Los Organismos de Derechos Humanos abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la fuga del genocida de la ESMA Víctor Roberto "Lindoro" Olivera, posibilitada por los responsables de su excarcelación, la Cámara Nacional de Casación Penal, y por quienes debían vigilarlo, el Tribunal Oral y Federal (TOF) Nº 5.

Estamos sumamente preocupados por la gravedad de este hecho. La Cámara Nacional de Casación Penal sigue manteniendo actitudes serviles a la impunidad más que al Juicio y Castigo de los crímenes de lesa humanidad.

Este represor había sido identificado gracias al trabajo de los Organismos de Derechos Humanos, algo que debió haber hecho la Justicia. Pero Casación lo dejó en libertad, con el argumento de que no se fugaría, basándose en el fallo plenario "Díaz Bessone".

En otro acto al servicio de la impunidad, la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió el 30/6/2010 hacer lugar al pedido de excarcelación de Olivera. El Ministerio Público Fiscal apeló y el reclamo llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 4/4/2011 ordenó que el represor volviera a la cárcel. Pero cuando fueron a buscarlo para detenerlo, Olivera ya se había fugado y continúa prófugo hasta el momento, sumándose a la lista de genocidas sin captura.

El tribunal a cargo de la Mega-Causa ESMA debía garantizar que Olivera no se profugara, mediante un control efectivo de los imputados excarcelados. Se trata del TOF Nº 5, integrado por los jueces Ricardo Farías, Daniel Obligado y Germán Castelli. Este mismo tribunal tuvo a su cargo la seguridad del represor de la ESMA Héctor Febres, quien murió antes de las sentencias a causa de la ingesta de cianuro en su lugar de detención, sede de la Prefectura.

Olivera confesó que en la ESMA hacían desaparecer los cuerpos de los secuestrados incinerándolos, en lo que llamaban "asadito", como alternativa a los vuelos de la muerte, cuando las víctimas morían por la tortura y no estaba previsto ningún despegue.

La fuga de Olivera implica no sólo que pueda evadir la acción de la Justicia y garantizar su propia impunidad, sino que constituye un peligro para el avance de la causa y, fundamentalmente, para la seguridad de los testigos que deben declarar desde su condición de sobrevivientes, familiares y compañeros de las víctimas.

Exigimos que los genocidas cumplan prisión en cárcel común, perpetua y efectiva, tanto para la detención preventiva como para las condenas. Esta fuga debería ser condición suficiente para revertir todas las excarcelaciones a los represores y un llamado de atención para que sea la última. Asimismo, exigimos que se pongan todos los medios a disposición para la captura de Olivera y todos los prófugos.

Abuelas de Plaza de Mayo.

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.

H.I.J.O.S. Red Nacional- Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio.