Si algo caracteriza en estos tiempos el mundo del trabajo es su heterogeneidad. Es un proceso cuyos orígenes remiten a los años de la dictadura militar, cuando el capital siguiendo las tendencias mundiales dio inicio, como paso previo a su reestructuración productiva y de servicios, a una fuerte ofensiva sobre el trabajo. Ofensiva que con mayor o menor intensidad se mantuvo durante más de tres décadas.

El resultado más general de esta reestructuración y ofensiva capitalista ha sido la desconcentración obrera -fuerte reducción del tamaño medio de los establecimientos- y la descentralización geográfica -relocalización de establecimientos fabriles hacia zonas sin experiencia ni tradición obrera y sindical-; nuevas formas de gestión de la fuerza de trabajo -flexibilización, polivalencia funcional y horaria, contratos a tiempo parcial, tercerización, trabajo en negro- desocupación y dispersión salarial. La innovación tecnológica jugó un papel importante en este proceso. El conjunto ha contribuido a una pérdida de homogeneidad de la clase trabajadora, a su mayor heterogeneidad y fragmentación.

No se trata solo de la división entre trabajadores ocupados y desocupados o subocupados; de los trabajadores registrados (en blanco) con los no registrados (en negro); de los que revisten en planta permanente y los que están contratados a tiempo parcial o son tercerizados.

En esta fragmentación juega un papel no menor la dispersión salarial. En un extremo hay un millón de trabajadores que ganan más de 10.000 pesos mensuales (los que trabajan en ramas de mayor productividad o ligados a la exportación), estos integran el millón y medio de trabajadores que pagan impuesto a las ganancias (sueldos de más de 5.783 al mes para los solteros y de más de 7.998 para los casados). En el otro extremo alrededor del 50 por ciento de los trabajadores (formales e informales) ganan un promedio de 1.900 pesos, obviamente menos del salario mínimo legal

Esta dispersión es resultante de las asimetrías entre las diferentes ramas de la economía, tanto por sus productividades medias como por el diferente poder de negociación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Esto es mayor aún cuando cada se privilegian las negociaciones por empresas. Pesan también las asimetrías regionales (interprovinciales) en la distribución del ingreso, y se muestra tanto entre los trabajadores del sector privado como del público.

La Ley de Contratos de Trabajo (LCT) define el salario mínimo como "...la menor remuneración que debe percibir el trabajador en su jornada legal que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, vestir, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones..."

Para la Sociedad de Estudios Laborales, SEL Consultores, "la racionalidad del salario mínimo, como política activa de ingresos, es establecer un piso en la estructura salarial para proteger a las categorías más vulnerable de trabajadores". Mientras que el Departamento Jurídico de la CTA va más allá: para este organismo el SMVyM "...se ha transformado, en función de las características actuales de la estructura ocupacional en nuestro país, en una herramienta que posibilita no sólo mejorar el piso salarial a partir del cual se desarrollan las negociaciones colectivas, sino que permite cuestionar los límites estructurales que posee el actual patrón de crecimiento."

En la actualidad y tal como está pensado no tiene impacto sobre los trabajadores que no están registrados, tampoco para los que tienen fijados sus salarios por convenio o para los empleados públicos provinciales y municipales, los trabajadores rurales y los empleados domésticos. Sí tiene efectos para aquellos trabajadores que están registrados en relación de dependencia bajo los términos de la LCT. En la actualidad algo más de 300.000 mil trabajadores. En la medida que la tasa de actividad de la economía favorezca la creación de empleo, y por lo tanto una baja en la desocupación, el salario mínimo puede en esas circunstancias arrastrar al alza el salario de los trabajadores no registrados.

Luego de estar congelado en la década de los ’90 el SMVyM volvió a recobrar dinamismo a partir del 2003. Con el ajuste de la semana pasada, que llevó su monto a 2.300 pesos, se cumple el 9no. año consecutivo de incrementos.

Esta política de ajustes sucesivos ha mejorado sustancialmente la relación del salario mínimo respecto del salario promedio de la economía Si en la década de los ’90 representaba aproximadamente el 25 por ciento de ese promedio, hoy esta relación es levemente superior al 50 por ciento, tomando como base un salario promedio para los trabajadores registrados de 4.400 pesos.

Sin embargo debe señalarse que no obstante estos avances respecto del 2003 hay insuficiencias notorias que no son neutras. Ya sea por el momento en que anualmente se calcula o por la ausencia de una base de cálculo objetiva el salario mínimo no juega el papel de ordenador y articulador de la sociedad salarial en nuestro país.

Veamos: de acuerdo a su configuración original el Consejo del Salario, organismo conformado por el Estado, empresarios y sindicalistas, debiera fijar los nuevos montos con anterioridad a las Convenciones Colectivas. Sin embargo el procedimiento seguido todos estos años ha sido inverso, el gobierno nacional ha convocado año tras año al Consejo una vez concluidas las negociaciones colectivas. Por otra parte, el Consejo no cumple con lo que le impone la ley, esto es calcular la Canasta Básica, entendida como la que satisface las necesidades del trabajador y su familia para una vida digna. Esta canasta es la que debiera ser la referencia obligada para el cálculo del nuevo salario mínimo.

Como es fácil de comprender la canasta debe satisfacer las necesidades para un vida digna, esas necesidades no son otras que las que establece la LCT cuando define el mínimo salarial que debe percibir el trabajador para cubrirlas.

Distintos cálculos estiman que la canasta básica actual es del orden de los 5.700 pesos. La CTA ha calculado que el salario promedio ha sido históricamente del orden del 80 por ciento de esa canasta, mientras que el salario mínimo debe alcanzar, como mínimo valga la redundancia, el 60 por ciento de ese salario promedio. Esto daría entonces un salario mínimo actualizado de 2.750 pesos. Sin embargo CGT y CTA acordaron pedir un 41 por ciento de aumento que lo elevaría así a 2.600 pesos, mientras que los empresarios ofrecían un magro 18 por ciento. Lo acordado el viernes pasado es apenas de 2300 pesos, un 25 por ciento de incremento.

De esta forma el SMVyM se mantiene lejos de la Canasta Básica, sólo alcanza a cubrir el 40 por ciento de la misma. No es operativo para los trabajadores en las discusiones paritarias, porque estas ya se cerraron. Por el contrario si le sirve a los patrones para fijar una referencia para las paritarias del año que viene. Aunque en realidad su impacto es más que limitado, porque como sabemos la mayoría de los mínimos de convenio están por arriba del salario mínimo.

Por lo demás el Consejo dejó para el mes entrante el tratamiento del Salario Familiar y la Asignación Universal por Hijo. No se trata solo de ajustar el monto sino en el caso del SF elevar el límite de 4.800 pesos a partir del cual se deja de percibir el ingreso y eliminar la gradualidad, que asigna determinados montos según el nivel del salario.

Así la negociación ha dejado por un lado representantes del capital satisfechos (los empresarios) y dirigentes que no pueden mostrar más que una foto (los sindicalistas), por el otro una fuerte presencia de la figura presidencial y del Estado que hicieron pesar su capacidad de laudar con un sesgo favorable al capital. El SMVyM sigue siendo una muestra más de la fragmentación existente y nuevamente se ha dejado de lado su potencialidad de articulador de la sociedad salarial.

* Integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda.