Confirmada su participaci�n en 76 casos de delitos de lesa humanidad, un juez sigue libre y en funciones

La C�mara Federal de Mendoza confirm� ayer el procesamiento de uno de sus miembros, el juez Otilio Roque Romano, por su participaci�n en delitos de lesa humanidad durante la dictadura. El tribunal ratific� la responsabilidad penal del magistrado en 76 casos de secuestros, torturas y desapariciones, aunque agrav� su situaci�n procesal al modificar la calificaci�n legal. Adem�s de la omisi�n de investigar delitos de manera sistem�tica y prolongada en el tiempo, que le hab�a adjudicado en primera instancia el juez federal Walter Bento, la C�mara reemplaz� la calificaci�n de part�cipe secundario a part�cipe necesario, que en caso de confirmarse en la etapa de juicio oral podr�a costarle a Romano una condena a prisi�n perpetua. Un d�a antes el juez Bento lo hab�a procesado por otros 17 casos, que ahora debe analizar la C�mara. Parad�jicamente, el camarista contin�a en funciones gracias a la interposici�n de medidas cautelares ante el Consejo de la Magistratura de la Naci�n.

"Es un caso grav�simo, no se entiende que el propio Poder Judicial tenga tanta ambivalencia o ambig�edad", reflexion� el fiscal general Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de seguimiento y coordinaci�n de causas de lesa humanidad de la Procuraci�n General de la Naci�n. "Por un lado se confirma y agrava el procesamiento de Romano por casi cien hechos y, por el otro, el Consejo de la Magistratura, es decir la cabeza administrativa o pol�tica, con todas las facultades a su alcance, va a la zaga y muy lejos de acompa�ar al poder jurisdiccional", lament�. "Es inexplicable, no hay consonancia, no hay comportamiento coherente. Romano no puede seguir en funciones, es un juez procesado por cr�menes de lesa humanidad, no puede tener el m�s m�nimo espacio de poder con semejante situaci�n procesal. Es perentoria una decisi�n administrativa", plante� el fiscal chaque�o, quien viene de celebrar la condena por la Masacre de Margarita Bel�n.

La decisi�n de la C�mara Federal mendocina fue rubricada por los jueces Pedro Gonz�lez, Roberto Naciff y Hugo Echegaray, e incluye a otros tres magistrados que prestaron servicios durante el terrorismo de Estado. En el caso de Rolando Evaristo Carrizo, ex titular del Juzgado Federal de Mendoza, la confirmaci�n fue autom�tica porque el imputado no apel� el procesamiento de primera instancia. Carrizo fue responsabilizado hasta el momento por omitir investigar delitos de lesa humanidad en 19 casos. El segundo procesamiento firme recay� sobre Miret, en su caso por denegaci�n de justicia contra 36 v�ctimas. El tercer procesado camino a juicio es Guillermo Max Petra Recabarren, por id�ntica omisi�n, pero en perjuicio de 22 personas y en car�cter de juez federal subrogante. Petra Recabarren es primo hermano de Julio Petra, actual presidente de la C�mara Federal cuyana, quien tal como inform� P�gina/12 el mes pasado hizo lobby ante la Corte Suprema de Justicia para lograr la remoci�n de Naciff y Echegaray, justamente por contrariar la pol�tica hist�rica del tribunal de obstaculizar el avance de los procesos de lesa humanidad. Petra a secas es el mismo que despu�s de prestarse a recusar a Bento fue fotografiado mientras cenaba con champagne en un bar c�ntrico de Mendoza con su amigo Romano, compa�ero de tribunal durante casi veinte a�os, seg�n denunci� el diario virtual Mendoza o�n Line.

En el �ltimo punto de la parte resolutiva la C�mara orden� ayer notificar su decisi�n a la Corte Suprema de Justicia, a la C�mara Nacional de Casaci�n Penal y al Consejo de la Magistratura "a los fines que estimen corresponder". Tambi�n el juez Bento hab�a notificado sin suerte en marzo al organismo responsable de analizar y juzgar el desempe�o de Sus Se�or�as. Tanto Miret como Romano renunciaron al cargo para intentar evitar el jury, pero chocaron con la negativa de la presidenta Cristina Fern�ndez de Kirchner, que les frustr� la maniobra. Miret debi� afrontar el proceso y termin� destituido por no investigar torturas y violaciones cometidas por la polic�a de Mendoza en 1975. Romano logr� burlar al organismo gracias a una medida cautelar que le concedi� el juez ad hoc Carlos Parellada, denunciado a su vez por el sobreviviente del Departamento de Informaciones de la polic�a cuyana Fernando Rule como amigo �ntimo y compa�ero de fuero del camarista durante la dictadura.

"La resoluci�n de la C�mara de Mendoza es de suma trascendencia para el juzgamiento de hechos grav�simos de complicidad judicial con el terrorismo de Estado", reflexion� Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal de la Procuraci�n. "La decisi�n del tribunal deja la causa en condiciones de ser elevada a juicio, lo que seguramente ocurrir� en muy poco tiempo. El Consejo de la Magistratura debe tomar nota de esta resoluci�n y resolver urgentemente la situaci�n de Romano. Es una situaci�n de inusitada gravedad institucional que no puede quedar sin resolver", alert�.

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