Se cumplen ya 5 años de la desaparición de Julio López, uno del más de medio centenar de desaparecidos en democracia, y el caso que más trascendió, junto al de Luciano Arruga, de desaparecidos en la gestión kirchnerista. Casos que, gracias a la movilización popular, señalaron al gobierno como responsable por su desaparición y la impunidad que continúa.

Poco falta para que termine el año 2011. En los meses que llevamos transitados, se sumaron a nuestro archivo de personas asesinadas por el estado, con el gatillo fácil y la tortura en cárceles, comisarías e institutos de menores, más de 200 víctimas.

Este ha sido un año de una fuerte persecución a los militantes sindicales y políticos, quienes afrontan causas penales por pelear por trabajo y una vida digna, además de las detenciones y la represión directa a movilizaciones o acciones de lucha, desalojos en rutas y tomas de tierra, como ocurrió con los docentes en Santa Cruz, la comunidad Qom en Formosa, las familias en las tierras de Ledesma en Jujuy. Si hacemos memoria, aparecen el casino, Kraft, el Hospital Francés, los ferroviarios, etc.

Dieciséis asesinados en la protesta social desde 2003, son los muertos que desmienten, en la realidad, a 8 años de gestión, los dichos de Néstor Kirchner allá en sus primeros años de gobierno, cuando dijo "no vamos a reprimir con la policía del gatillo fácil". No sólo siguieron reprimiendo con la policía del gatillo fácil, sino que sumaron al conjunto de las fuerzas de seguridad y a las patotas sindicales, encargadas de efectuar el "trabajo sucio" y desdibujar la responsabilidad política del gobierno ante hechos como el asesinato de Mariano Ferreyra.

En este marco, el gobierno sigue autoproclamándose como el defensor de los DDHH y se florea dando premios y desfilando junto a personalidades que en algún momento fueron bandera en esta lucha. Claramente, ya no lo son hoy.

Todos los años, en noviembre, CORREPI hace este balance públicamente, en el que sólo tiene como conclusión que éste es un gobierno más que, como buen defensor de los intereses de empresarios y ricos, necesita reprimir al pueblo para disciplinarlo.

Este año, no será distinto. Allí volveremos a denunciar que este gobierno reprime todo lo necesario con el mayor consenso posible. Y allí, como siempre, estarán junto a nosotros quienes a diario sufren esta represión decididos a seguir peleando.

Avanza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la denuncia contra el estado argentino por la violación de los derechos de libertad y del niño a raíz del caso de seis chicos condenados a prisión perpetua, todos ellos detenidos desde los 16 y 17 años. El estado no sólo los juzgó y condenó siendo niños, sino que también es responsable de la muerte de Ricardo Videla, quien, cumpliendo dicha condena, apareció muerto en su celda en un supuesto suicidio, típica excusa utilizada por las fuerzas represivas del estado para no decir que las muertes en cárceles son producto de las sistemáticas torturas, maltratos y golpizas que reciben quienes se encuentran en prisión.

Si el gobierno argentino no cumple sus recomendaciones, la CIDH podría demandar ante la Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH), buscando una condena. El estado argentino no es principiante en lo que refiere a condenas por parte de la Corte IDH.

En 1997, en el marco del proceso judicial por el asesinato de Walter Bulacio a manos del aparato represivo estatal, CORREPI presentó ante la CIDH una denuncia contra el estado argentino por la violación de los derechos de Walter a la vida, a la integridad física y a la libertad, y al derecho de su familia a un recurso judicial sencillo y rápido. En 2003, la Corte IDH, además de declarar que el crimen policial es un crimen de estado, condenó al estado argentino como responsable del asesinato de Walter y le ordenó derogar todo mecanismo legislativo y policial que facilite las detenciones arbitrarias, es decir, el sistema contravencional y la averiguación de antecedentes.

La condena de la Corte IDH jamás fue cumplida, porque, de ser así, el estado se quedaría sin una de sus principales herramientas represivas utilizada a diario en los barrios para el disciplinamiento de los hijos de la clase trabajadora, que, por pertenecer a la clase explotada, se enfrentan a diario con las detenciones arbitrarias y las torturas en comisarías.

Es que en una sociedad dividida en clases sociales, no existe nada que sea para "todos y todas" y la justicia es uno de los ejemplos más claros, como una herramienta más de la clase dominante para defender sus intereses. Todos los días vemos cómo los policías que matan a los pibes en los barrios son absueltos o, como mucho, reciben condenas irrisorias, pero, cuando se trata de disciplinar a la clase trabajadora y al pueblo, aplican sin dudar las penas máximas, dejando expuesto que detrás de todo el discurso de constitucionalidad y derechos universales están los intereses de los poderosos, ricos y empresarios que no cambian a través de los distintos gobiernos. Cambian los gobiernos, pero la represión es la misma.

En octubre del año pasado, unos 300 alumnos de la facultad de Sociales de la UBA se movilizaron al ministerio de Educación y lo tomaron para exigir la mudanza de la facultad al edificio de Constitución, promesa que llevaba más de 14 años cajoneada por distintos gobiernos.

La policía federal reprimió la protesta con palos y gases y detuvo a 11 estudiantes que fueron chupados al voleo, arrastrados a los patrulleros y llevados a la comisaría 17ª. Para el ministerio de Educación, hubo "usurpación, daños, hurto, robo y privación ilegítima de la libertad". Para el juez federal Julián Ercolini, hubo "violación de domicilio, lesiones, daño calificado, y atentado y resistencia a la autoridad". Un combo de delitos que abarcan penas de hasta 6 años de prisión. Todo esto por reclamar estudiar en condiciones dignas.

Acompañando la movilización, organización y lucha de los estudiantes, CORREPI asumió el compromiso de defender a 5 de los 11 criminalizados por luchar. Esta semana, todos fueron sobreseídos. Queda claro que frente a cualquier medida de lucha, la respuesta de cualquier gobierno será la represión.

Y que, frente a esta represión, la única respuesta es la organización y la lucha.

Esta semana, los diarios cubrieron generosamente el discurso de la presidenta Cristina Fernández en la Unesco. Mientras agradecía el premio otorgado a Estela Barnes de Carlotto como lo que fue, un premio a su propio gobierno, la presidenta se llenó la boca, como siempre, con los DDHH. "Kirchner fue decisivo en la lucha contra la impunidad", dijo emocionada.

Al mismo tiempo, apenas si algún diario, en algún lugar remoto de las últimas páginas, consignaba que, de nuevo, cuatro pibes murieron asfixiados y quemados en una comisaría.

Esta vez, fue en Catamarca. Los pibes, de 16 y 17 años, estaban presos en la Alcaidía de Menores. Franco Sosa, Nelson Molas, Nelson Fernández y Franco Nieva se sumaron a la lista que crece, y no deja de crecer, al ritmo de un pibe por día, asesinado por el gatillo fácil, o, como ellos, en una cárcel, comisaría o instituto de menores.

Así como todos los fusilamientos de gatillo fácil se presentan en público más o menos con la misma historia, el falso enfrentamiento, o, cuando no hay tiempo de plantar el perro, con el cuento de las armas que se disparan solas, las muertes en comisaría también tienen su versión oficial.

Si el preso aparece ahorcado, fue un suicidio. Si lo torturaron y "se les fue la mano", es una "súbita descompensación". Y si fue un incendio, nos dicen que "pese al denodado esfuerzo del personal preventor, que de inmediato prestó auxilio procurando extinguir las llamas, se constató el deceso del interno XX...".

Claro, después resulta, como en la cárcel de Magdalena, que los penitenciarios cerraron las rejas después de iniciado el fuego, y reprimieron a balazos de goma a los presos del pabellón vecino, que a patada limpia lograron abrir un boquete en la pared, y salvaron a los pocos que alcanzaron a salir por ahí.

En Catamarca, Julio Molas, el padre de Nelson, uno de los pibes muertos, denunció que otro chico le contó que un policía le mostró un encendedor a uno de los muchachos y le dijo "si sos macho, prendé fuego". Le tiró el encendedor y les cerró la puerta de la celda con candado.

Los incendios en cárceles y comisarías nunca ocurren porque sí, o porque cae un rayo. Siempre son consecuencia de una protesta. Quemar colchones es uno de los modos desesperados de obtener atención y expresar reclamos para el encerrado en una celda, como la huelga de hambre, los cortes en los brazos o los párpados y labios cosidos.

Como el 13 de enero de 2006, en la comisaría 7ª de Corrientes, donde había 7 pibes presos, todos por averiguación de antecedentes o contravenciones. La mujer de uno de ellos estaba internada, a punto de dar a luz su primer bebé. El muchacho, agotado de suplicar que le permitieran estar junto a su compañera, se tragó una bombilla, en un último intento por llegar al hospital. Como castigo por su insistencia, lo dejaron ahí, tirado, boqueando, entre los gritos de auxilio de sus compañeros, que decidieron prender fuego para que les abrieran la celda y lo atendieran. Cuatro murieron, todos de 17 años.

En Orán, Salta, el año 2009 empezó con tres adolescentes muertos en un incendio en la comisaría, la misma donde, el 25 de octubre de 2006, habían sido cuatro los pibes, dos de 17, uno de 16 y uno de 15, que murieron carbonizados.

Casi todos los muertos en comisarías son detenidos de forma arbitraria por averiguación de antecedentes, como los cinco pibes del incendio en la comisaría de Lomas del Mirador en diciembre de 2009, o por contravenciones, como Rosa Yamila Gauna, de 15 años, que el 11 de enero de 2007 fue detenida por ruidos molestos en Misiones, y murió unos días después, con el 90% del cuerpo quemado, quizás para ocultar que había sido violada por los policías.

No es la "gomaespuma" la que mata, ni son suicidios de loquitos presos. Estas recurrentes muertes, siempre de pibes jóvenes, siempre sin responsables, son el resultado de una política de estado que encierra al pobre, porque necesita disciplinarlo con palos, balas, llamas o monóxido de carbono.

Un ex suboficial de la Fuerza Aérea, Manuel Ángel Cambeiro, dio una "entrevista exclusiva" a un canal de TV de Ushuaia, dando su testimonio sobre su tarea en Córdoba durante la última dictadura militar.

El ex suboficial, que estaba trabajando de vigilador en una agencia de seguridad privada, de espaldas y caracterizado para no ser reconocido, relató con precisión las ejecuciones de los detenidos-desaparecidos y la apropiación de recién nacidos en un centro clandestino de detención donde él, entonces suboficial de 20 años, cumplía funciones de guardia.

La trascendencia que tuvo la emisión del programa hizo que la fiscalía federal de Ushuaia resolviera librar oficios a la Conadep , entre otros, para verificar la versión, aunque, por el momento, Cambeiro no fue detenido.

Como sucede a diario con policías torturadores y asesinos, no fueron los organismos de control de las agencias de vigilancia privadas, a cargo de los ministerios de seguridad nacional o provinciales, según el caso, los que detectaron al ex represor trabajando como actual represor, sólo que en el ámbito privado.

Una nueva muestra de que la letra de las leyes que, por ejemplo, prohíben formalmente la actividad en agencias de seguridad privada a quienes cuentan con antecedentes represivos, está allí sólo para adornar y facilitar el discurso oficial, sin ninguna aplicación real, salvo cuando salta el botón y hay que aparentar que se hace algo.

En Honduras, el aparato represivo estatal lleva asesinados 16 periodistas desde febrero de 2010, que se suman a los más de 200 opositores asesinados con la acción o la complicidad de la policía. El 2 de septiembre, el subdirector de la Policía Nacional, Santos Simeón Flores, informó que, entre 1999 y este año, hubo 5.270 denuncias contra efectivos de la fuerza por actos ilícitos. El director nacional de Investigación Criminal, Marco Tulio Palma, declaró que en lo que va de 2011, ya hubo 4.412 muertes. Los especialistas hondureños en seguridad vaticinan que este año podría terminar con una tasa de 86 homicidios sobre 100 mil habitantes, una cantidad superior a la de México, país donde la lucha del ejército en las calles contra el narcotráfico elevó los índices de asesinatos hasta las nubes.

En tanto, en Colombia, según la Coalición contra la Tortura, entre julio de 2001 y junio de 2009 fueron torturadas al menos 1.834 personas, de las cuales fueron asesinadas 1.148; sobrevivieron 422 y 264 fueron torturadas psicológicamente. En los 107 casos en que se pudo establecer el autor de un crimen de violencia sexual, se encontró que los agentes del estado son responsables del 98,14% de estos. Por perpetración directa de militares, policías u otros agentes, el 66,36%, y por complicidad de estos con paramilitares, el 31,78%.

El informe señala que, en 2009, fueron desplazadas más de 280.000 personas en Colombia, las cuales pasaron a engrosar la suma de más de cinco millones de desplazados ya existentes.

Por su parte, en el continente europeo, luego de las noticias de la feroz represión en España e Inglaterra, ahora le tocó el turno a Italia. A raíz de un plan de ajuste que quiere imponer el parlamento italiano, el pueblo salió a protestar y la policía con el equipo antimotines salió a reprimir, por orden del gobierno.

En todas partes, los gobiernos capitalistas recurren a la represión porque es la única manera que tienen de acallar la protesta social y, como siempre, las fuerzas represivas del estado torturan y matan al pueblo, porque esa es su función y no otra. Así es como ejercen los gobiernos el control social.

La represión capitalista no tiene bandera ni patria.