Imputado en diversos delitos cometidos durante la dictadura militar, el ex juez federal de Tucumán se presentó ayer a la indagatoria, pero se negó a responder sobre las acusaciones que pesan en su contra aduciendo que quiere leer el expediente "original" de la causa. Seguirá en libertad porque el juez que entiende en la causa consideró que no eludirá a la Justicia.

El ex juez federal de Tucumán durante el último proceso militar, Manlio Martínez, acusado de crímenes de lesa humanidad, se presentó ayer por la mañana ante el Juez Federal Nº1, Daniel Bejas, pero se negó a declarar en el marco de una indagatoria realizada en calidad de imputado. Beneficiado por una resolución del propio Bejas, el ex funcionario sigue en libertad, al considerar el magistrado que no existe peligro de fuga y habiéndose comprometido a estar a disposición de la Justicia cuando se lo requiera.

Manlio Martínez, fue juez federal de Tucumán entre los años 1976 y 1982, tiempo en el cual habría sido testigo de diversas irregularidades en la desaparición y crímenes de personas. Así estaría establecido por la Fiscalía Federal N° 1 de Tucumán, en un trabajo conjunto con la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, que fue presentado al juez Bejas y quien resolvió tomar declaración indagatoria al ex juez federal.

El pedido se realizó en la segunda parte de la causa conocida como "Romero Niklison", en cuyo primer tramo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán dictó sentencia en el mes de marzo de este año, condenando a Menéndez y a Roberto Heriberto Albornoz (a) "Tuerto" a prisión perpetua. Puntualmente, se trata del asesinato de cinco militantes de la organización Montoneros (María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz) en una vivienda de calle Azcuénaga n° 1.816/1.820 de San Miguel de Tucumán el día 20 de mayo de 1976.

Para la Fiscalía existen pruebas suficientes de que el ex magistrado participó en los homicidios de cinco personas y en la privación ilegítima de la libertad de otra, a través del incumplimiento de sus deberes de funcionario como forma de garantizar la impunidad de los policías y militares que cometieron estos hechos materialmente, o que dieron las órdenes para que se cometieran.

Además, la Justicia lo acusa de haber enviado a un detenido a su cargo a un Centro Clandestino de Detención, entregándolo al entonces encargado del Servicio de Informaciones Confidenciales de la policía provincial, "Tuerto" Albornoz; y luego de haberlo privado de su libertad durante más de un año.

El ex juez Martínez acudió a la secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Virginia Duffy, donde cumplió con la citación realizada por el juez Bejas. Previamente, el magistrado ante un pedido del imputado le concedió el beneficio de la excarcelación y es así, que llegó al segundo piso del edificio de calle Las Piedras, con la asistencia de los defensores oficiales, Federico Carnier, y de Javier Goane, en calidad de defensor ad hoc.

Si bien técnicamente como lo explicó el titular del Juzgado Federal Nº1 se cumplió con la indagatoria, en los hechos Manlio Martínez no respondió a ninguna de las acusaciones y por el contrario, presentó una serie de planteos contra la resolución del magistrado. Específicamente, el imputado requirió acceder a las copias originales de la causa, lo cual no fue admitido por Bejas. Ahora, el fiscal de primera instancia, Carlos Brito, y luego el mismo Bejas deberán resolver los cuestionamientos efectuados por Martínez, para proceder en concreto con el interrogatorio de rigor. El tema podría quedar superado para el juzgado, a mediados de la próxima semana.

La investigación judicial realizada por la Fiscalía Nº1, que estaba a cargo de Emilio Ferrer hasta que se jubiló en marzo pasado, estableció que "entre 1975 y 1976 fueron presentadas más de 350 acciones de habeas corpus ante el juzgado que estaba a cargo de Manlio Martínez, a fin de dar con el paradero de personas secuestradas y/o desaparecidas. Pero todas fueron rechazadas o archivadas. Las denuncias de torturas y violaciones por personas secuestradas "legalizadas" eran sistemáticamente pasadas por alto por el ex juez, quien aceptaba como prueba incriminatoria confesiones arrancadas bajo tortura. Pese a la innumerable cantidad de denuncias que tenía en su despacho (incluidos cientos de casos de hallazgos de cadáveres, violaciones de domicilio y secuestros) nunca inició investigación alguna para buscar a sus responsables. Existen además registros de su presencia en los Centros Clandestinos de Detención más importantes de la provincia, como la Jefatura de Policía, la cárcel de Villa Urquiza, lo que se llamaba

"Puesto de Comando Táctico" del Operativo Independencia, la "Escuelita de Famaillá" y la Delegación local de la Policía Federal Argentina, donde el ex magistrado decidió no percibir que existían cientos de personas secuestradas y torturadas".

En la causa que será indagado, quedó demostrado para el ministerio público que "pese a que Martínez habría estado presente ese mismo día en el lugar del hecho de la calle Azcuénaga (20/05/1976) y a que las escasas pruebas reunidas por la policía indicaban que se había tratado no de un enfrentamiento sino de un "fusilamiento masivo" (todas las víctimas presentaban múltiples heridas de bala en el cráneo), el ex juez decidió no investigar a los autores de estos hechos y, en cambio, hacer suya la versión oficial brindada por el IIIer Cuerpo de Ejército. En su declaración indagatoria (Antonio) Bussi señaló en estos hechos "la participación directa y personal del ex Juez Manlio Martínez cuya información al suscripto fue similar a la del Jefe Militar que intervino directamente". Lo insostenible de la falta de investigación quedó demostrado con la minuciosa reconstrucción de los hechos realizada casi 30 años después por el Tribunal Oral de Tucumán, que sirvió de base para condenar a Menéndez y Albornoz".

Esta es la primera vez que el ex magistrado es indagado por su participación en los delitos de violación de domicilio, homicidio doblemente agravado, privación ilegítima de la libertad con tormentos y/o vejaciones, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, prevaricato e incumplimiento de su deber de promover la persecución penal por los hechos que se han descripto, todo ello en su carácter de juez federal y como miembro de una asociación ilícita.