ARTEMISA

Se encuentra demorado en la Cámara Alta un proyecto de ley que daría un marco legal acorde a los derechos a las empleadas de casas particulares (un 98,5% mujeres). La propuesta avanzó casi sin inconvenientes en la Cámara Baja, pero dificultades vinculadas mayormente al sector empleador impiden que avance en el Senado. Se trata de legislar nada menos que sobre el 20% de la fuerza de trabajo, integrada casi exclusivamente por mujeres.

En la apertura de la sesiones legislativas de marzo del 2010, la presidenta Cristina Fernández reclamó al Parlamento la sanción de una ley que regulara, después de más de 50 años, la forma de empleo de las trabajadoras del sector doméstico (en un 98,5% mujeres), que actualmente se rigen por un decreto dictatorial de 1956, que impuso un régimen que roza la esclavitud en términos de derechos. Las empleadas de este sector no gozan actualmente de licencia por maternidad, pueden ser contratadas siendo menores de edad, su jornada no se limita a 8 horas y no disponen de vacaciones ni licencia por enfermedad, entre otras inequidades históricamente invisibilizadas e infravaloradas, como si se tratara de un sector productivo que no mereciera el mismo estatus laboral que el resto de las personas que trabajan.

En el mismo 2010, el Poder Ejecutivo envió un proyecto al Parlamento que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados en marzo del 2011. En mayo de este año, la Cámara de Senadores le dio aprobación en general y se suponía sería aprobado en particular sin demoras. Pero actualmente la discusión está estancada en la Comisión de Trabajo y Previsión Social alrededor de varios aspectos: reconocer o no a las empleadas domésticas como trabajadoras plenas, integradas a la Ley de Contrato de Trabajo; crear o no un marco de negociaciones colectivas para el sector; las licencias por enfermedad y las indemnizaciones por despido.

El lunes 19 de septiembre, la Asociación Lola Mora y el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP), con el apoyo de ONU Mujeres, realizaron la jornada de debate 'Una ley demorada. Los derechos de las trabajadoras de casas particulares: una deuda pendiente' en la que se pusieron justamente en debate las razones de la demora en la sanción de la ley.

De la misma participaron Alvaro Ruiz, subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social –quien expuso la posición del Poder Ejecutivo, autor del proyecto con media sanción en la Cámara Baja y actualmente en debate en el Senado-; María Eugenia Estenssoro –senadora nacional integrante de la Comisión de Trabajo-; Marta Roncoroni –directora de la Escuela de Capacitación de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP)-; Rosalía Cortés, investigadora del CONICET/FLACSO; Ramy Alvarez Fleitas, integrante de la Comunidad Migrante Paraguay en Argentina, y las anfitrionas Corina Enríquez Rodríguez (CIEPP) y Norma Sanchís (Lola Mora), quienes además de participar del debate presentaron los resultados de una investigación que acaban de concluir sobre las mujeres migrantes paraguayas en Argentina que se insertan en la cadena de cuidados local (ver ¿Cómo son las mujeres migrantes empleadas en el sector de casas particulares?).

El marco de la jornada fue la discusión que se está dando actualmente en el Senado, y también la Convención 189, sancionada en junio de este año por la Organización Internacional del Trabajo, en la que por primera vez en la historia fueron aprobadas normas laborales destinadas a mejorar las condiciones del sector. 'El Convenio 189 impone a los gobiernos la posibilidad de avanzar en normativas que garanticen trabajo decente al sector. Dice que todo país firmante deberá adoptar las medidas propuestas, por eso es un marco poderoso –señaló Corina Enríquez Rodríguez-. Y cubre casi todos los temas referidos a derechos laborales: vacaciones, descansos, salario mínimo, derecho a la información, protección social, y acceso a mecanismos de resolución de conflicto, entre otros temas.' Sobre el proyecto con media sanción de la Cámara Baja, Enríquez Rodríguez señaló que 'toma casi todos los temas que el convenio 189 propone'.

Alvaro Ruiz, parte del equipo del Ministerio de Trabajo que redactó el proyecto, criticó que la sociedad argentina haya tolerado durante 55 años 'una normativa que da vergüenza comparada con los derechos laborales hoy vigentes en el país y más con el Convenio 189 de la OIT. Con olvido, invisibilización del trabajo y confusión de interactuaciones personales y familiares se pretende excusar el cumplimiento de derechos'. Al referirse al tipo de vínculo que se establece entre el sector empleador y las empleadas domésticas, especificó que 'primero hay un contrato de cambio, aunque esto está disimulado en la regulación que hoy nos rige'. En relación a las dificultades que atraviesa el proyecto en el Senado, el funcionario se refirió a la 'sobrerrepresentación del sector empleador entre quienes legislan'. 'Son personas que están planteando ‘si las empleados domésticas tienen tantos derechos, no voy a poder tener personal doméstico’. Frente a estos argumentos hay que tener presente que cuando hablamos de derechos del trabajador, el principio protector y sujeto central es el trabajador' advirtió.

Ruiz también se refirió a uno de los puntos en cuestión en la Comisión de Trabajo del Senado, el vinculado a que el sector tenga o no una normativa específica y en qué aspectos, ya que una de las modificaciones que querrían incluirse es la desvinculación completa de este régimen especial de la Ley de Contrato de Trabajo. Al respecto, el funcionario aclaró que 'cuando existen estatutos especiales tiene que ver con sectores que pudieron obtener mejores recursos –como en el caso de periodistas y empleados bancarios- o porque fue necesario fortalecer algún colectivo sin fuerza suficiente –como en los trabajadores rurales- y muchas veces aparece como una precarización de su estatus. El trabajo debe estar regulado por una normativa común y lo particular solo debe avanzar sobre expresiones de la singularidad, es decir que los estatus específicos deben ser mínimos'.

La senadora Eugenia Estensoro se refirió a otros dos de los aspectos conflictivos en el debate del Senado: los costos que tendrían para el sector empleador tanto la licencia por enfermedad como la indemnización por despido y se posicionó señalando que 'la trabajadora debe estar más protegida pero se debe proteger también la integridad patrimonial de los hogares dadores'. En relación al proyecto con media sanción que propone que quien emplea debe cubrir tres meses al año de posible licencia por enfermedad, Estensoro propone que cubra sólo dos meses y el tercero quede a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Y, en relación a la indemnización por despido que, según el proyecto con media sanción, debe ser de un mes por año trabajado como en la Ley de Contrato de Trabajo, la senadora propone crear un Fondo de Cese Laboral con aportes mensuales a cargo del sector empleador. La respuesta de Ruiz a estas dos propuestas fue que 'tener servicios personales es un lujo en todo el mundo. No es explotando a otros que vamos a lograrlo. Tienen esos servicios quienes puedo pagarlos' y destacó, al igual que Enríquez Rodríguez, la ausencia del estado en la provisión de instituciones de cuidado que resuelvan las necesidades de cuidado de las familias actuales en las que las mujeres están integradas en el mercado laboral

En relación al cuarto punto en conflicto, referido a la eliminación que se haría en el Senado del convenio colectivo de trabajo, Martha Roncoroni –representante de uno de los sindicatos de trabajadoras domésticas- señaló a Artemisa Noticias que 'el Convenio 189 propicia que haya sindicalización del sector y si bien es complicado, nosotras apoyamos que existan estas organizaciones y que las partes pacten libremente las condiciones de trabajo'. Sobre el proyecto con media sanción, señala que 'si bien no es perfecto, hay que aprobarlo para salir de la situación de esclavitud actual; después veremos cómo mejorarlo'.

Rosalía Cortés se refirió a las dificultades de organización del sector debido en gran parte a que la tarea se realiza dentro de los hogares, lo cual hizo que estos sindicatos no fueran tan potentes como otros. 'Creo que no hay consenso en el colectivo de trabajadoras sobre cuáles son sus derechos ni las obligaciones de los empleadores' señaló, como una de las explicaciones posibles de los actuales debates. 'El desafío –agregó la investigadora- es cómo sostener buenas relaciones de trabajo sin subsidiar, pero también sin penalizar a los sectores de clase media y creo que ese es el punto que merece el mas fuerte debate.' Y destacó los tres aspectos que desde su punto de vista deberían ser prioritarios en el abordaje del tema: el énfasis en la sindicalización y la organización, ya que esto es garantía de poder extender las demandas al interior de hogares y mejorar las condiciones laborales; discutir alternativas al mejoramiento del al acceso a la salud y a la seguridad social que no caigan en los hogares pero tampoco los financien; y realizar campañas de difusión para que sean conocidos públicamente los derechos de las trabajadoras y se estimule la sindicalización.