presentada en octubre ante la Asamblea Nacional que busca restringir la autonomía de la policía frente al poder civil y divide sus funciones entre tres cuerpos organizados distintos5.

Al mismo tiempo, el gobierno, siguiendo la línea de conducta emprendida en la Consulta Popular, presentó en octubre una voluminosa propuesta de reforma global al código penal cuya filosofía de fondo es que un aumento de las penas y una reducción de garantías disuaden la delincuencia. En efecto, luego de desechar a inicios de año una propuesta "código de garantías penales" realizado por abogados progresistas, la propuesta finalmente presentada por el Ministerio de Justicia enfatiza el endurecimiento y ampliación de penas: reducir la edad de procesamiento penal a 16 años, aumentar la pena máxima acumulable a 35 años, mantener la injuria como delito penal, aumentar la pena por interrupción de vías hasta por tres años de prisión, incorporar la figura penal de la "asonada"6 castigada con hasta tres años de cárcel que se distingue de la sedición por cuanto no es necesariamente una rebelión armada; restringir la posibilidad de acogerse a la reducción de penas, entre otras7.

El segundo problema político de fondo es, por supuesto, que el propósito declarado de la mejora de la eficiencia y del aumento de la confianza ciudadana en la administración de justicia se pretende lograr mediante la intervención directa de la función ejecutiva sobre la función judicial. Las suspicacias sobre esta intervención ya fueron señaladas a lo largo de la campaña electoral de la Consulta Popular, y su resultado es que, a pesar de que pudiera ser el resultado de las mejores intenciones, le resta autoridad política a la reforma y siembra dudas sobre su continuidad más allá del actual período gubernamental8.

Justo en el tema donde la victoria electoral en la consulta fue menos contundente y donde la formulación de las preguntas era más vaga e imprecisa, el de la ley de comunicación, el gobierno forzó los dados del conflicto que lo enfrenta, desde el inicio de su gestión, a los poderosos medios de comunicación privados. El fondo del conflicto es que para el gobierno, la debilitada oposición política tiene su sede y su espacio de expresión en los periódicos y la televisión privada. Por eso, el pulso del conflicto con la prensa se ubicó durante este período menos en la reestructuración del sector que en disuadir las críticas, las afirmaciones y las acusaciones al presidente. El 21 de marzo, Rafael Correa interpuso una demanda por injurias por un editorial del jefe de opinión del diario El Universo, Emilio Palacio, y a los directivos del periódico. En él, el editorialista lo llamaba "dictador" y sentenciaba: El Dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben9.

En un fallo realmente llamativo, en el mes de julio, luego de cuatro meses de interpuesta la demanda penal, los jueces dictaron sentencia: tres años de cárcel para el editorialista y 40 millones de dólares de indemnización para el periódico. Dos meses después, el 20 de septiembre, la Sala de Garantías Penales, por votación dividida, ratificó el veredicto y la pena10. Al margen de que el texto es a todas luces malicioso, tres cosas hicieron del fallo algo excepcional: la rapidez de la administración judicial que en sólo cuatro meses tramitó una causa que usualmente dura mucho más; la condena de los directivos del diario por una opinión editorial; y, sobre todo, la desproporción de la pena impuesta, carente de todo precedente en la historia judicial del país.

Para dar una idea de estas proporciones, hay que recordar que en el caso interpuesto por Pedro Restrepo, la familia obtuvo del Estado una indemnización de un millón de dólares por la tortura, asesinato y desaparición de cada uno de sus dos hijos luego de casi veinte años de calvario jurídico y complicidad criminal del Estado11.

El caso de El Universo, el más sonado y de mayor repercusión política, no es el único, sino que forma parte de una línea de conducta del presidente y sus colaboradores12. Sin embargo, desde un punto de vista político, su efecto más importante es el de volver más difícil la aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley de Comunicación, que el ejecutivo intenta aprobar desde hace dos años. Diversos conflictos políticos en el pasado, como la clausura temporal de Teleamazonas y Radio Arutam en 2009 o los hechos del 30 de septiembre de 2010, retardaron su aprobación y dificultaron la consecución de una mayoría para votarla en la Asamblea. Una parte del conflicto proviene que los sucesivos proyectos de ley del gobierno han sido acusados de preocuparse mucho más del control gubernamental sobre los medios que de la democratización del acceso a la información y a la desmonopolización de la propiedad de los medios13.

El año 2011 ha estado marcado por la agudización de una crisis de mediano plazo en la economía mundial cuyo significado y trayectoria son objeto de muchas controversias. Es claro que la última década de prosperidad en la periferia del mundo ligada al aumento de los precios de las materias primas se acompañó de un notable estancamiento en el centro. En el corto plazo, lo que empezó como una explosión de sucesivas burbujas financieras (2007 -2009) se convirtió ahora en una formidable crisis de deuda pública en Europa y Estados Unidos. La deuda norteamericana, de lejos la de mayores implicaciones sistémicas de largo plazo, levemente superior a su PIB anual de 14 billones de dólares, está distribuida en todo el mundo bajo la forma de bonos del tesoro, y ha sido comprada por otros estados nacionales, especialmente China y Japón.

Dada su relación directa con los aparatos estatales, es probable que los esfuerzos para su pago impliquen no sólo una eventual recesión o estancamiento de largo plazo en Estados Unidos sino un cambio en el balance del poder económico y político mundial. La deuda europea, con su epicentro en Grecia, pero con ramificaciones en España, Italia y el Reino Unido, es la que puede tener más efectos inmediatos sobre el crecimiento económico mundial.

El empalme de ambas es lo que vuelve la situación más grave, de difícil solución inmediata y de imprevisibles consecuencias en el mediano plazo. Las noticias económicas internas no parecen tomar nota de la tormenta que se avecina. La tasa de crecimiento económico trimestral del Ecuador viene aumentando sostenidamente desde inicios del año 2010 hasta llegar, en el primero y segundo trimestres del año 2011, a un formidable 8,6 y 8,9%. Las fuentes de este crecimiento se encuentran, según el presidente del directorio del Banco Central en el crecimiento de la construcción, la pesca, la inversión eléctrica y el sector petrolero14. La economía ecuatoriana parece seguir de cerca los vaivenes episódicos de la economía mundial: alto crecimiento en 2008 y la segunda mitad del 2010, estancamiento en 2009 e inicios del 2010. Si la crisis mundial sigue su curso, sus efectos locales deberían sentirse en el año 2012.

¿Cuáles son sus potenciales efectos sobre Ecuador? Una recesión mundial podría reducir los precios de los productos de exportación y reducir el monto de las compras en Estados Unidos y Europa, los principales mercados ecuatorianos. Esto tendería a agravar dos de los problemas más graves del modelo económico heterodoxo que se está implementando el Ecuador. En primer lugar, podría aumentar las presiones sobre el ya abultado déficit de balanza comercial15. En segundo lugar, podría ejercer mayores presiones fiscales al reducir los ingresos del Estado en un contexto en que el gasto y la inversión públicos son ejes de la estrategia de crecimiento y acumulación.

Ante estos problemas, el gobierno ha buscado, nuevamente, como en el año 2009, acuerdos con los importadores para limitar el crecimiento de las compras en el exterior (oficialmente se quiere reducir el déficit comercial en un 1% de PIB), aunque esta vez las quejas de los comerciantes han sido mayores y los acuerdos menos aceptados16. Al mismo tiempo, la estrategia fiscal consiste, en lugar de guardar altos niveles de reservas internacionales líquidas (la principal herramienta de la mayoría de países con políticas económicas más ortodoxas), en abrir líneas de crédito que puedan activarse sólo en caso de necesidad inmediata y que se garantizan con ventas de petróleo. En lugar de guardar el dinero con baja rentabilidad en cuentas internacionales, el gobierno invierte internamente en proyectos viales y energéticos, y acudirá, si la situación lo amerita, a estas líneas abiertas fundamentalmente por China, con quien creó la más grande de estas líneas por dos mil millones de dólares17. Esta confianza se sustenta en las formidables reservas internacionales de China, pero tal vez subvalora el efecto que un posible impago de la deuda norteamericana tendría sobre las finanzas del gigante asiático. De todas maneras, el gobierno ha aumentado también las fuentes de ingresos o de dinero disponible: se ha anunciado una nueva reforma tributaria para fin de año que aumentará los impuestos a los automóviles, con argumentos ambientales y con el fin de financiar gastos de salud, pero que también, simultáneamente tendría el efecto de limitar las importaciones. De todas maneras, los requerimientos fiscales dan algunas señales de estar peligrosamente desbordados en un contexto económico internacional inestable.

Más allá de las medidas de las políticas económicas de alcance inmediato, las reformas estructurales de la economía parecen estancadas: las políticas de sustitución selectiva de importaciones se enfrentan al crecimiento acelerado de las importaciones; la promoción del turismo no despega; se ha regresado a políticas convencionales en el sector agropecuario luego de un tímido y fracasado intento de cambio; el proyecto ITT, presentado como un importante ejemplo de transformación de la matriz energética, parece prácticamente abandonado y, sobre todo, se han acelerado los preparativos para los contratos mineros. En efecto, el 21 de septiembre se anunció que el Ministerio del Ambiente otorgó la primera licencia ambiental minera a la empresa Ecuacorriente (chino–canadiense) para una inversión de 1.630 millones de US$ en el Proyecto Mirador, a cielo abierto, en la provincia oriental de Zamora. El plan prevé que para el 2014 las inversiones de las empresas extranjeras en el sector minero signifiquen 5.500 millones de US$18. El aumento de la conflictividad sobre una eventual ampliación de la frontera de la minería a gran escala no puede ser subvalorada: la fuerza de la oposición a la minería no está tanto en los apoyos políticos de la CONAIE o las prefecturas de Zamora y Azuay, sino en una auténtica y poderosa indignación en las comunidades campesinas afectadas. Extender esa conflictividad desde el actual 0,2% del PIB a exploraciones y explotaciones que lleguen al 15% del PIB puede significar fuego en un reguero de pólvora. Eso es algo que el empecinamiento presidencial no parece entender19.

En tal contexto, la tendencia de conjunto apunta a la reafirmación de un modelo económico convencional aunque con un peso mayor del Estado, en una reedición del desarrollismo clásico20. La ley más importante del período ha sido la llamada "ley anti monopolio", presentada por el ejecutivo a la Asamblea nacional como un proyecto urgente en julio y finalmente promulgada el 11 de octubre último. Aunque esta ley alentó un debate y despertó las suspicacias de los sectores empresariales por el poder discrecional que debe otorgarle a la nueva "Superintendencia" para el control del poder de mercado, como todas las leyes similares en todos los países que cuentan con ella, no apunta a desmonopolizar la economía sino a evitar prácticas de abuso del poder de mercado de los agentes que controlan porciones significativas de la producción

y el comercio en cada sector económico21. En síntesis, los últimos seis meses se caracterizaron por un debilitamiento de la base política del régimen y un paralelo fortalecimiento de las distintas fuerzas de oposición, tanto a su derecha como a su izquierda. La agenda política del país siguió siendo determinada por las iniciativas del gobierno que mantiene el timón puesto sobre los temas de seguridad, delincuencia y el conflicto con los medios. El modelo económico gubernamental, por fin, que enfrentará serios desafíos ante la crisis mundial, sigue siendo heterodoxo, por cuanto reafirma el peso económico del Estado, pero no avanza en las reformas estructurales del modelo de acumulación que anunció en el Plan del Buen Vivir.

Notas.

1 "Guillermo Lasso presentó su libro y habló de política", El Comercio, 29 de septiembre de 2011; "Guillermo

Lasso y José Ma. Aznar, Doctores Honoris Causa, en Quito", La República, 12 de octubre de 2011,

http://www.larepublica.ec/blog/politica/2011/10/12/guillermo-lasso-y-jose-maria-aznar-son-condecorados-en-quito/2 Los datos de aprobación a la gestión gubernamental son tomados de Perfiles de Opinión, 7-8 de septiembre de 2011, Quito, Datanálisis. Estas encuestas se refieren exclusivamente a Quito y

Guayaquil.

3 Luego del 9 de octubre, al presentar y verificar documentos de justificación de méritos, quedaban solo

294 postulantes, de las cuales 42 eran mujeres; cfr. Consejo de la Judicatura de Transición, "294 pasan

a la siguiente etapa del Concurso para Jueces y Juezas de la Corte Nacional de Justicia", en

4 Lo cual constituye una abierta intromisión del poder ejecutivo en la función judicial, cfr. Decreto

Ejecutivo No. 872 del 5 de septiembre de 2011. Cfr. También Consejo de la Judicatura de Transición,

Dirección Nacional de Comunicación, Comunicado de Prensa No. 23, Quito, 2 de Septiembre del

2011, "El gobierno nacional garantizó el apoyo económico para reestructurar la justicia".

5 "Oposición cuestiona Código de Instituciones de Seguridad Ciudadana", El Tiempo, 20 de octubre de

2011, en http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/81030-oposicia-n-cuestiona-ca-digo-deinstituciones- de-seguridad-ciudadana/

6 El artículo 365 de la propuesta define así la "asonada": "Quienes de forma tumultuaria exigieran violentamente de la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones (…)"

(Proyecto de Ley Código Orgánico Penal Integral, art. 365, en

http://documentacion.asambleanacional.gov.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/233c7e51-a5a7-

4c0e-a848-79e6ead28a9c/Ley%20del%20C%C3%B3digo%20Org%C3%A1nico%20Integral%20Penal

7 "El Ejecutivo propone que la acumulación de penas tenga un tope de 35 años", El Telégrafo, 14 de octubre de 2011; Ernesto Albán Gómez, "Un nuevo Código Penal", Diario Hoy, 27 de junio de

2011, "Penas más rigurosas en nuevo Código Penal del Ecuador", En Andes, Agencia pública de noticias de Ecuador y Sudamérica, 26 de julio de 2011, En http://andes.info.ec/judicial/penas-masrigurosas- en-nuevo-codigo-penal-del-ecuador-77376.html

8 Julio César Trujillo y Ramiro Ávila Santamaría 2011. La situación de la justicia en Ecuador. La propuesta constitucional sobre justicia y su implementación. En La Línea de Fuego, comunicación no alineada, 20 de octubre, En http://lalineadefuego.info/2011/10/20/la-propuesta-constitucional-sobrejusticia- y-su-implementacion-parte-1-por-julio-cesar-trujillo-y-ramiro-avila-santamaria/

9 Emilio Palacio, "No a las mentiras", El Universo, 6 de febrero de 2011.

10 "Dos jueces ratifican sentencia que condena a El Universo", El Universo, 20 de septiembre de 2011.

11 Otro ejemplo: el propio Emilio Palacio fue condenado por "daño moral" a tres años de prisión y 10 mil dólares de indemnización por llamar "matón" al titular de la Corporación Financiera Nacional, Camilo

Samán en 2009, cfr. "CamiloSamán retiró los cargos contra Emilio Palacio", Vistazo, 7 de junio de

2010, enhttp://www.vistazo.com/webpages/pais/?id=10266

12 "Veinte juicios contra la prensa en el país", Hoy, 27 de mayo de 2011. El otro juicio importante es el entablado a fines de marzo por el presidente contra Juan Carlos Calderón y Christian Zurita por la publicación de un libro sobre los negocios del hermano del primer mandatario con el Estado. La demanda por 10 millones de dólares por "daño moral" ocurre por una supuesta afirmación de los autores de que el presidente conocía los contratos de su hermano.

13 Es lo que puede inferirse de las reseñas del conflicto alrededor de la ley en Romel Jurado 2010.

Derecho a la comunicación. En Programa Andino de Derechos Humanos (comp.). ¿Estado constitucional de derechos? Informe sobre derechos humanos, Ecuador 2009. Quito: UASB / PADH

/Abya–Yala, pp. 247-261; y Romel Jurado 2011. El estado de los derechos de comunicación. En

Programa Andino de Derechos Humanos (comp.). Develando el desencanto. Informe sobre derechos humanos, Ecuador 2010, pp.85-89.

14 "PIB registra crecimiento de 8,9% interanual en 2do trimestre de 2011", El Universo, 29 de septiembre de 2011.

15 La estimación de la balanza comercial no petrolera es para 2011 de -6.653 millones de dólares, mientras que la balanza comercial total tendría un déficit al final del año de -658 millones de dólares (datos del Banco Central, en María de la Paz Vela 2011. "El manejo integrado de la liquidez ya permite hacer política fiscal", entrevista al ministro de Finanzas Patricio Rivera, En Gestión, economía y sociedad. No. 207, septiembre, p. 29.

16 "Ministra Nathalie Cely aseguró que no hay restricción a las importaciones", El Telégrafo, 13 de octubre de 2011.

17 Los funcionarios aseguran que otros países latinoamericanos han abierto líneas similares con China como Chile, Brasil y Venezuela, cfr. María de la Paz Vela 2011.op. cit., p. 32.

18 "Otorgan primera licencia para explotación minera en Ecuador" (21/09/2011,

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=158230&um

t=otorgan_primera_licencia_para_explotacion_minera_en_ecuador (consultado el 23 de septiembre de

2011)

19 El gobierno persiste en atribuir la violencia a "agitadores" sin percibir el profundo enraizamiento de

base que tiene la resistencia contra la minería en zonas campesinas afectadas densamente pobladas.

Cfr. "Piedrazos a carro presidencial en Azuay; un comunero preso", El Universo, 26 de octubre de

2011.

20 He tratado en mayor detalle estos temas en Pablo Ospina Peralta 2011. Promesas temporales. El cambio del régimen de acumulación, propuestas y realizaciones de la revolución ciudadana (Ecuador).

En R. Zelik (ed.). Construcción de políticas alternativas ¿Otros mundos posibles? Universidad

Nacional, sede Medellín / Fundación Rosa Luxemburg. En prensa.

21 Oficialmente llamada "Ley de Regulación y Control del Poder del Mercado", es una ley bastante común, como lo advirtió el propio presidente Rafael Correa, "en países como los Estados Unidos una

Ley similar existe desde hace más de cien años y que en otros como Chile, la tiene hace más de 50"  ("Ecuador cuenta ya con una Ley Antimonopolio (AUDIO)", El Ciudadano, periódico digital de la revolución ciudadana, 11 de octubre de 2011,