COPENOA

Durante gran parte del siglo XX, en los �mbitos universitarios se discuti� si el conocimiento social pod�a orientarse a satisfacer demandas de factores de poder sospechados de generar pol�ticas de control social represivas. Siempre aparec�an, adem�s del sujeto universitario, el Estado y alg�n organismo internacional que llevaba a cabo una pol�tica semejante en toda la Am�rica latina y hab�a financiado el estudio. En nuestros d�as, a algunos sujetos universitarios estos dilemas les son lejanos, los desconocen o se los trata sin ning�n tipo de pudor (como cuestiones del "pasado").

La situaci�n a la que me voy a referir –recursos naturales y los conflictos generados en sus territorios - implica la misma intensidad conflictual e igual o m�s cantidad de hechos que los que estaban en danza en aquellos debates del pasado.

Los conflictos en cuesti�n y la falta de resoluci�n por los fuertes poderes econ�micos que intervienen son por todos conocidos en la actualidad: los qom cinco meses en Buenos Aires reclamando derechos despu�s de varias muertes, el poderoso Benetton litigando contra una familia mapuche, el asesinato de Javier Chocobar, las peripecias judiciales de los campesinos del Mocase y de la mayor�a de las organizaciones campesinas del pa�s. Todas ellas son situaciones que se producen en provincias con baja calidad institucional, con poderes judiciales conectados por relaciones familiares, amistosas o de clase con los poderes econ�micos y cuerpos especiales policiales que los gobiernos no dudan en crear y utilizar.

Por todo esto, llama poderosamente la atenci�n que una universidad nacional asuma el trabajo de detectar y mapear los conflictos por tierra del pa�s en el marco de un programa del organismo internacional que m�s ha contribuido a aplicar las pol�ticas neoliberales en el campo argentino: el Banco Mundial. Asimismo, llama la atenci�n que se pida abierta y masivamente a quienes tengan informaci�n que "contacten a los relevadores". Aquello que hace unas d�cadas se hac�a casi oculto por la verg�enza y sanci�n social que despertaba otorgar informaci�n sobre conflictos sociales a los organismos del "imperio" (para usar la terminolog�a de aquella �poca), hoy se lleva a cabo sin pudor alguno.

Las universidades p�blicas tienen informaci�n sobre conflictos sociales, existen amplios bancos generados por investigadores y organizaciones sociales en m�ltiples formas de colaboraci�n y en el marco de un ineludible compromiso y principios �ticos. Esa informaci�n, en forma agregada, ha estado siempre a disposici�n de los poderes p�blicos que deseen discutir pol�ticas de tierra en los �mbitos donde el Estado democr�tico discute estas cosas. No hacen falta bancos de conflictos con informaci�n pormenorizada de los sujetos y los territorios para llevar a cabo estas tareas. No interrogo acerca de para qu� un organismo internacional, paradigma del modelo neoliberal, necesita esa informaci�n; es un problema del Estado argentino averiguarlo.

Deseo interrogar acerca de si la universidad p�blica es la instituci�n que debe facilitar ese conocimiento. Pregunta que reenv�a a una cuesti�n �tica y autorreflexiva en la formaci�n del cientista social para poder hacer frente y resolver estas apor�as.

Hay l�mites que no pueden pasarse y que deben discutirse p�blicamente en cada �poca: a mi juicio, se puede trabajar privadamente para los organismos internacionales; se pueden trabajar por convenios universitarios (aun cuando los considero criticables) distintos temas en el nivel macro-institucional que no involucren informaci�n espec�fica de sujetos y territorios; pero se necesita un l�mite estricto cuando se trata de temas de conflictos sociales, ya que all� residen t�picos tales como control social, criminalizaci�n de la protesta, escenarios provinciales donde hasta es posible asesinar sin correr demasiado riesgo (caso Chocobar). Se podr� argumentar que estamos en gobiernos democr�ticos y que trabajar para estas administraciones es lo correcto. Por supuesto, pero hay que mantener el principio de que el conocimiento se produce en espacios con autonom�a cient�fica, no "a pedido" de organismos cuestionados profusamente.

Los conocimientos universitarios se ponen a disposici�n de la democracia en situaciones de mucha claridad (publicaciones, libros, audiencias p�blicas del Congreso Nacional, etc.). Generar y poner informaciones de este tipo a disposici�n de los organismos internacionales que produjeron los graves problemas que sufren estas poblaciones ahora en conflicto es muy grave y amerita ser revisado, discutido y, si no es posible porque el poder lo avala, rechazado por quienes a�n creemos en valores �ticos del accionar universitario.

Norma Giarracca es Profesora de Sociolog�a Rural, Grupo de Estudios Rurales (UBA).