Red Eco

Polic�as amigos. Mart�n Quintana fue asesinado en julio de 2004 por el cabo primero Enrique Bravo en el barrio Jos� Ignacio D�az de la Ciudad de C�rdoba. Siete a�os despu�s, el efectivo fue declarado culpable pero por homicidio culposo, por lo que la sentencia fue de tres a�os de prisi�n en suspenso.

Mart�n hab�a salido del trabajo y estaba sentado en el jard�n de una casa. Al parecer, un vecino denunci� que hab�a un grupo de j�venes molestando a una se�ora. Ante el llamado, el polic�a Bravo lleg� al lugar donde estaba Mart�n y lo arrastr� hasta el cord�n de la vereda donde le dispar� a quemarropa con su pistola 9 mil�metros en el pecho, y luego huy�.

A los pocos minutos, lleg� una camioneta del Comando de Acci�n Preventiva (CAP) de la Polic�a de C�rdoba, cuyos integrantes insistieron en esperar una ambulancia, a pesar que los vecinos y amigos de Mart�n les reclamaban que hab�a que llevarlo a un hospital en forma urgente. Ante la negativa, el padre de Mart�n subi� a su hijo a la camioneta y orden� que lo trasladaran al Hospital de Urgencias, pero el joven muri� en el trayecto.

Tras varios a�os de juicios y cambios de car�tula, este mes Bravo fue hallado culpable del asesinato de Mart�n, pero los tres a�os de prisi�n que recibi� son en suspenso, y en todo momento permaneci� en libertad (seg�n pudo saber la familia Quintana, en alg�n momento hasta fue reasignado a funciones relacionadas al control de tr�nsito). A su condena en suspenso se sum� la prohibici�n de portar y usar armas por siete a�os. Pero adem�s la justicia se encarg� de que el polic�a no se quedara sin trabajo, por lo que ahora el asesino de Mart�n podr� continuar desempe��ndose en la fuerza de seguridad realizando tareas administrativas o pasivas.

En tanto, en la provincia de Buenos Aires, el Tribunal Oral N� 3 de La Matanza resolvi� realizar un juicio abreviado por el asesinato Sa�l P�rez, cometido por el oficial principal de la polic�a bonaerense y miembro del Grupo Halc�n Nicol�s Ernesto Bencardino, en Gregorio de Laferrere en junio de 2010.

Varios testigos declararon que esa tarde el efectivo redujo, insult� y someti� boca abajo a dos j�venes, para luego realizar un disparo con su pistola reglamentaria, calibre 9mm, marca Bersa Thunder, a corta distancia a uno de ellos (Sa�l) provoc�ndole la muerte.

En este caso, el acusado s� estuvo detenido. Tanto la querella (representada por Correpi) como el fiscal, pidieron elevar la causa a juicio por homicidio agravado, por haber sido cometido por un miembro de una fuerza de seguridad del Estado (delito que prev� la pena �nica de prisi�n perpetua seg�n consta en el art�culo 80 inciso 9� del C�digo Penal). Pero al llegar la causa al Tribunal Oral, el fiscal cambi� de parecer. Acord� con la defensa realizar un juicio abreviado (esto es, a cambio de una rebaja en la condena el acusado se declara culpable y se evita el debate), y baj� su acusaci�n a homicidio simple (que tiene penas de 8 a 25 a�os de prisi�n). Ante este escenario, el polic�a obviamente admiti� su responsabilidad. A pesar de la oposici�n de la querella a esta modificaci�n inconsulta, el tribunal dict� sentencia.

Bencardino fue condenado a 10 a�os y ocho meses de prisi�n. Desde Correpi explicaron que a esta pena se le debe descontar el a�o que lleva preso, por lo que en tres comenzar� a tener salidas transitorias, y en seis m�s quedar� en libertad. "Adem�s (el tribunal) resolvi� que (…) �no se advierte que Bencardino se haya aprovechado de su funci�n o cargo�. O sea, que lo que hizo Bencardino (reducir a los chicos, tirarlos al piso, inmovilizarlos, y disparar a quemarropa con su reglamentaria) es (seg�n el fallo) ajeno a su condici�n de polic�a", denunciaron desde Correpi.

La abogada y crimin�loga Claudia Cesaroni, integrante adem�s del Centro de Estudios en Pol�tica Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), trabaja desde hace a�os en casos de menores condenados a prisi�n perpetua por delitos cometidos antes de los 18 a�os de edad. Varios de estos casos han sido denunciados ante la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2002. Ante la falta de respuestas del Estado argentino, en junio de este a�o la CIDH llev� el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que muy probablemente condenar� a nuestro pa�s por imponer penas prohibidas a adolescentes.

En su libro "La vida como castigo", Cesaroni desarroll� seis casos de estas caracter�sticas. Actualmente, cinco contin�an cumpliendo esas penas y uno est� muerto (el 21 de junio de 2005 apareci� colgado en una celda de castigo de la Penitenciar�a de Mendoza).

Este mes, Cesaroni debi� sumar un nuevo caso. La Segunda C�mara del Crimen de San Rafael, Mendoza, conden� a prisi�n perpetua a Jonathan L.R. (nacido en 1983) por un delito presuntamente cometido a los 17 a�os.

En diciembre pasado, la Suprema Corte de Justicia provincial hab�a rechazado un recurso de revisi�n de la sentencia. En su fallo sostuvo que "m�s all� de haber contado con 17 a�os al momento de los hechos al dictarse la sentencia ten�a 19 a�os".

"A estos jueces -integrantes del m�s alto tribunal de Mendoza- se les ped�a revisar la sentencia por aplicaci�n del fallo �Maldonado�, que la Corte Suprema de Justicia de la Naci�n dict� en diciembre de 2005. En �Maldonado�, entre otras cosas, la Corte nacional sostuvo que los ni�os -es decir, toda persona menor de 18 a�os- tienen los mismos derechos que los adultos, m�s un plus de derechos que les corresponde por su condici�n de ni�os. Y que, en el caso de aplicarles pena de prisi�n, debe ser sensiblemente menor a la que se le aplique a un mayor de edad", se�ala Cesaroni y agrega: "En el caso particular de la culpabilidad de un ni�o, la reducci�n se deriva de la consideraci�n de su inmadurez emocional o afectiva universalmente reconocida como producto necesario de su etapa vital evolutiva, as� como la inadmisibilidad de la apelaci�n a la culpabilidad de autor, por resultar ella absolutamente incompatible con nuestra Ley Fundamental. En tales condiciones, no resta otra soluci�n que reconocer que la reacci�n punitiva estatal debe ser inferior que la que corresponder�a, a igualdad de circunstancias, respecto de un adulto".

M�s all� de lo que la ley indique, la Justicia, sea de C�rdoba, Mendoza o Buenos Aires, acomoda su interpretaci�n en funci�n del poder, la apariencia y los recursos no solo de qui�n es el acusado, sino tambi�n de qui�n es la v�ctima.

Fuente: http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=6340&Itemid=99999999