REDACCION ROSARIO

El Tribunal Oral Federal Nº 2 reanudó este martes el juicio contra el ex jefe del II Cuerpo de Ejército durante la dictadura, Ramón Díaz Bessone, y otros cinco imputados. Los represores acusados, José Lofiego y Mario Marcote, rompieron el silencio y complicaron a varios viejos "camaradas".

Los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echague continuaron escuchando declaraciones testimoniales, en el debate donde son juzgados, además de Díaz Bessone, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini y Ricardo Miguel Chomicki.

Tal cual lo habían anunciado los defensores de los represores, este martes ampliaron su declaración los dos más connotados torturadores del Servicio de Informaciones (SI), Lofiego y Marcote. Pero antes tuvo lugar el testimonio del ex comisario Felipe Orefice.

En el juicio se investigan hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en dependencias del Servicio de Informaciones (SI) de la Jefatura de Policía de Rosario, en perjuicio de 86 víctimas.

Previo a la testimonial de Orefice se suscitó una polémica cuando el fiscal del juicio, Gonzalo Stara, se opuso a que el ex comisario declare como testigo ya que está imputado en el mismo expediente -pero en la etapa que aún tramita en el juzgado instrucción-. Los abogados de la querella adhirieron al planteo de Stara. Tras la reposición de los abogados de los defensores, el tribunal resolvió que declare como estaba previsto.

"Me desempeñaba en la División Informaciones, yo hacía partes de prensa, informes", comenzó su testimonio Orefice, quien se esforzó por eludir cualquier contacto con los detenidos del ex centro clandestino de detención que funcionó en el SI.

Consultado sobre si tenía contacto con los presos políticos, el ex comisario dijo que "no para nada". Además deslindó responsabilidades al referir que "los que tenían trato eran los que estaban en operaciones" y apuntó: "en ese tiempo el responsable de mi división era Roberto Scardino y el jefe era Raúl Guzmán".

La fiscalía y las querellas no hicieron preguntas por considerar que Orefice tiene que declarar como imputado.

Luego de Orefice vino la ampliación declaratoria del ex oficial de policía José Rubén Lofiego, alias "El Ciego", quien no contestó preguntas, pero si soltó la lengua.

El Ciego reconoció que todo lo que sucedía en el SI quedaba documentado. "A los detenidos, las personas privadas de la libertad que llegaban allí se les hacía inmediatamente una documentación anexo 1 y 2", declaró el torturador. "Esa información se hacia por triplicado, una quedaba ahí, otra se enviaba a la sede del II Cuerpo y este pedía que se ponga a la persona a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN)", añadió.

El imputado, al igual que lo hiciera en otras declaraciones, entregó los nombres de varios de sus camaradas de la patota como "Seichuk, Guzmán Alfaro, Pianola, Orefice, Ibarra". También mencionó a "Carlos Gómez, que venía de Hurtos, Alberto Hidalgo que también venía de ahí, Cesar Heriberto Peralta y Vega".

Lofiego respondió a los "inocentes" dichos de Orefice. "Es inadmisible que en un sitio tan reducido se diga que no se sabe qué hacía el otro. Que se diga que hacía sólo tareas administrativas y que no sabia lo que hacían al lado de él", apuntó el torturador que parece no soportar a sus ex compañeros que reniegan de la faena realizada en aquellos años. Para más detalles, el represor aseguró: "Los jueces lo verán cuando vayan al Servicio".

En tren de complicar aún más a Felipe Orefice, Lofiego recordó que "Orefice no puede decir que no se sabía lo que se hacia" ya que "tenía un hermano que era miembro como Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Batallón 121 del Ejército". Para refrendar sus dichos el Ciego refirió que el hermano mencionado "figura en la información desclasificada por la presidenta".

El acusado también discutió la inocencia que impostó en su declaración -realizada semanas atrás- el que fuera mano derecha de Agustín Feced, Ricardo Corrales, otrora secretario personal del máximo responsable de la policía rosarina durante la dictadura.

"El rol del secretario personal, no es una idea mía, está pautado por Ley", dijo Lofiego. Y para subrayar el nivel de compromiso de Corrales con los delitos cometidos en el SI, recordó que "Corrales ordenó operativos", entre los cuales rememoró uno en el que terminaron deteniendo al después jefe de policía -ya en democracia-, Ricardo Milic.

El torturador aseguró que en aquella época "todo el mundo espiaba" para el gobierno de facto y volvió a referirse al decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el que desclasificó información de los personales civiles de inteligencia de la dictadura. "Hoy sabemos que el secretario general de la UOM (Gerardo Martínez), era personal de inteligencia", mencionó el Ciego.

El último en declarar fue el ex policía Mario Marcote, quien fuera sindicado como "el violador serial" del SI por las sobrevivientes del ex centro clandestino de detención.

"A pesar de las fotos mías en Internet a las que hacen alusión algunos de los testigos, en las descripciones que hacen de mi no coinciden", se defendió el represor que fue varias veces escrachado por la agrupación HIJOS, al igual que Lofiego. "Hace 27 años que soy hostigado por los organismos de derechos humanos, que me hicieron perder trabajos" se quejó Marcote en alusión explícita a "los escraches".

Marcote negó que Feced haya dicho que él era "El Cura", apodo con el que todos los sobrevivientes lo recuerdan. "Si lo vi dos veces (a Feced), cuando logré sortear a Corrales, que no dejaba llegar a Feced para nada", esgrimió el torturador.

Tras la declaración de Marcote se anunció que el juicio continuaría este miércoles con la ampliación declaratoria del acusado de mayor rango de este proceso, el general retirado Ramón Díaz Bessone.

Los acusados de este juicio se encuentran investigados por distinta cantidad de casos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con tormentos, secuestros agravados por violencia y amenazas en concurso real con desaparición física y asociación ilícita.

Desde el inicio del proceso oral y público, en julio de 2010, ya declararon ante el tribunal cerca de 150 testigos.