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Estela Barnes de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, solicitó ante el Consejo de la Magistratura de la Nación que el Juez cordobés sea investigado. Mediante un comunicado la entidad da a conocer las razones del pedido. Cabe destacar que Alejandro Sánchez Freytes es uno de los integrantes de ese alto órgano judicial.

Sánchez Freytes es titular del Juzgado Federal Nº 2 y tras la aceptación de la renuncia y posterior jubilación de Cristina Garzón de Lascano es subrogante del Juzgado Federal Nº 3. En éste último, precisamente, se investigan las causas por apropiación de niños ocurridos durante la última dictadura militar. Abuelas denuncia irregularidades y dilaciones en la tramitación y lo acusa de inclinar la balanza para el lado de los represores procesados.

Precisamente, en la causa del nieto de Sonia Torres, el juez decidió abrir una nueva causa por el delito de sustracción que lleva 13 años de investigación y que está caratulada como "Díaz Carlos Alberto y otros". María teresa Sánchez y Mariana Paromio, abogadas querellantes, en diálogo con Prensared explicaron los alcances del decreto dictado por el magistrado y de la que fueron notificadas un mes después.

"Con fecha 29 de junio dispuso la apertura de una nueva causa por supresión del niño que seria el nieto de Sonia Torres, cuando ya existía un auto de procesamiento a Menéndez, Verges, Dietrichs, Rodríguez y otros. Nos parece una barbaridad que comience una nueva causa si lo que debía hacer es tomar la prueba que faltaba y elevar la causa a juicio", sostuvo Sánchez.

El decreto en cuestión fue considerado por el Juez como "mero trámite" pero según las abogadas "no es algo meramente procedimental". Por el contrario analizan que "apunta a la causa de fondo y concibe la elevación a juicio como una eventualidad" sujeta a la identificación del joven.

Ante esta situación las letradas apelaron la medida que les fue rechazada e interpusieron un recurso de apelación en subsidio habida cuenta que además "supedita el juzgamiento de la sustracción a la localización del nieto, cuando el delito se configura por anotarlo a nombre de otro o por no anotarlo a nombre de sus padres biológicos. Esto es claramente una barbaridad jurídica por eso recusamos al juez, planteamos reposición y tuvimos que ir en queja ante la cámara", aclaró Sánchez. La fiscal López de Filoñuk también apeló la resolución del juez.

"Esto es muy grave si consideramos que la Cámara Federal de Apelaciones, el año pasado, ha dejado firme el auto de procesamiento y le ordenó que investigara y definiera la situación procesal de los imputados", amplió Paramio.

Otra de las anomalías denunciadas está relacionada con la inserción de un certificado en todos los expedientes sobre violaciones a los derechos humanos y que no se vinculan particularmente con esta causa, donde expone a un joven cuya identidad está siendo investigada. "Esa actitud permite que las defensas y los imputados tengan conocimiento de esto con todo lo que ello significa", manifestó Sánchez.

"Creemos que esta retrasando estas causas fundamentalmente como son las de sustracción de niños y además imposibilita que se llegue a un juicio oral y publico y de que haya una decisión judicial sobre este tipo de delitos de lesa humanidad en una causa que llevas 13 años", sostuvo.

La causa por sustracción la inició Sonia Torres y con posterioridad a la inconstitucionalidad de las leyes del perdón las abogadas se constituyeron como querellantes por los asesinatos del matrimonio Parodi-Orozco, padres del niño.

No es la primera vez que Sánchez Freytes está en la vidriera. Cuando asumió la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) consideró que "no hay calidad democrática posible si un defensor de genocidas tiene lugar entre la más alta institucionalidad de la República". Los trabajadores repudiaron su nominación y volantearon cuando asumió.

El año pasado, Julio Piumatto junto con Taty Almeyda lo recusaron cuando ordenó pagar una jubilación extraordinaria del ciento por ciento al imputado (Luis) Manzanelli "en consideración a las dolencias psíquicas que tiene por actos en servicio". (Expediente 290/10)

Manzanelli está acusado por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Centro de Detención Clandestina La Perla, de haber formado parte del grupo de operaciones que secuestró al matrimonio Parodi-Orozco y posteriormente de haber amenazado a Sonia Torres y a sus abogados querellantes María Teresa Sánchez y Elvio Zanotti.

Por otra parte, los Organismos de Derechos Humanos, en 2007, hicieron una presentación porque pretendía que se quemara la documentación del periodo 1968 -1978.

"Este juez no puede seguir con estas causas porque no brinda las garantías que nuestra constitución establece y viola el debido proceso en juicio. Así que esperamos que el Consejo establezca con claridad su proceder", señaló Sánchez.

"Son unas serie de cuestiones, no es un solo hecho. Claramente tiene la finalidad de ocultar, retrasar, e impedir que haya un juicio sobre todo el de sustracción de menores", agregó.

Los imputados en la causa por la sustracción del niño hijo del matrimonio formado por Silvina Parodi y Daniel Orozco son Luciano Benjamín Menéndez, Hermes Oscar Rodríguez, Gustavo Dietrichs, Héctor Pedro Vergés, Jorge Exequiel Acosta, Ernesto Guillermo Barreiro, NN Carranza aún no identificado, Luis Alberto Manzanelli, José Hugo Herrera, Carlos Alberto Díaz, Carlos AlbertoVega, Luis alberto Cayetano Quijano, Arnoldo José López, Héctor Raúl Romero, Emilio Morard y Ricardo Alberto Ramón Lardone.