Queda totalmente expuesto el rol de la policía catamarqueña cuya jefatura está a cargo del Comisario Mayor Francisco Mercedes Soria, que en todo momento trató de justificar y deslindar responsabilidades por la muerte de cuatro adolescentes en los calabozos policiales. Soria es responsable de una fuerza que sistemáticamente viola los derechos humanos, como lo hicieron al militarizar Andalgalá o al detener a Sonia Liliana Garabedián. Soria es un exponente más de la verticalidad policial que corroe al país. Como dijera Rodolfo Walsh, "la secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata".

En agosto de 2010, los diputados provinciales ya cuestionaron a Soria por ocupar el cargo a pesar de haber sido exonerado de la fuerza. Y le señalaron que con 32 años de servicio debería acogerse al Retiro Voluntario, tal como establece la ley. "De cuestiones personales no hablamos", dijo el ministro de Gobierno Javier Silva en respuesta.

Al ser interpelado por la legislatura provincial por la muerte de los cuatro chicos detenidos, Soria ensayó su defensa. La masacre debería al menos costarle el cargo. Nelson Fernández, Franco Nieva, Nelson Molas y Franco Sosa murieron calcinados por el accionar de sus subordinados en un calabozo de su fuerza. "Desde 2001 que funciona el edificio, no puedo aclarar si existe esa documentación; supongo que tiene habilitación", se defendió Soria, para luego admitir que la Alcaidía todavía no había sido concluida por Obras Públicas.

La versión de Soria sobre el incendio es que luego de almorzar los menores se retiraron a la celda a ver televisión. Y que cuando los oficiales se percataron del humo había solamente cuatro personas en la celda, quienes prendieron fuego a los colchones. "No manifestaron ningún reclamo. El personal policial se retiraba a comer cuando los internos ya habrían prendido fuego y una suboficial se percató del humo", explicó, escueto.

Soria tiene sus antecedentes: aunque fue uno de los llamados "policías rebeldes" que rompió con el mando jerárquico para investigar el asesinato de María Soledad Morales, al asumir como jefe policial en 2008, rápidamente emuló los métodos represivos y corruptos de los Saadi.

El movimiento ambientalista lo conoce bastante: fue uno de los responsables de la brutal represión y militarización de Andalgalá en 2010. A esto se le suma las sospechas que hay en la fuerza policial por el caso Sonia Liliana Garabedián: su madre, Leonilda Carrizo, denunció a los efectivos de la comisaría seccional Décima por detener ilegalmente a su hija antes de que se hallada muerta en un descampado.

Mientras tanto, Soria continúa con su alto perfil, como en la inauguración de la Sala de Monitoreo ubicada en Centro de Operaciones de la Jefatura de Policía. Según se encargó de difundir la gobernación, el sistema "está compuesto por 32 cámaras "Domo" del tipo IP, marca Axis Modelo Q6032, cuya principal característica es el zoom de 35X óptico, infrarrojas, con rotación de 360º y resolución de 25 fps, catalogadas en cuanto a su definición, prestaciones y durabilidad como las mejores de mundo". Además, "las cámaras son manejadas a través de un joystick desde la Sala de Monitoreo, especialmente equipada para su uso las 24 horas, con 5 puestos de trabajo y un supervisor, que permite la grabación constante de todas las imágenes, con capacidad de almacenamiento de 30 días corridos, ampliables con la simple aplicación de más unidades de discos rígidos. Esas imágenes pueden ser editadas y se utilizan principalmente como medio de prueba irrefutable ante delitos de toda índole." Lo absurdo es que luego se supo que sólo el 30 por ciento de las cámaras funcionaban.

Soria tiene excelentes relaciones con la gendarmería y la curia, como puede apreciarse durante el acto en el que hizo entrega al Jefe saliente de la Agrupación VIII Catamarca Comandante Mayor Manuel Antonio Trabalon de un tapiz artesanal con la Imagen de Nuestra Señora del Valle.

Soria es un exponente más del comisariato de las fuerzas que tanto en las provincias como a nivel nacional, se encargan de mantener vivas las peores prácticas del terrorismo de Estado, ante la abierta complicidad judicial, política y empresaria.