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La evolución del índice de precios al consumidor (IPC) ha recolocado nuevamente la inflación como un tema de preocupación cotidiana, sin que por el momento se muestre un plan efectivo para controlarla. Despejado el horizonte económico para el año en curso –tal vez también para más adelante –, pasada a segundo plano la cuestión de la deuda, la inflación ocupa el centro de las discusiones. Se trata de un dato recurrente de la economía nacional, agravado en esta coyuntura ya que desde la intervención del Indec nadie puede decir con certeza cuál es el dato cierto. Los datos oficiales no son confiables pero los privados tampoco. Un documento de los Economistas de Izquierda de principios del año pasado señala el carácter estructural del alza de precios bajo el sistema del capital: "... en toda formación social capitalista la inflación es resultante de tensiones contradictorias al interior del proceso de producción que se expresan de distintas maneras según la coyuntura".

Precisamente la particularidad en esta coyuntura es que el comportamiento de ciertos precios básicos de la economía sobre los que cualquier gobierno puede operar no influye mayormente en el ascenso inflacionario actual. El tipo de cambio está prácticamente anclado: su evolución es negativa respecto de cualquier índice que se tome. Las tarifas de los servicios públicos están contenidas merced a generosos subsidios estatales, que por un lado sostienen la tasa de ganancia de los capitalistas y por el otro mantienen bajo el valor de servicios esenciales para la población. El superávit o equilibrio fiscal actual, según los ingresos que se quieran computar, desestima toda explicación basada en la emisión descontrolada o en el exceso de gasto público, objetivo predilecto de los neoliberales para promover ajustes en la economía. Por si algo faltara, la deuda ya no opera como una fuerte restricción externa como sí lo hacía años atrás con los condicionantes y presiones alcistas conocidas. Ninguna de estas variables que en los años ’80 y ’90 impulsaran los descalabros hiperinflacionarios están presentes en la coyuntura.

1. Ganancias extraordinarias. Las elevadas tasas de ganancias de que gozan los capitalistas en este ciclo expansivo de la economía es hoy el principal motor de la inflación. Según un trabajo del investigador de Flacso Pablo Stancanelli, la ganancia promedio en el período 2002/06 fue del 35,8 por ciento, mientras que bajo el régimen de convertibilidad era del 23,9. De acuerdo a los registros de la AFIP, la rentabilidad sobre ventas de 2009 fue del 7,4 por ciento, en la convertibilidad apenas alcanzaba al 4,0. Los balances presentados por numerosas empresas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires permiten confirmar estas apreciaciones.

2. Concentración económica. De acuerdo con un reciente informe del Indec, las 500 empresas grandes del país explican algo más del 30 por ciento del PBI; dentro de estas, las 50 mayores aportan más de la mitad de ese porcentaje. Esta concentración, tanto en la producción como en la distribución y comercialización, facilita el comportamiento oligopólico de las empresas formadoras de precios que controlan los mercados en que operan y explica su enorme capacidad para preservar ganancias. La intermediación no solo acompaña esta tendencia sino que la incentiva.

3. Limitada inversión reproductiva. Otro informe del Indec da cuenta de que, en diversas ramas, la utilización de la capacidad instalada es superior al 80 por ciento, esto determina la existencia de los llamados "cuellos de botella" en sectores de la producción y los servicios que presionan sobre los precios por escasez de oferta. Esto pone en evidencia que los capitalistas solo invierten para acompañar la demanda, pero no mucho más.

4. Presión del mercado mundial. El mundo atraviesa una fase de escasez relativa de materias primas y productos energéticos. Esta escasez impulsa los altos precios del mercado mundial que arrastran a los del mercado interno, esta tendencia es particularmente significativa en un país como el nuestro, tradicional exportador de "bienes salarios".

Cuando por estos días comienza a hablarse de la reapertura de las paritarias, y se barajan incrementos salariales que van de un 23 a un 30 por ciento según quien los promueva, no son pocas la voces de empresarios y analistas del establishment que vuelven a la carga con el viejo argumento de la puja distributiva, que los salarios son fuente inflacionaria o que la demanda creciente empuja los precios al alza. Que hay una recuperación salarial a partir del 2004, que especialmente a partir del 2007 esta recuperación del salario horario real supera a la de la productividad es un hecho comprobable, como lo muestra un reciente trabajo del investigador de la UNLu, Fabián Amico. Como también lo es que diversas medidas tomadas por el Gobierno, como la AUH, Plan Argentina Trabaja, estímulos variados al consumo o la recuperación de la tasa de empleo por mayor actividad, impactan positivamente en la demanda, valoración en la que coinciden analistas de diversas tendencias. Sin embargo, este reconocimiento no implica automáticamente que el peso de los salarios en los productos terminados (hoy no representan un porcentaje determinante en el costo final) o que la mayor demanda existente impulsen los precios al alza.

Puede decirse que los gobiernos pueden actuar implementando políticas que estimulen o acoten la inflación, pero esto no puede obviar que son los capitalistas, y no otros, quienes remarcan los precios. En todo caso lo que muestra la coyuntura actual es el fracaso del control burocrático-administrativo implementado por el Secretaria de Comercio o la superficialidad de las explicaciones en cuanto a que se trata de reacomodamientos o dispersión de precios.

En el país hay inflación, y no se resuelve con medidas técnicas o conciliábulos de Gabinete. Es un problema claramente político cuyas soluciones requieren afectar el actual modelo de acumulación y reproducción de capitales en las instancias de producción, distribución y comercialización.

En definitiva, un programa para enfrentar eficazmente las tendencias inflacionarias en el país requiere de una fuerte decisión política en cuanto a la intervención del Estado complementado por diversas formas de contralor social. Un punto de partida indispensable será recomponer la confiabilidad del Indec, comenzando por reponer en sus cargos a los trabajadores, profesionales y personal calificado, injustamente desplazados

Eduardo Lucita es integrante del Colectivo EDI - Economistas de Izquierda.