El compañero Neno Abella, trabajador ferroviario y militante de la agrupación sindical "4 de Octubre", iba a ser sometido a un juicio oral a partir del lunes 27 de junio, acusado por el delito de "daños" por haber pintado "Pedraza Asesino" en el hall de la estación Constitución, al día siguiente del asesinato de Mariano Ferreyra. La denuncia la hizo la empresa UGOFE, la misma que licenció a la patota para que ejecutara el plan criminal.

Desde el primer momento en que se desató esta persecución, CORREPI se solidarizó con el compañero y asumió su defensa política y técnica. Además de movilizarnos junto a muchas otras organizaciones en reiteradas oportunidades para denunciar la persecución política, hicimos público que la fiscalía convocaba como testigos de cargo a dos policías de la División Roca. Uno de ellos, el comisario Jorge Ferreyra, era, el 20 de octubre de 2010, el jefe de esa dependencia policial, que realizó un aporte esencial para que la patota de la Unión Ferroviaria concretara el ataque en Barracas.

La intensa campaña en defensa del compañero Abella, sumada al reciente procesamiento de seis jefes policiales, entre ellos el comisario Jorge Ferreyra, por la colaboración de la policía con la patota de la burocracia sindical que dirige José Pedraza, dio sus frutos. El viernes 25 de junio, la empresa desistió de la denuncia, lo que fue acompañado por el desistimiento de la acusación por la fiscalía. Los motivos que dieron UGOFE y el fiscal existían desde el primer minuto en que se armó esta causa, y no son las verdaderas razones que permitieron la libre absolución del compañero.

Lo que realmente ocurrió es que temieron -con razón- que en el juicio quedara en evidencia la complicidad entre la empresa y el estado en el crimen de Mariano Ferreyra, así como la recurrencia con que los policías de la División Roca, y el comisario Ferreyra, en particular, sirven como "testigos" para señalar y criminalizar trabajadores. El hoy procesado comisario, por ejemplo, ocupa el mismo rol contra los militantes de Causa Ferroviaria y el PO por la movilización del 23 de diciembre de 2010, y contra los vendedores ambulantes del Roca y los militantes de la TPR del 2 de marzo de este año. En una palabra, los acusadores temieron a la movilización popular que apoyó al compañero Abella desde el primer momento, y temieron ser ellos los acusados en el juicio, por lo que desistieron de la acción y el tribunal tuvo que cerrar la causa.

Pero no pueden evitar que se exponga la verdad. Tanto el desistimiento de UGOFE como el de la fiscalía, que le cubrió la espalda a la empresa, es una muestra de cómo el estado burgués defiende los intereses de los capitalistas. Y es, sobre todo, una prueba de lo que, a fuerza de organización y lucha independientes, se puede lograr: que un compañero sea arrancado de las garras represoras de los verdaderos criminales.