LA ARENA

A fines del año pasado comenzó el debate en el Congreso Nacional sobre los proyectos de despenalización del aborto. En un año electoral, muchos diputados serán reacios a comprometer una opinión que genere oposición en los sectores antiabortistas de la sociedad.

Luego de que más de cincuenta diputados nacionales firmaran un proyecto de ley a comienzos del año pasado que promueve la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, en un hecho de indudable avance en esta temática, el proyecto tomó estado parlamentario y pasó a comisiones para su tratamiento.

En noviembre de 2010 la Comisión de Legislación Penal, presidida por el cordobés Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica, se dedicó a este debate y se convocaron a distintas personalidades y especialistas para escuchar sus opiniones sobre el aborto.

Representantes de Human Rights Watch y la relatora de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros, visitaron esa comisión, inaugurando la discusión parlamentaria sobre el derecho al aborto legal.

En declaraciones al diario cordobés La Voz del Interior del 25 de julio de 2011, Vega expresó que citará a los integrantes de la Comisión de Legislación Penal para que elaboren y suscriban sus dictámenes, para comienzos del mes de septiembre.

A pesar que el proyecto debe pasar todavía por otras dos comisiones legislativas, la de Familia, presidida por Claudia Rucci, y la de Salud, cuyo presidente es Antonio Morante, ambos opositores al aborto, otras diputadas cordobesas que han impulsado esta iniciativa, Cecilia Merchán, de Libres del Sur, la radical Silvia Storni y la kirchnerista Carmen Nebreda, abrigan la esperanza de que el proyecto pueda finalmente tratarse en sesiones ordinarias, en noviembre.

El problema es que para que ello ocurra, los dictámenes deben elaborarse y suscribirse con antelación, coincidiendo con la campaña electoral presidencial de octubre. Y es conocida la opinión pública de la presidenta Cristina Fernández, contraria a una ley que despenalice el aborto.

Por ello, a pesar que el debate es cada vez más amplio y son numerosas las personalidades y las organizaciones que se pronuncian a favor de una ley que autorice la interrupción del embarazo en sus primeras 12 semanas, es poco probable que el Congreso trate este proyecto de ley, por lo menos durante el presente año.

Hace un año, en España, país con fuertes tradiciones católicas, se aprobó una ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, que permitió que las mujeres puedan optar por abortar en las primeras 14 semanas de gestación.

Contrariamente a lo que opinan los grupos mal llamados "pro-vida" -en realidad están en contra de la vida de las mujeres, que son las primeras víctimas de los abortos clandestinos- en España los abortos han disminuido luego de la sanción de la ley que los permite.

Aunque las cifras no son oficiales, en la edición del 18 de julio del diario "Página 12", la periodista Mariana Carbajal cita registros de clínicas privadas, donde se realizan el 90 por ciento de las interrupciones de embarazos en España, que indican una disminución, desde 2009, de un 3,7 por ciento en los abortos practicados.

Según la catedrática de la Universidad de Málaga, Patricia Laurenzo, citada por Carbajal en su artículo, quien integró la comisión convocada por el presidente José Rodríguez Zapatero para elaborar el proyecto de la nueva ley que luego fue sancionada, "a diferencia de lo que auguraban los grupos antiabortistas, durante este año (desde que se aprobó la ley) no sólo no han aumentado los abortos registrados sino que la tendencia es claramente a la baja y, además, se realizan en fases más tempranas de la gestación, evitando así peligros para la salud de las mujeres y perjuicios psíquicos para ellas".

Según Laurenzo, uno de los efectos beneficiosos de esta ley, es que ahora las mujeres acuden más a los centros de salud, un hecho que antes no ocurría, lo que aumentaba el riesgo para la salud y para la vida de aquellas mujeres que optaban en España (y siguen haciéndolo en Argentina) por realizarse un aborto en forma clandestina y en condiciones poco seguras.

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina mueren unas 80 mujeres, aproximadamente, todos los años, a consecuencia de complicaciones por abortos clandestinos. Como se trata de datos extraídos de una realidad que transcurre en la clandestinidad, no son cifras exactas. Asimismo, esas complicaciones traen otras consecuencias en la salud y en la capacidad reproductiva de las mujeres, que sin llegar a la muerte, producen efectos no deseados que vulneran el derecho a una salud plena, de la que deben gozar todos los ciudadanos y las ciudadanas.

Aún con estas cifras incompletas, se calcula que se realizan en Argentina, todos los años, entre 380 mil y 520 mil abortos clandestinos, con el riesgo para este igual número de mujeres que se someten a esta práctica, en su salud y en su propia vida.

Por ello, quienes se oponen a esta legislación no pueden denominarse "por-vida". Para defender la vida de las mujeres hay que legislar y despenalizar el aborto.

A la vez, y ya se ha legislado sobre este tema, hay que promover la educación sexual desde la niñez y la adolescencia, lo cual ha sido muy difícil de poner en práctica, sobre todo en las escuelas religiosas y en las regiones del país con fuerte tradición católica.

El Ministerio de Salud debe impulsar en hospitales y dispensarios, el efectivo cumplimiento de todas las políticas que promueven la defensa de Salud Reproductiva de las mujeres, no permitiendo que con la figura del "objetor de conciencia", no se apliquen las normas legales que indican que hay que informar a las mujeres sobre los métodos anticonceptivos y las mejores maneras de prevenir embarazos no deseados. Así como de proveer esos métodos de manera gratuita, para que el derecho a la salud sea accesible a todos los sectores, y no sólo para quienes pueden pagar esos métodos o medicamentos.

Una ley que permita interrumpir el embarazo no debería inquietar a quienes están en contra de esa práctica. Si una mujer no está de acuerdo con el aborto, no recurrirá a esta intervención quirúrgica frente a un embarazo no deseado. Pero es muy injusto que el aborto sea seguro en cuanto a las condiciones sanitarias (no penalmente, pues es un delito), sólo para las mujeres que pueden pagar su elevado costo con un profesional médico.

Lo mismo con los métodos de anticoncepción de emergencia, de probada eficacia. ¿Por qué se puede adquirir la "píldora del día después" en una farmacia, y es imposible que este medicamento esté disponible en los hospitales y en los dispensarios?

Hay que dejar de lado la hipocresía y el doble discurso, pues muchas personas que militan activamente en los grupos antiabortistas, cuando la realidad de un embarazo no deseado toca a sus puertas, afectando a una hija, novia, hermana, etc., recurren a la práctica del aborto clandestino, obviamente teniendo los medios para abonar los riesgos de esta intervención que en nuestro país todavía es un delito.

Si en España la ley ha dado muy buenos resultados, en materia sanitaria e incluso disminuyendo los abortos, sería bueno que tomáramos su ejemplo y se aprobara de una vez en la Argentina el proyecto de ley que está en debate.